Por José Anastasio Urra1
A finales del siglo XVIII, en 1776, se publicó la
obra de referencia de Adam Smith, An Inquiry
into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, más conocida como “La Riqueza de las Naciones”. En
los albores del Capitalismo que conocemos, en su famoso y poco leído tratado,
para salvar la cuestión social dentro del libre mercado, Smith afirmaba que el
interés individual repercutía en último término en el interés social. Asumía
así que el interés individual era inocente, es decir, que el preocuparse de uno
mismo no lleva consigo hacer daño a los demás; al contrario, pues se puede
tener interés en vender algo porque se obtiene beneficio de ello pero también porque
interesa que alguien se beneficie, pues de este modo ganan ambas partes y la
relación continúa. Aceptando esta máxima, puede decirse que algunos se hacen
empresarios para ganar dinero y al mismo tiempo ofrecer a la sociedad productos
y servicios que necesita, siendo mínimo el papel del estado. Paradójicamente,
en la instauración del Contrato
Social, ¡la mano
invisible del mercado era en sí benevolente!
Sin embargo, casi dos siglos y medio de Capitalismo
rampante después, en un mundo globalizado que se va configurando a modo de gigantesco
tablero de juego geoestratégico a medida que, como civilización, nos vamos
acercando cada vez más y más rápidamente a sus ya próximos límites físicos
inquebrantables, la realidad que hemos venido construyendo desmiente
tajantemente tales ideas del egoísmo benevolente y cuestiona profundamente el
Contrato Social de Rousseau, y una de las mejores muestras de ello es el actual
Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés)
que se negocia en este mismo momento entre bastidores y de espaldas a la
ciudadanía y a cualquier medio de supervisión y control democráticos.
El TTIP, también conocido como Acuerdo
Trasatlántico de Libre Comercio (TAFTA, por sus siglas en inglés), tiene su
origen en la oscura tradición de los acuerdos multilaterales para la progresiva
liberalización del comercio mundial que promueve la Organización Mundial del Comercio (OMC) a partir de su constitución formal a
mediados de los 80 del siglo pasado, y, como su nombre apunta, representa la
culminación de la liberalización del comercio y la inversión a ambos lados del
Atlántico, la “carta blanca” a las corporaciones transnacionales que cada vez más
gobiernan el mundo sin ambages.
El inicio de las negociaciones del TTIP data de Febrero de 2013, cuando Obama y los líderes de la UE se comprometieron en ellas como estrategia de defensa en un intento de recuperar la hegemonía Occidental seriamente amenazada y desplazada ante el avance de las economías emergentes de los BRICS (Brasil-Rusia-India-China-Sudáfrica), y las élites políticas y corporativas tienen la intención de culminarlas a finales de 2014.
Más allá de la eliminación de los aranceles y la apertura recíproca de los mercados a los inversores de cada parte del Atlántico, las negociaciones del TTIP se están centrando en eliminar lo que en realidad se interpone más profundamente en el camino hacia los beneficios corporativos, las mismas regulaciones que protegen a los trabajadores, a los consumidores, y al medioambiente. Con tal objetivo, la UE y EEUU quieren “armonizar” sus estándares y normas, “armonización” que solo puede ser a la baja dado el objetivo de profundizar en la liberalización del comercio y la inversión, lo que equivale a una reducción y degradación de las normas sociales y medioambientales a favor de los intereses de las corporaciones para que puedan mover libremente su capital, bienes y trabajo. Además, el acuerdo también busca crear nuevos mercados abriendo el sector de los servicios públicos y la adjudicación de contratos por parte de la administración a las corporaciones transnacionales, lo que amenaza con provocar más olas de privatizaciones en sectores clave como la sanidad y la educación. En tal sentido, por ejemplo, funcionarios del gobierno del Reino Unido han reconocido que una de las tres prioridades del TTIP es “completar el mercado único” dentro de la UE, en concreto abriendo el sector de los servicios públicos y su contratación a empresas privadas de otros Estados miembros.
Los principales temas objeto de las negociaciones,
siempre cabildeadas por los lobbies
de las corporaciones transnacionales y desarrolladas bajo su próximo y atento
escrutinio, prácticamente supervisión, son los siguientes:
· Derechos laborales
y política social. En esta materia la
“armonización” reglamentaria pasa por la erosión y degradación de la regulación
europea, más garante y protectora de los derechos laborales y sociales, hasta
equipararla con la norteamericana, más laxa y liberal. Se trata de dividir y
desproteger a los trabajadores, y eliminar el derecho de huelga, en ambos lados
del charco. De esta forma, las multinacionales americanas dispondrían de la
pasarela perfecta para instalarse cómodamente a este lado, mientras que las
corporaciones europeas verían promovidas completamente sus demandas hasta ahora
solo “tímidamente” atendidas. Ante la oleada de desempleo que vendría de una
mayor concentración empresarial y de las reestructuraciones industriales
debidas al incremento de la rivalidad competitiva consecuencia de la presión de
las grandes corporaciones, el capital gana, aún más, a costa de la vida de las
clases trabajadoras.
· Protección
medioambiental. Además de que el
incremento de la producción, el comercio y el consumo aumentarán el agotamiento
de los recursos naturales y la polución, para conseguir un significativo
aumento del comercio es necesario también eliminar algunas normas y
regulaciones en nombre de la pretendida “armonización” de estándares, lo que
debilitaría ampliamente el Principio de Precaución europeo, piedra angular de
la política europea medioambiental, con graves consecuencias sobre la salud y
la seguridad de las personas y el medioambiente, entre ellas las derivadas de
la libre práctica en Europa de extracción de hidrocarburos mediante fractura
hidráulica (Fracking) por parte de las corporaciones norteamericanas y
sus filiales y asociadas europeas.
·
Agricultura y
consumo. La “armonización”
normativa en este capítulo generará la entrada en la UE de los alimentos
modificados genéticamente (OGM), la carne de ternera y el cerdo tratados
hormonalmente con químicos nocivos para la salud humana e incluso cancerígenos,
como la Somatotropina Bovina Recombinante o el Clorhidrato de Ractopamina, o el
pollo esterilizado con cloro. Además, como en EEUU la granja media es 13 veces
más grande que sus homólogas europeas y la concentración en grandes
corporaciones ha sido progresiva (en la actualidad sólo hay 2 millones de
granjas americanas frente a los 13 millones de granjas europeas), la reducción
o eliminación de los aranceles llevará a los agricultores europeos a una competencia
injusta y desequilibrada por parte de las grandes corporaciones
agroindustriales americanas.
·
Sanidad y salud. La armonización a la baja, la competencia
transatlántica entre corporaciones y el refuerzo de las leyes sobre patentes
incrementarán los precios de las medicinas y los servicios de salud,
haciéndolos menos asequibles al público. Además, nos encontraremos en Europa con
unos 30.000 productos químicos que se comercializan libremente en EEUU y que
están asociados con el incremento de cáncer mamario y testicular, infertilidad
masculina, diabetes y obesidad. Las negociaciones también evidencian la intención
de abrir la contratación pública de servicios de salud a la inversión privada y
a la competencia extranjera, convirtiéndose en norma el acceso de las
corporaciones a todo el mercado sanitario. En resumen, se impondría envenenar a
los ciudadanos y denegar el acceso asequible a servicios de salud y medicinas.
· Sistema financiero. A través del acuerdo, la UE, presa del lobby de la gran Banca, está proponiendo liberalizar y desregular
todos los sectores de servicios, incluidos los servicios financieros, a pesar
de que sabemos fehacientemente que la desregulación y la competencia libre en
el sector financiero están precisamente en el origen de las crisis financiera
cíclicas que nos azotan desde la década de los 70 del siglo pasado. Con el
apoyo de la UE y el Reino Unido, de la City londinense más bien, el sector de
servicios financieros está demandando la eliminación de toda regulación que
pueda interponerse en el camino de sus potenciales beneficios y la total
libertad de mercado, lo que dejaría a los ciudadanos y los estados sin
protección alguna frente a costosos recates económicos futuros.
·
Derechos de Propiedad
Intelectual (DPI). Los gigantes de
Hollywood y Silicon Valley, entre otros, argumentan que el refuerzo de los DPI
protegería a las compañías de la piratería y estimularía la innovación y el
progreso, trayendo como resultado crecimiento económico y bienestar. Sin
embargo, hay razones para pensar que un mayor poder de las corporaciones podría
resucitar el espíritu del ACTA (Acuerdo Comercial de Anti‐Falsificación), que se intentó aprobar sin éxito durante años y se
dejó de lado definitivamente en 2012. Los resultados podrían ser, precisamente,
la restricción de acceso al conocimiento, el debilitamiento de la innovación, y
un mayor acceso de las corporaciones a la información personal ciudadana (a
expensas del derecho civil a la privacidad); con el resultado de un impacto
negativo importante sobre la libertad de expresión como consecuencia del
debilitamiento general de la libertad digital.
· Mecanismo de
Resolución de Disputas entre Inversores y Estados (ISDS). Mediante la imposición de este mecanismo, las
corporaciones persiguen garantizarse más derechos que los de las personas
físicas, con una cláusula de resolución de conflictos entre inversores y
gobiernos que permita a las corporaciones llevar a éstos ante tribunales
internacionales de derecho mercantil totalmente arbitrarios, pues su miembros
son elegidos bajo la influencia de las mismas corporaciones y su funcionamiento
es absolutamente opaco, en caso de que sus políticas obstaculicen los intereses
corporativos. Aun cuando Naciones Unidas y el mismo FMI han advertido de que
estos ISDS pueden dañar severamente la capacidad de los países para luchar
contra la crisis financiera y económica, se trata de que las grandes transnacionales
demanden a su criterio a los gobiernos y los contribuyentes paguemos la factura.
El TTIP, que se vende propagandísticamente como un medio
para mejorar el crecimiento económico, con “espectaculares” aumentos del PIB de
hasta el 1% y la creación de cientos de miles de puestos de trabajo, es en
realidad un magnífico pufo, un engaño y un amaño, pues hasta el estudio llevado
a cabo por la propia Comisión Europea desmiente tales cifras y las deja en un famélico
e irrisorio crecimiento del PIB del 0’01% anual en los próximos 10 años.
Sin embargo, parece que la fe en la liberalización
comercial es tan exagerada como los beneficios que pudiera reportar. Lo que
emerge de todo esto es que el TTIP es en realidad un proyecto político
transatlántico promovido por las élites políticas y corporativas sobre la
promesa infundada de aumentar el comercio y el número de empleos, la misma que retrotraerá las
protecciones regulatorias sociales y medioambientales, reducirá los derechos de
los ciudadanos frente a las corporaciones, y tratará de consolidar el liderazgo
geopolítico de EEUU y la UE en esta perniciosa globalización.
Además de conocer la dimensión del TTIP como
proyecto político, es necesario reconocer sus importantes implicaciones a nivel
doméstico. Tal como se está cociendo, el TTIP dejará a las corporaciones libres
de cualquier restricción y atadura, constituidas éstas por los aranceles y la regulación
en materia social y medioambiental, al tiempo que les permitirá demandar ante
tribunales opacos y arbitrarios a cualquier gobierno que pudiera interferir con
sus futuros beneficios, lo que debilitará adicionalmente las regulaciones socio‐económicas y medioambientales que salvaguardan el
bienestar de las personas y el medioambiente ante las acciones corporativas.
La evidencia disponible sugiere que el TTIP debe
ser entendido no sólo como un proyecto económico, sino también como un proyecto
político, ideológico y de clase de una élite transatlántica cuyo objetivo estriba
en revertir los logros conseguidos en materia social y ambiental en Occidente. De
prosperar sin oposición, la consecuencia de este proyecto será la utopía de las
corporaciones multinacionales, por supuesto, y la distopía de los ciudadanos y
las clases trabajadoras, sin duda; justo en la antítesis de las medidas que necesitaríamos si el objetivo es construir alguna suerte de
futuro inclusivo, democrático y consecuente con la situación geoecológica que
hemos generado.
[1] Profesor Titular de
Organización de Empresas en la UV, miembro de ATTAC País Valencià, delegado sindical de CGT,
y autor del libro “Las mentiras de la crisis… ¿Una anécdota en el
ciberespacio..?, by Jokin_Zabal@” (http://www.attacpv.org/public/www/web3/images/file/LasMentirasDeLaCrisis.pdf).
INFORMACIÓN
ADICIONAL:
Ecologistas en Acción (2014): Dossier TTIP, Campaña NO AL TTIP (Tratado de Comercio e Inversiones
Unión Europea – Estados Unidos) (http://noalttip.blogspot.com.es/p/documentos.html - Acceso, 17/05/2014).
Hilary, J. (2014): El Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión. Una Carta para la
Desregulación, un Ataque al Empleo, el Final de la Democracia, Fundación
Rosa Luxemburgo, Bruselas (http://rosalux-europa.info/userfiles/file/TTIP_ES.pdf - Acceso, 17/05/2014).
OTROS POSTS EN NUESTRO BLOC SOBRE EL TTIP :
- Fracking sense límits, o com el tractat transatlàntic és una amenaça per al medi ambient i el clima.
- Dividits, sense protecció ni dret a la vaga, o com el tractat transatlàntic és una amenaça per als llocs de treball i els drets socials
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