Durante los últimos días, diversos
municipios españoles han aprobado mociones contra el TTIP (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones), entre ellos, Santiago de Compostela y
Barcelona. En ellas la acción ciudadana ha sido muy importante, ya que fueron impulsadas desde la campaña NO al TTIP, y con el apoyo de los grupos municipales, Barcelona en
Comú, ERC y la CUP, en el caso de Barcelona, únicos votos favorables a la misma, pero suficientes al
haberse abstenido CIU y PSC, y lo cierto es que la propuesta incluía otros dos
tratados, el TiSA (Acuerdosobre el Comercio de Servicios) que se negocia entre 22
estados y la Unión Europea, y el CETA (Acuerdo Integral Económico y de Comercio con Canadá), pendiente de
ratificación. Los cuales forman parte de una nueva generación de tratados de
comercio e inversión transnacionales que amenazan la autonomía municipal y
nacional. Estos tratados son negociados prescindiendo de la participación
ciudadana, pero con una importante colaboración de
las multinacionales, por ello, es necesario que las instituciones locales
informen a la ciudadanía de cómo les pueden afectar estos tratados, y exijan a las
instituciones nacionales y europeas la transparencia en las negociaciones.
La declaración aprobada se
fundamentó en "la defensa de los servicios públicos básicos para la
solidaridad y la redistribución social", porque estos tratados facilitarán
las privatizaciones de los servicios públicos mediante su externalización o
cualquier otra de las diversas formas de privatización, propuestas
de acuerdo con los dogmas neoliberales, en busca de rentabilidad económica, e impedirán su posterior remunicipalización,
al incluir la llamada "cláusula trinquete". Por la cual, y aunque la finalidad sea garantizar una vida digna a la
ciudadanía no se podrá recuperar la gestión pública de:
hospitales, guarderías,
escuelas, agua, energía, porque los inversores transnacionales, a
través de demandas indemnizatorias (ISDS/ICS), impondrían a los
estados receptores de la inversión unos costes multimillonarios, que
difícilmente los estados podrían afrontar, más aún
si cabe dadas las restricciones presupuestarias, financieras y monetarias que
imponen los tratados europeos a los estados miembros de la UE.

