Con el CETA se pretende desregular los servicios públicos, las compras públicas, el derecho a la propiedad intelectual, la alimentación y la agricultura. El CETA no creará empleos, al
contrario, e ignora los desafíos climáticos y sociales. Marca una etapa
suplementaria en el desmantelamiento de los servicios públicos
indispensables para la cohesión social. Introduce a las multinacionales de las dos orillas del Atlántico en el corazón de los
mecanismos reguladores y les da la posibilidad de impugnar la
soberanía ciudadana, fiscalizando el trabajo de los cargos electos. Pone en práctica la lógica del TTIP y facilita la entrada de este.
El CETA ataca a los servicios públicos
1- En la contratación pública
1- En la contratación pública
- La apertura de las compras públicas europeas a las empresas canadienses y viceversa, supondrá la prohibición a las políticas de protección al comercio local.
- Exigiría nuevas obligaciones y procedimientos técnicos que dificultaría el acceso de las PYMEs al comercio.
- En la selección de ofertas prevalecería el criterio de coste sobre el desarrollo local y la transición ecológica.
- El agua, la energía, la salud y los servicios sociales, serán mercancías e impondrá la irreversibilidad de las privatizaciones
Con el CETA las multinacionales podrán demandar a los gobiernos cuando no consigan un gran beneficio:
- A través de tribunales privados, que supondrán unos costes millonarios tanto para el inversor extranjero como para el Estado receptor de la inversión.
- Con estos mecanismos se pretende expropiar el Gasto de los Presupuestos Públicos.
"El CETA es una forma
encubierta que tienen las empresas estadounidenses para oponerse a las normas y
regulaciones de Europa a través de sus subsidiarias en Canadá." Council of Canadians.