Necesitamos un nuevo modelo económico.

Sandra Soutto. Economista

España necesita un nuevo modelo económico que permita a la sociedad mejorar su calidad de vida, entendida ésta como el bienestar individual y comunitario de sus integrantes, que incentive la cooperación, la solidaridad y la preservación de la Naturaleza.

Este nuevo modelo no puede estar, como el actual, basado en el crecimiento económico, pues, lejos de alcanzar la pretendida cohesión social, hemos conseguido la exaltación del individualismo consolidado en el principio de competencia que busca la satisfacción personal, con el único fin de conseguir más dinero para alimentar el consumo de necesidades artificiales. Lo que ha provocado el asentamiento social de una forma de vida esclava.

Con modelos que persiguen el crecimiento económico tampoco hemos conseguido unos servicios públicos fuertes que garanticen los derechos humanos a la ciudadanía; en su lugar, la creciente privatización de los servicios básicos (sanidad, educación, transporte, gestión de la electricidad, del agua, etc.), ha provocando la condena a la exclusión social de una gran parte de la sociedad.

Estos modelos, desde los años 80, se han basado en:

1. la financiarización de la economía que ha incentivado la especulación,
2. la mercantilización de los bienes comunes con fines puramente especulativos, y
3. la creación de burbujas financieras que acentúan las desigualdades sociales durante su auge, y que cuando pinchan provocan un aumento de la pobreza.

Todo ello a costa del deterioro del medio ambiente, y el agotamiento de los recursos naturales, manifestándose la escasez de estos recursos con la subida desmesurada de sus precios.

Posibilidades y limitaciones de la renta básica

CARLOS JAVIER BUGALLO SALOMÓN
Licenciado en Geografía e Historia
Diplomado en Estudios Avanzados en Economía

Los enfoques ‘recursistas’ de las políticas públicas sostienen que los niveles de bienestar que las personas terminan por alcanzar dependen de las elecciones y características de los individuos, que no interesan al policy maker (gestor público). El interés pertinente de un igualitarista no debería ser  el bienestar, sino los recursos disponibles de las personas para perseguir sus fines.(1)

La propuesta más reciente y popular en este sentido es la de la ‘renta básica’ o ‘ingreso ciudadano’. Con ella se hace normalmente referencia a un pago periódico en metálico realizado por el Estado a cada ciudadano o residente, de manera incondicional y con independencia de otros recursos que perciba. Es decir, sin importar si es rico o pobre, con quien convive o si quiere o no trabajar de forma remunerada en el mercado laboral formal.(2)

Los elementos principales de esta medida son los siguientes. Por una parte, la renta básica se diferencia de los seguros de desempleo o de rentas mínimas de inserción, que son selectivos y condicionadas, es decir, están dirigidos sólo a un grupo determinado de sujetos –quienes carecen de empleo o de un mínimo de recursos- y se otorga a cambio de que los obligados se comprometan a buscar un empleo o a realizar uno que el Estado les encomiende.

Por otra parte, las características de la universalidad e incondicionalidad de la renta básica no están ausentes en otros derechos, como el de la educación básica gratuita, a la salud primaria o al sufragio. Se trataría, entonces, de situar la renta básica como un derecho fundamental, esto es, como un interés inalienable e indisponible para los poderes públicos y privados, dotado por ello de las mayores protecciones jurídicas.(3)

Se ha argumentado, además, que la renta básica no es sólo un mecanismo para asegurar unas dignas condiciones de vida a todos los ciudadanos, sino también, y fundamentalmente, una medida potencialmente emancipadora; es decir, capaz de otorgarles poder de negociación en sus esfuerzos por co-determinar la naturaleza de los procesos productivos y distributivos, favoreciendo un proceso efectivo de democratización de la vida social y económica toda.

¿De qué manera podría ensanchar las perspectivas de libertad efectiva? Básicamente por estas vías:

1. Dotando a la clase trabajadora de más poder de negociación de sus condiciones de trabajo.
2. Favoreciendo la posibilidad de elegir el autoempleo cooperativo.
3. Favoreciendo la posibilidad de que afloren otros trabajos ‘ocultos’ no atendidos por las empresas privadas.
4. Aumenta el consumo popular y amplía con ello la demanda solvente y los mercados internos.
5. Facilita la ocupación en otros trabajos de carácter doméstico o voluntario para terceros.(4)

La propuesta de la renta básica posee, sin embargo, algunas limitaciones que pasamos a exponer.

Alimentos ecológicos: mucho más allá del miedo

Por Margarita Mediavilla Pascual

Hace unas semanas acaparó cierto interés en los medios de comunicación la presentación del libro del doctor José Miguel Mulet, profesor de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, titulado Comer sin miedo, en el que pretende desmontar mitos, falacias y mentiras sobre la alimentación en el siglo XXI. En la entrevista aparecida en El País[1] sobre dicho libro, el autor critica algunas tendencias actuales en alimentación y en concreto,  la “moda” de los alimentos ecológicos. Estos alimentos, según él, son un engaño porque utilizan el miedo a lo artificial para vender un producto más caro que, en su opinión, no es mejor ni para el consumidor ni para el medio ambiente.

Hay que reconocer que, en la primera parte de su entrevista, el Sr. Mulet tiene acierto al atacar esa tendencia un poco paranoica de nuestra sociedad a generar modas sobre dietas “salvadoras”, pero luego pierde todo el equilibrio y toda la razón cuando empieza a hablar de los alimentos ecológicos. A partir de ahí su entrevista se llena de tópicos y razonamientos rocambolescos con un estilo claramente manipulador, apoyado, además, en datos que no son ciertos. Merece la pena entretenerse en desmontar su discurso porque se basa en un montón de prejuicios, que, por desgracia, son más comunes de lo que deberían. 

Una de las afirmaciones más rocambolescas del Sr. Mulet es decir que la agricultura ecológica es perjudicial para el medio ambiente porque la producción es mucho menor, del orden de un 50-25% y, por ello, se necesitan muchas más tierras para producir lo mismo. Incluso si ese dato fuera cierto, es bastante sorprendente que llame  perjudicial a una agricultura que evita impactos tan enormes sobre el medio ambiente como la erosión y pérdida de suelo fértil, la eutrofización de los ríos debida al exceso de abonos nitrogenados, gran parte de las emisiones de CO2, la pérdida de biodiversidad de aves, insectos, abejas, y todo tipo de descomponedores y microorganismos del suelo, etc. Además, la agricultura ecológica, incluso aunque usara dos o tres veces más tierra para producir lo mismo (que no lo hace), “roba” muchos menos espacios a la fauna y flora silvestre, porque crea agroecosistemas equilibrados donde conviven múltiples especies silvestres, siendo la clave de la supervivencia de muchas de ellas.

Pero esta afirmación es todavía más rocambolesca porque el dato que da  el Sr. Mulet, es, directamente, falso. Cualquiera que haya ojeado estudios o conozca a algún agricultor orgánico sabe que los rendimientos por hectárea de éstos son un poco menores, pero únicamente del orden de un 10%.  En una síntesis de diversos trabajos, Miguel Ángel Altieri, uno de los mayores expertos mundiales sobre agroecología, indica que en agricultura ecológica los rendimientos por unidad de área de cultivo pueden ser un 5-10% menores que en cultivo químico, pero son mayores los relacionados con otros factores (por unidad de energía, de agua, de suelo perdido, etc.). También es conocido que el uso de abonos nitrogenados favorece la acumulación de agua en las plantas, de forma que los vegetales ecológicos tienen en torno a un 20% más materia seca por kilogramo[2], con lo cual es cuestionable incluso si los rendimientos reales son menores, porque cuando compramos un kilo de verdura, queremos comprar vitaminas, no  kilos de agua.

La Economía de la Salud y la mala salud de la Economía

 

Àngels Martínez Castells – Consejo Científico de ATTAC España

Entre los hechos más relevantes experimentados por las ciencias sociales en los últimos años destaca sin duda el hecho de que la teoría económica -en especial en su vertiente neoclásica- haya conseguido tomar posiciones destacadas en las llamadas ciencias de la salud. En cierto sentido, la vinculación entre Economía y Salud se explica, desde la vertiente teórica, por el hecho de que la Economía de la Salud sería una de las últimas ramas surgidas de la Economía del Bienestar fundada por Arthur Cécil Pigou [1] quien desde principios del siglo XX sostuvo que el Estado debía intervenir en la economía para mejorar las condiciones de vida ya que los mercados sufren “fallos” que impiden su funcionamiento eficiente, sin que los ciudadanos por sí solos puedan tomar individualmente las decisiones que más podrían beneficiarles. 

Así, la Economía de la Salud tendría como objetivo suministrar elementos de análisis y valoración para la toma de decisiones tanto a los gobernantes como a los profesionales del sector, y para ello debería utilizar los criterios económicos básicos de eficiencia y equidad que rigen en Economía en la asignación de recursos. Sin embargo, el proceso no ha sido tanto un proceso natural de ósmosis (como puede acontecer en el acercamiento entre otras disciplinas científicas) sino un conflicto en la fundamentación del propio paradigma puesto que su aceptación difícilmente puede ser aplicada, sin tensiones, a las ciencias de la salud.

¡Peligro! Acuerdo Transatlántico

Por Ignacio Ramonet

Director de Le Monde diplomatique en español. Consejo Científico de ATTAC España.

Dentro de dos meses, el 25 de mayo, los electores españoles elegirán a sus 54 diputados europeos. Es importante que, esta vez, a la hora de votar se sepa con claridad lo que está en juego. Hasta ahora, por razones históricas y psicológicas, la mayoría de los españoles –jubilosos de ser, por fin, “europeos”– no se molestaban en leer los programas y votaban a ciegas en las elecciones al Parlamento Europeo. La brutalidad de la crisis y las despiadadas políticas de austeridad exigidas por la Unión Europea (UE) les han obligado a abrir los ojos. Ahora saben que es principalmente en Bruselas donde se decide su destino.

Entre los temas que, en esta ocasión, habrá que seguir con mayor atención está el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI) (1). Este convenio se está negociando con la mayor discreción y sin ninguna transparencia democrática entre la Unión Europea y Estados Unidos (EEUU). Su objetivo es crear la mayor zona de libre comercio del planeta, con cerca de 800 millones de consumidores, y que representará casi la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) mundial y un tercio del comercio global.