Escrito por
Sandra Soutto,
Economista y
miembro de ATTAC PV
De acuerdo con la encuesta de población activa (EPA), España tiene
censados más de 4.250.000 de desempleados, que corresponden a una tasa de
desempleo del 18,8% (en datos
del primer trimestre del año 2017). La segunda
mayor tasa de paro de la OCDE. Su distribución por sexo y edades presenta
el siguiente detalle: 20,51% la tasa de
paro femenino frente al masculino que es del 17,22%, mientras que la tasa de
paro de los jóvenes menores de 20 años es del 58,7% y la tasa de los que están
entre los 20 y 24 años es de 38,4% de la población activa.
Fuente: http://www.datosmacro.com/paro-epa/espana
Según el INE,
en el primer trimestre de este año el empleo a tiempo parcial había
aumentado en 41.300 personas (corresponde a una tasa de 15,59%), el número de
asalariados se redujo en 44.600, pero el de empleadores aumentó en 22.900, y en
el último año la ocupación descendió en el sector público frente al sector
privado, que registró un aumento de 453.100 personas. Además, se redujo la
población activa en 52.600 personas durante el primer trimestre de 2017 y
durante el último año en 127.700 personas, mientras que la población en edad de
trabajar (entre 16 y 64 años) se redujo en 54.100 personas.
Esta situación configura un mercado laboral dominado por el sector
privado en el que impera la precariedad, llevando la peor parte los migrantes,
las mujeres, los menores de 20 y los mayores de 50 años, que compiten en busca
de una oportunidad, siendo rechazados en un constante ejercicio de
discriminación, ante la mirada ausente del Estado en su papel de garante de la
igualdad. En este contexto irrumpen algunos movimientos sociales reivindicando
la necesidad de un subsidio universal e incondicional al que algunos denominan
renta básica universal, y con el que pretenden garantizar el derecho de
subsistencia a todas las personas.
Más allá de consideraciones filosóficas, el trabajo es un derecho
constitucionalmente protegido (artículo 35 de la Constitución española), sin
embargo no se reconoce en ninguno de sus artículos un derecho al rentismo
aunque sea de subsistencia.
Ahora bien, son varias las cuestiones que se suscitan en torno a la viabilidad
de un subsidio incondicional, una es cuál ha de ser su cuantía y la otra es
cómo se ha de financiar, ya que las políticas de restricción de gasto público impuestas
por la Unión Europea podrán ponerla en cuestión.
¿Cómo se financiaría? Sus defensores, recuperando a Milton Friedman,
dicen que su financiación se debería realizar con cargo al impuesto sobre la
renta de las personas físicas, por ser este una excelente herramienta de
redistribución de rentas. Y nuevamente son muchas las preguntas que nos
asaltan: ¿De qué importe estamos hablando?
¿Quiénes pagarían dicho impuesto si la mayor parte de la población está
esperando un empleo y la recaudación tributaria efectiva se ve limitada por
diferentes técnicas de elusión y evasión fiscal que la globalización nos ha facilitado?
Suponemos que un subsidio que garantice la subsistencia debería de
permitir pagar el alquiler de una vivienda digna, una alimentación y vestidos
necesarios, y sería complementado por los servicios calificados “de necesidad” facilitados
más o menos gratuitamente por el Estado (salud pública, educación, transporte,
cuidados, etc.), lo que parece complicado
de conseguir. Por no decir imposible, con un Estado que cedió su soberanía
monetaria a una institución supranacional, el Banco Central Europeo, que no
considera prioritario el garantizar una vida digna a sus ciudadanos, sino que
persigue mantener a raya a la inflación, es decir, mantener el poder adquisitivo
de quienes viven de las rentas del capital.
