Thomas Fazi, William
Mitchell
Comúnmente
se cree que abordar la elusión y la evasión fiscal es crucial para la
viabilidad del estado de bienestar y para la sostenibilidad de las finanzas
públicas en Europa. Sin embargo, una correcta comprensión de la economía, nos
cuenta una historia diferente.
El dinero no crece en los árboles, ¿o sí?
Tras la
reciente divulgación de los llamados Paradise Papers,
millones de documentos filtrados que revelan los complejos esquemas utilizados para
evitar el pago de impuestos por las personas y sociedades más ricas del mundo -desde
la Reina de Inglaterra hasta Facebook-, la Twitteresfera de habla inglesa se inundó con
mensajes como "hemos encontrado el
árbol mágico que da dinero, ¡está en las Bermudas!" (o algún otro
paraíso fiscal mencionado en la filtración). Esto era una referencia a una
controvertida declaración de la Primera Ministra británica Theresa May, hecha unos
meses antes en la BBC, cuando a una enfermera que no había tenido un aumento
salarial en ocho años le dijo que "no hay un árbol mágico que dé dinero", una
variación del clásico argumento de "no hay dinero" utilizado desde la
crisis financiera para justificar la austeridad.
El
comentario de May provocó fuertes críticas. La mayor parte de estas fueron
dirigidas a la descarada hipocresía de los conservadores: es decir, al hecho de
que negaban aumentos salariales a los trabajadores del sector público y
recortaban el bienestar social, mientras que regalaban miles de millones en
recortes impositivos a las personas de altos ingresos y a las sociedades. En
este sentido, la afirmación de May de que "no hay dinero" fue justamente
vista por muchos como una negación obvia de la realidad: el gobierno
simplemente se negaba a tomar el dinero de quienes lo tienen. Negar a las
enfermeras un aumento salarial era, por lo tanto, una opción política. Pocas
personas, sin embargo, impugnaron la premisa básica de la declaración de May:
que el dinero no crece en los árboles.
La
razón es, simplemente, que la mayoría de la gente comparte esta opinión. Es uno
de tantos mitos profundamente arraigados sobre cómo operan los sistemas
monetarios modernos, ligado a la creencia más amplia de que los gobiernos, como
los hogares, están limitados financieramente y tienen que "financiar"
sus gastos a través de impuestos o deudas. La omnipresencia de este concepto
erróneo de la economía es testimoniada por la reacción al escándalo de los Paradise Papers y, más en general, por
la forma en que se enmarca el debate sobre los paraísos fiscales, especialmente
en la izquierda. Los progresistas tienden a formular el argumento contra la expatriación de la riqueza en primer lugar en términos de su impacto en la
base impositiva doméstica (la pérdida de recaudación) y, por lo tanto, en el
equilibrio presupuestario de los países "fuente". Hace unos años, por
ejemplo, Richard Murphy, director de Tax Research
UK, estimó que la
evasión y la elusión fiscal en conjunto 'cuestan'
a los Estados Miembros de la UE alrededor de 1 billón de euros al año en
ingresos perdidos, lo que equivale a alrededor del 105 por
ciento del gasto total en salud.
La implicación de tales análisis es obvia: con solo que los gobiernos pudieran encontrar una forma de atacar la elusión y la evasión fiscal y pudieran hacerse con algo de ese dinero extraterritorial, podrían permitirse gastar más -en personal sanitario, por ejemplo- y tener sus déficits públicos y su deuda pública bajo control. Como proclamó la Twitteresfera progresista: los paraísos fiscales son el árbol mágico que da dinero. En su informe, Murphy incluso llegó a escribir que "la evasión fiscal y la elusión fiscal socavan la viabilidad de las economías de Europa y sin duda han ayudado a crear la (..). crisis de la deuda que amenaza el bienestar de cientos de millones de personas en toda Europa en los próximos años", estableciendo así un vínculo causal entre la expatriación, la crisis de la deuda europea, la subsiguiente crisis económica y social.
El árbol del dinero mágico existe, pero está más cerca
de casa de lo que creemos
La idea de que los
ahorros y los impuestos de los ricos son cruciales para la viabilidad del
estado de bienestar y para la "sostenibilidad" de las finanzas
públicas en general, es un corolario de la analogía del "presupuesto
familiar" antes mencionada: Esta idea, difundida por los políticos y los
medios de manera constante; sostiene que los gobiernos sufren las mismas
restricciones financieras que los hogares. Como individuos y familias, somos
muy conscientes de que tenemos que ganar dinero antes de que podamos gastar. Claro,
podemos tomar prestado para gastar más de lo que ganamos temporalmente, gastarnos
los ahorros o vender activos, pero con el tiempo nos veremos obligados a
sacrificar gastos para pagar nuestras deudas. Entendemos intuitivamente que no
podemos vivir indefinidamente más allá de nuestros medios. Tenemos que 'financiar'
cada céntimo que gastamos y podemos literalmente quedarnos sin dinero. Sin
embargo, la idea de que los gobiernos se enfrentan a limitaciones similares es
falsa al nivel más elemental.
Las
monedas modernas a menudo se llaman monedas fiat,
de la palabra latina fiat (NOTA DEL TRADUCTOR: en el Génesis 1:3, Yavé
dice “fiat lux”, es decir, “hágase la
luz” de la nada; en el caso del dinero fiat,
una autoridad monetaria dice “hágase el dinero”, también de la nada), porque su
valor no está respaldado por una promesa del gobierno de canjearlas por metales
preciosos. Su valor es proclamado por la fe: el gobierno simplemente anuncia
que una moneda vale, digamos, medio dólar sin tener una reserva de metales
preciosos igual en valor a medio dólar. Una consecuencia del sistema fiat es que los gobiernos que emiten sus
propias monedas ya no tienen que "financiar" sus gastos. Técnicamente,
no necesitan recaudar dinero mediante
impuestos antes de poder gastar, ni tampoco necesitan compensar los déficits que puedan surgir al vender deuda al sector
privado. Simplemente pueden crear el dinero necesario “de la nada”. Además, los
tipos de cambio flexibles implican que los gobiernos ya no tienen que
restringir sus gastos para cumplir con las exigencias del banco central para
mantener una paridad fija frente a una moneda extranjera. Esto, por supuesto,
no se aplica a los países que forman parte de la Unión Monetaria Europea, un
punto al que volveremos.
En
resumen, los gobiernos emisores de divisas, como los de Australia, Gran
Bretaña, Japón y los Estados Unidos de América, nunca pueden "quedarse sin
dinero" o devenir insolventes. No afrontan ninguna restricción de
solvencia precisamente porque no afrontan restricciones de ingresos. Estos gobiernos
siempre tienen una capacidad ilimitada para gastar en sus propias monedas: es
decir, pueden comprar lo que quieran, siempre que haya bienes y servicios a la
venta en la moneda que emiten. Esto incluye la capacidad de comprar todo el
trabajo inactivo (u ofrecer un aumento a aquellos que ya están empleados en el
sector público). En otras palabras, el árbol del dinero mágico existe, pero
está ubicado mucho más cerca de casa de lo que pensamos: en el banco central de
cada país, no en alguna isla tropical lejana.
¿Necesitamos el dinero de los ricos?
Una vez
que entendemos cómo operan los estados emisores de divisas modernos, también
podemos apreciar que la creencia generalizada de que es necesario impedir la expatriación para permitir a los gobiernos proporcionar servicios de alta
calidad, infraestructura pública y empleos es en gran medida infundada. "Cada libra evadida en impuestos por
los súper ricos es una libra que desesperadamente necesita nuestro Servicio
Nacional de Salud, nuestras escuelas y nuestros servicios humanitarios",
declaró el
laborista John McDonnell a raíz de la filtración de los Paradise
Papers. De hecho, en los Estados Unidos "descubrimos que cuando los pagos de impuestos se hacen al gobierno en
efectivo real, la Reserva Federal generalmente quema el 'dinero'. Si realmente
necesitara el dinero per se seguramente no lo destruiría"[1]. En última instancia, esta es una narrativa peligrosa y equivocada
para los progresistas. No solo porque alimenta mitos dañinos sobre cómo
funciona la economía, sino también porque proporciona involuntariamente a los
gobiernos la excusa perfecta para no cumplir con sus obligaciones para con la
sociedad, al legitimar la alegación de su incapacidad para atacar la elusión y
la evasión fiscal (lo que les da incluso más razones para no abordar el
problema). También confiere injustificadamente el estatus de indispensables a
los ricos y a quienes tienen altos ingresos. Los progresistas deben aceptar el
hecho de que los ingresos y los impuestos pagados por los ricos son en gran
medida irrelevantes para la capacidad de un gobierno emisor de divisas para
proporcionar servicios públicos e infraestructura de primera clase (aunque esto
no significa en modo alguno que los impuestos no sean importantes, como se
verá).
Esto no se aplica a
los países que forman parte de la zona euro, que efectivamente usan una moneda
extranjera (el euro). Al igual que un gobierno de cualquiera de los estados que
conforman los EE.UU. o Australia (por ejemplo, Alabama o Nueva Galés del Sur),
los países de la eurozona toman prestado en una moneda que no controlan (no
pueden establecer tipos de interés ni pueden cancelar la deuda con dinero recién
emitido y, por lo tanto, a diferencia de los países emisores que emiten deuda
en su propia moneda, están sujetos al riesgo de impago). Como dice un
reciente informe del Banco Central Europeo (BCE) "aunque el euro es una moneda fiat, las
autoridades fiscales de los Estados miembros del euro han renunciado a la
capacidad de emitir deuda no impagable". Por lo tanto, la
capacidad de gasto de los países de la zona del euro depende en gran medida de
los ingresos fiscales (y de la buena voluntad del BCE) y de su capacidad para
emitir deuda con los mercados privados. Esta situación "recuerda la situación de las economías emergentes que tienen que
pedir prestado en moneda extranjera", señaló Paul De Grauwe hace unos
años.
El gasto privado es tan inflacionario como el gasto
público (si no más inflacionario).
Sin embargo, esto no
se debe a una ley económica intrínseca sino a una restricción puramente
autoimpuesta: la pertenencia a la zona euro. Cualquier discusión seria sobre el
tratamiento de la elusión y la evasión fiscal por razones presupuestarias
necesariamente debe enmarcarse dentro de un debate más amplio sobre la unión
monetaria. Los partidarios de tal línea de actuación deberían asumir la
responsabilidad de explicar por qué ésta es una mejor opción para los países
que buscan mejorar sus servicios públicos en lugar de, digamos, recuperar su
soberanía monetaria y, por lo tanto, la capacidad de gastar independientemente
de sus ingresos. Sin embargo, la lógica de “los impuestos no financian el gasto
público” se aplicaría a la zona del euro en su conjunto. El BCE, como cualquier
otro banco central, no enfrenta restricciones financieras de ningún tipo, y
podría respaldar fácilmente las necesidades de gasto de los países de la
Eurozona -o de un "Tesoro Europeo" aún por crearse- creando los
fondos necesarios de la nada (como ya ocurre en el contexto de la
flexibilización cuantitativa, al ritmo de 30 mil millones de euros por mes). Los
obstáculos para reformar el papel del BCE en relación con el gasto público son
políticos, no técnicos, como
hemos señalado en otra ocasión.
Comúnmente
se cree que financiar el gasto del gobierno a través de un déficit fiscal en vez
de con impuestos es inherentemente inflacionario, más aún si el déficit es
financiado directamente por el banco central y no por el sector privado. En
realidad, los déficits fiscales no conllevan ningún riesgo inflacionario
intrínseco. En cambio, es el gasto público el que conlleva tal riesgo, independientemente de cómo
se financie dicho gasto, ya sea aumentando los impuestos,
emitiendo deuda al sector privado o emitiendo deuda al banco central. De hecho,
todo el gasto (privado o público) es inflacionario si impulsa el gasto agregado
nominal más rápido que la capacidad real de la economía para absorberlo. En
otras palabras, si el gobierno toma el dinero que dormía inactivo bajo algún
colchón y lo gasta en la economía, incurre exactamente en el mismo riesgo
inflacionario que si el banco central crea ese dinero de la nada y se lo da al
gobierno para que lo gaste. Lo que importa, desde una perspectiva
inflacionaria, es la capacidad del gobierno para gastar de manera responsable,
sin sobrecalentar la economía.
Sin
embargo, a menudo se pasa por alto que el gasto privado es tan inflacionario
como que el gasto gubernamental (si no más). El sistema actual permite a los
bancos privados crear (de la nada, al igual que los bancos centrales) la mayor
parte del dinero digital en circulación mediante préstamos, que crean depósitos
y liquidez que puede gastarse. Esta libertad le da a los bancos el poder para
diseñar a voluntad burbujas especulativas impulsadas por el crédito, lo que a
su vez conduce a alzas en los precios (especialmente en el mercado de la
vivienda), como vimos en el período previo a la crisis financiera.[2]
Entonces, ¿deberíamos cerrar los paraísos
fiscales?¡Sí!
Por
supuesto, nada de lo dicho hasta ahora significa que la expatriación de la
riqueza no sea un problema grave y no debe abordarse con urgencia. Existen muy
buenas razones para abordar la elusión y la evasión fiscal cerrando de paraísos
fiscales para recaudar más impuestos en general; sin embargo, esto tiene poco
que ver con la financiación del gasto público (con la posible excepción de la
zona euro). En gran parte tienen que ver con la justicia social, la desigualdad
y la distribución del poder político. Es un hecho bien establecido que los
crecientes niveles de desigualdad actuales, que han vuelto a los niveles de más
de un siglo atrás, representan un grave problema económico y social. Como lo
reconoció incluso el Fondo Monetario Internacional (aquí y aquí), la desigualdad obstaculiza el crecimiento ("cuando los ricos se vuelven más ricos, los beneficios no llegan a
los de más abajo", señala un estudio del FMI, mandando la propaganda de
la “economía del goteo” que han estado emitiendo durante décadas al basurero de
la historia), exacerba la inestabilidad financiera, erosiona la cohesión social
y conduce a polarización política. Aún más importante, varios
estudios muestran que la desigualdad extrema
representa una amenaza para la democracia misma. Permitir que una pequeña
minoría amase cantidades obscenas de riqueza los lleva a ejercer una influencia
y un poder desproporcionados, y les permite secuestrar el proceso legislativo e
impulsar leyes que cimentan aún más su poder e influencia. Como
Branko Milanovic escribe, "cuanto
mayor es la desigualdad, más probable es que nos desplacemos de la democracia
hacia la plutocracia". Los paraísos fiscales y la expatriación, al facilitar
la concentración de la riqueza, exacerban el problema de la desigualdad. Por
esta razón, deberían ser cerrados.
La extrema desigualdad representa una amenaza para la
democracia.
Sin
embargo, si ese es el objetivo, los progresistas deben tener claro el hecho de
que esto no requiere un acuerdo internacional de alcance global. Esta es solo
otra cortina de humo. Una mirada rápida a los principales paraísos fiscales del
mundo muestra que muchos se encuentran dentro de la jurisdicción legislativa
directa de naciones como Estados Unidos de América y el Reino Unido (que a su
vez son paraísos fiscales). Bermudas, las Islas Caimán, Guernsey, Jersey y la
Isla de Man, todos ellos paraísos fiscales, son dependencias británicas o
territorios de ultramar. Además, de acuerdo con Tax Justice Network , muchos de los mayores paraísos fiscales
del mundo -Suiza, Luxemburgo, Alemania, el Reino Unido, Bélgica, Austria,
Chipre- se encuentran en Europa (y, con la excepción de Suiza, son parte de la
Unión Europea).[3] La
conclusión es obvia: si los políticos hablaran en serio sobre el tema de la elusión,
la evasión fiscal y la expatriación, podrían hacer algo al respecto con un
golpe de sus plumas legislativas.
A
menudo se argumenta que la UE, al permitir el libre movimiento de capitales
entre sus miembros, ha obligado a los países a competir entre ellos, ya que
estos no tienen otra opción que reducir la imposición sobre el beneficio de las
sociedades si desean atraer inversión extranjera directa. Este argumento lleva
a la conclusión de que la única solución viable contra la evasión fiscal y por
una tributación justa de las sociedades es "armonizar" los tipos
impositivos en toda Europa. Sin embargo, varios estudios (ver aquí y aquí) han
encontrado una relación insignificante entre la inversión extranjera directa y menores
tipos impositivos sobre las sociedades, encontrando una relación mucho más
significativa con los costes laborales, el nivel educativo, la calidad de las
infraestructuras y la estabilidad política. Esto parecería refutar la
afirmación frecuentemente escuchada de que hay poco que los países puedan hacer
individualmente frente a la evasión fiscal.
Obtener
un mayor control sobre la base impositiva también permitiría a los gobiernos
gravar de manera más eficiente los ingresos más elevados y la riqueza, no con
el objetivo de "recaudar más dinero", sino de crear una sociedad más
equitativa. Esto pone de relieve que para los gobiernos emisores de moneda, la
tributación es ante todo una forma de redistribuir el poder económico (y por lo
tanto político) entre clases, así como un medio para alterar la asignación de
recursos, por ejemplo, alentando o desalentando ciertas industrias y productos
(piense en los impuestos sobre los impuestos sobre el alcohol o el carbono). Para
concluir: hay muy buenas razones para abolir los paraísos fiscales. Sin
embargo, el financiamiento del gasto gubernamental no es uno de ellos.
[1]
William Mitchell and Warren Mosler, ‘The Imperative of Fiscal Policy for Full
Employment’, Australian Journal of Labour
Economics, Vol. 5, No. 2 (2002), p. 255.
[2] Curiosamente, en
1948, nada menos que Milton
Friedman argumentó que no solo los déficits públicos
debían financiarse a veces con dinero fiat,
sino que siempre deberían financiarse de esa manera, sobre la base de que dicho
sistema proporcionaría una base más segura, para un régimen de baja inflación. Más
recientemente, una política similar ha sido
defendida incluso por Adair Turner, ex presidente
de la Autoridad Británica de Servicios Financieros.
[3] La lista también incluye una serie de otros países europeos,
dependencias o territorios de ultramar: Irlanda, los Países Bajos, Italia,
Dinamarca, Portugal (Madeira), España, Malta, Hungría, Liechtenstein, Letonia,
Mónaco, San Marino, Gibraltar, Andorra, las Islas Turks y Caicos, las Antillas
Holandesas, Montserrat y Anguilla.
Fuente:
Traducido por David Hervás.
