El
próximo jueves 29 de junio el gobierno español tiene previsto ratificar el CETA
(acuerdo económico y comercial global entre Canadá y la UE). Acuerdo que se ha
estado negociando desde el 2009 y del que se ha mantenido desinformada a la
ciudadanía hasta el 15 de diciembre de 2015, criticado duramente por muchos de
los Estados miembros de la UE y cuya firma estuvo bloqueada por el presidente
de Valonia a causa del impacto que dicho acuerdo tendría en la economía local
tras su aplicación. Finalmente se firmó el 30 de octubre de 2016 tras un
acuerdo de dudosa aplicación alcanzado entre los representantes de ambos
bloques, instrumento interpretativo conjunto.
El
proceso de ratificación se inició con en el Parlamento Europeo el pasado 15 de
febrero, cuya aprobación también impulsada por el PSOE permitía la aplicación
provisional del 90% del CETA en las transacciones que se realizarán entre
Canadá y la UE, pero que no ha podido materializarse ante las dificultades
surgidas en Canadá para su ratificación, ante los efectos negativos previstos
sobre la economía nacional y su sociedad.
En
España son muchas las organizaciones, asociaciones y profesionales que rechazan
el acuerdo, porque no se trata de comercio sino de un conjunto de normas para
regular la globalización bajo el principio de garantizar el beneficio económico
a las grandes multinacionales, el cual será preferente a cualquier otro
constitucionalmente protegido. A pesar de ellos y sin estudios de impacto de la
aplicación del acuerdo en la economía nacional y en la sociedad, el gobierno se
dispone a ratificar el CETA.
Voces
expertas califican este tratado de modelo a seguir en las distintas negociaciones
que la UE tiene en marcha. Veamos qué es lo que ratificarán el 29 de junio los
diputados de las cortes españolas, que dada su composición será abanderada por
el PP, Cs, partidos nacionalistas con el apoyo incondicional de la abstención
del PSOE:
El
29 de junio estos diputados ratificarán la falta de transparencia en las
negociaciones de los tratados internacionales, la pérdida de 200.000 puestos de
trabajo en la UE (informado por la comisión de empleo y asuntos sociales del
Parlamento Europeo), la renuncia a la lucha contra el cambio climático, al
impedir el cumplimiento de los acuerdos de París.
Pero además, estos diputados con el SI y la abstención ratificarán el aumento de la vida de las patentes, dificultando así el acceso de los ciudadanos a los medicamentos, favoreciendo el encarecimiento de la investigación y de todo lo que tiene que ver con la cultura y la educación, consolidarán los procesos de privatización y encarecerán los procedimientos de reversión de lo privatizado a la colectividad a la que legítimamente pertenecen.
El
29 de junio estos diputados podrían impedir que se implante una justicia
privada sólo para las multinacionales, que se institucionalice el derecho a la
indemnización por expectativas no cumplidas ante cambios legislativos,
garantizar un trato justo e igualitario para todas las personas y no sólo para
las multinacionales.
El
29 de junio estos diputados podrían asegurar la protección social, económica y
jurídica de la ciudadanía votando NO al CETA.
Porque
votando NO al CETA están impulsando el progreso social y económico, facilitando
la implementación de políticas dirigidas a la obtención del pleno empleo y la
estabilidad de precios en todo el territorio español, y porque votando NO al
CETA garantizan la igualdad y la
justicia, valores protegidos por nuestra Constitución.
Sandra
Soutto.
