El momento ha llegado, digamos NO al CETA

 El próximo jueves 29 de junio el gobierno español tiene previsto ratificar el CETA (acuerdo económico y comercial global entre Canadá y la UE). Acuerdo que se ha estado negociando desde el 2009 y del que se ha mantenido desinformada a la ciudadanía hasta el 15 de diciembre de 2015, criticado duramente por muchos de los Estados miembros de la UE y cuya firma estuvo bloqueada por el presidente de Valonia a causa del impacto que dicho acuerdo tendría en la economía local tras su aplicación. Finalmente se firmó el 30 de octubre de 2016 tras un acuerdo de dudosa aplicación alcanzado entre los representantes de ambos bloques, instrumento interpretativo conjunto. 

El proceso de ratificación se inició con en el Parlamento Europeo el pasado 15 de febrero, cuya aprobación también impulsada por el PSOE permitía la aplicación provisional del 90% del CETA en las transacciones que se realizarán entre Canadá y la UE, pero que no ha podido materializarse ante las dificultades surgidas en Canadá para su ratificación, ante los efectos negativos previstos sobre la economía nacional y su sociedad.

En España son muchas las organizaciones, asociaciones y profesionales que rechazan el acuerdo, porque no se trata de comercio sino de un conjunto de normas para regular la globalización bajo el principio de garantizar el beneficio económico a las grandes multinacionales, el cual será preferente a cualquier otro constitucionalmente protegido. A pesar de ellos y sin estudios de impacto de la aplicación del acuerdo en la economía nacional y en la sociedad, el gobierno se dispone a ratificar el CETA.

Voces expertas califican este tratado de modelo a seguir en las distintas negociaciones que la UE tiene en marcha. Veamos qué es lo que ratificarán el 29 de junio los diputados de las cortes españolas, que dada su composición será abanderada por el PP, Cs, partidos nacionalistas con el apoyo incondicional de la abstención del PSOE:

El 29 de junio estos diputados ratificarán la falta de transparencia en las negociaciones de los tratados internacionales, la pérdida de 200.000 puestos de trabajo en la UE (informado por la comisión de empleo y asuntos sociales del Parlamento Europeo), la renuncia a la lucha contra el cambio climático, al impedir el cumplimiento de los acuerdos de París.

Pero además, estos diputados con el SI y la abstención ratificarán el aumento de la vida de las patentes, dificultando así el acceso de los ciudadanos a los medicamentos, favoreciendo el encarecimiento de la investigación y de todo lo que tiene que ver con la cultura y la educación, consolidarán los procesos de privatización y encarecerán los procedimientos de reversión de lo privatizado a la colectividad a la que legítimamente pertenecen. 

El 29 de junio estos diputados podrían impedir que se implante una justicia privada sólo para las multinacionales, que se institucionalice el derecho a la indemnización por expectativas no cumplidas ante cambios legislativos, garantizar un trato justo e igualitario para todas las personas y no sólo para las multinacionales.

El 29 de junio estos diputados podrían asegurar la protección social, económica y jurídica de la ciudadanía votando NO al CETA.

Porque votando NO al CETA están impulsando el progreso social y económico, facilitando la implementación de políticas dirigidas a la obtención del pleno empleo y la estabilidad de precios en todo el territorio español, y porque votando NO al CETA  garantizan la igualdad y la justicia, valores protegidos por nuestra Constitución.

Sandra Soutto.

Miembrode ATTAC y de la campaña NO al TTIP-Comarques de Castellón

¿En qué medida cumple el CETA los diez principios progresistas del S&D sobre acuerdos comerciales?

Cuando el Parlamento Europeo se prepara para votar el crucial acuerdo sobre comercio e inversión (CETA) entre la Unión Europea y Canadá , el grupo de los socialistas y demócratas del Parlamento Europeo (S&D) ha publicado un listado con los diez principios progresistas para una nueva era de acuerdos comerciales. Estos principios propugnan un sistema de comercio internacional más justo cuyos acuerdos prioricen la protección pública y la transparencia por encima del poder corporativo. A continuación se analiza en qué medida cumple el CETA con estos diez principios.

                                                                                

1.      Beneficios para muchos y no solo para unos pocos

El primer objetivo de los acuerdos comerciales debe ser beneficiar al espectro más amplio posible de ciudadanos. Los acuerdos comerciales deben contribuir al crecimiento económico sostenible y al empleo en la Unión Europea y en los países socios.

Según la Comisión Europea, el CETA supondrá para la UE un crecimiento del PIB a largo plazo de entre 0,02% y 0,03%. Esto ha hecho que surjan dudas sobre si el CETA conllevará algún beneficio y mucho menos si conllevará beneficios para muchos. Según un estudio independiente es probable que el CETA incremente la desigualdad y suponga la pérdida de 200.000 empleos en toda la UE, todo ello sin que se hayan implementado políticas de reciclaje para los trabajadores o se haya preparado a las economías para este cambio. En lugar de crear empleo y un crecimiento económico sostenible, es probable que el CETA aumente la precaria situación en la que ya se encuentran muchas personas.

Es más, los arbitrajes de aplicación en materia de inversión del CETA, el Sistema Judicial de Inversiones (ICS), permite que las empresas multinacionales cuestionen y posiblemente obstaculicen a aquellos estados cuya legislación protege tanto el medio ambiente como los estándares sanitarios y laborales. Además, la ciudadanía no podrá formar parte del jurado de arbitraje.

2.      Una política que se base en valores

Además de bienes y servicios, la Unión Europea debe exportar sus valores, en particular, en términos de estándares laborales, sociales y medioambientales. Debe incluirse un capítulo de comercio y desarrollo sostenible, incluyendo los derechos laborales centrales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y las disposiciones sobre responsabilidad social corporativa, en todos los acuerdos comerciales de la Unión Europea. Los eurodiputados y las eurodiputadas seguirán presionando para que se apliquen estas disposiciones.

Los capítulos del CETA sobre desarrollo y empleo sostenible son idealistas, inejecutables y no incluyen compromisos concretos, todo ello hace que sea imposible exigir responsabilidad a las multinacionales o a los Gobiernos. De hecho,  es probable que debido al marco del CETA sobre cooperación en materia legislativa entre Canadá y la UE disminuyan los estándares medioambientales ya que se centra en la liberación del mercado para fomentar su acceso en vez de respetar y defender la protección medioambiental.

Es más, a pesar de que las autoridades canadienses han prometido ratificar los principales convenios laborales de la OIT, el CETA en sí no proporciona ningún mecanismo adicional para la protección de los derechos laborales. Si alguna de las partes incumple los derechos laborales, a lo único que pueden aspirar aquellas personas que se vean afectadas es a recomendaciones no vinculantes. Además, si los estados mejoran los estándares laborales se les puede demandar en un tribunal de arbitraje en materia de inversión. (Ver también principios 9 y 10).

3.      Transparencia y participación de los ciudadanos

Las negociaciones deben desarrollarse de forma abierta y transparente, todo lo que sea posible. No debe haber vuelta atrás en nuestros logros sobre transparencia, por los que tanto hemos luchado, en las negociaciones actuales. El Consejo debe publicar automáticamente todos los mandatos negociadores nuevos y previamente adoptados, y el proceso de elaboración de políticas debe basarse en un diálogo significativo con la sociedad civil, los sindicatos y la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

El CETA se negoció en secreto entre 2009 y 2014. La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) recibió una copia confidencial del acuerdo en septiembre de 2014, solo unas semanas antes de su firma. La UE y Canadá solo publicaron sus mandatos de negociación en diciembre de 2015, más de un año después de que concluyesen las negociaciones. Ambas partes han ignorado en gran medida las recomendaciones hechas por la sociedad civil y los sindicatos de trabajadores, asimismo han rechazado una participación pública real. Algunos comentaristas definen el CETA como uno de los acuerdos comerciales menostransparentes que ha firmado la UE en los últimos años.