Los economistas y juristas firmantes (*) de este Documento lo han elaborado con objeto de rebatir y desautorizar el Informe de la Comisión de expertos designada por el gobierno y para denunciar la nueva contrarreforma de las pensiones que con base en él pretende acometer el PP. Los ciudadanos deben saber que reducir las pensiones no es un medida que sirva para combatir la crisis económica sino que implica un paso en el desmantelamiento del estado social que se está llevando a cabo.
LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES, PROBLEMA POLÍTICO, NO ECONÓMICO.
Pensamos que la manera de plantear un
problema condiciona su solución. La sostenibilidad del sistema público
de pensiones se ha planteado siempre, en unos casos por ignorancia y en
otros por intereses espurios, de la peor forma posible. Se ha tratado
como un problema técnico cuando es un problema político. Se ha querido
enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medios, cuando en
realidad el quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se
pretende que creamos que la sostenibilidad del sistema público de
pensiones depende de “cuántos son los que producen”, cuando la variable
importante es “cuánto se produce”.
Conscientes de que se trata de un
problema político y no económico, consideramos que nuestro papel debe
centrarse únicamente en desenmascarar los intentos de justificar
mediante planteamientos aparentemente técnicos las posturas ideológicas
previamente tomadas.
Hace ya muchos años que todos
los servicios de estudios de las entidades financieras y similares,
apoyados y jaleados por los organismos internacionales, comenzaron a
emitir informes acerca de la inviabilidad del sistema público de
pensiones. La postura oscilaba desde los más radicales, demandando su
sustitución por planes privados, hasta los medianamente posibilistas,
que tan solo pretendían su reforma, de manera que los gastos sociales no
se incrementaran e incluso se redujeran. Por citar tan solo un ejemplo,
allá por 1993 la Fundación BBV contrató a treinta y cuatro sabios,
expertos, técnicos para que estudiasen el tema de las pensiones. En
realidad, querían que se pronunciasen sobre la viabilidad, más bien
inviabilidad, del sistema público. Trabajaron durante veinte meses para
llegar a la conclusión de la imposibilidad de mantener el sistema
público si no se reformaba. Una vez más se empleó la expresión quiebra
de la Seguridad Social. El resultado de sus cálculos, que fueron
facilitados a la prensa, consistía en el pronóstico de que para el año
2000 el desajuste entre ingresos y gastos de la Seguridad Social habría
aumentado en una cantidad equivalente al 2% del PIB. ¿Cataclismo?,
¿quiebra? “Será incompatible con Maastricht”. Lo cierto es que el año
2000 llegó y no se produjo prácticamente nada de lo que pronosticaron.
De hecho, se registró un superávit del 0,4%.
La argumentación de todos estos informes era similar: el
incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad
dibujaban una pirámide de población que haría inviable en el futuro el
sistema público de pensiones. Vaticinaban que en un determinado
número de años se produciría la quiebra de la Seguridad Social. El
tiempo ha ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas sin
que se cumpliese ninguno de sus pronósticos, lo que parece natural ya
que no tuvieron en cuenta determinados factores tales como la
incorporación de más mujeres al mercado laboral o el incremento en el
número de inmigrantes. El estrecho encuadre de las proyecciones
demográficas y el hecho de considerar solo la población total no pueden
constreñir el complejo problema de la viabilidad de las pensiones. A
cualquiera se le ocurre que al menos otra variable, la tasa de actividad, tendrá algo que ver en la solución.
