PENSIONES CON JUSTICIA Y EQUIDAD SOCIAL

El equipo de Hetrodòxia Castelló reivindica el sistema público de pensiones como el mejor sistema para distribuir las rentas equitativamente entre la ciudadanía. 

Sin embargo, los modelos implementados por los gobiernos en las últimas décadas han demostrado ser ineficientes a la hora de garantizar a todas las personas los bienes y servicios necesarios para vivir, y es que el problema no es el sistema: es el modelo. 

Porque un estado soberano, capaz de emitir su propio dinero puede garantizar salarios y pensiones dignas a sus ciudadanos, así como unos servicios públicos de calidad, desarrollando políticas expansivas del gasto que promuevan la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, la creación de empleo digno –para combatir la precarización laboral-, y el respeto al medio ambiente.

Para Heterodòxia Castelló el debate no está en el porcentaje en el que se deben incrementar las pensiones o los salarios, sino en el conjunto de políticas que se aplican por el gobierno, como:

· Las políticas migratorias, necesarias para garantizar el equilibrio generacional.

· La lucha contra el fraude laboral y fiscal.

· Limitar la temporalidad laboral a los trabajos que realmente lo requieran.

· Aumentar el alcance y las cuantías de las prestaciones por desempleo.

· Garantizar el pleno empleo de calidad, a través de los programas de trabajo garantizado.

· Recuperar y expandir los servicios públicos, para garantizar su calidad y el justo reparto de la riqueza.

Una interpretación “alternativa” de la Teoría Monetaria

Reseña de “Los siete fraudes inocentes capitales de la política económica” (Ed. Attac), de Warren Mosler

 por Enric Llopis 

@enric_llopis

¿De dónde procede la expresión “fraude inocente”? Fue introducida por el economista John Kenneth Galbraith (La economía del fraude inocente, en 2004) para referirse a determinadas premisas incorrectas en materia económica, que políticos, economistas de la ortodoxia y medios de comunicación raramente ponen en cuestión. Banquero, inversor, hombre de negocios y uno de los principales defensores de la Teoría Monetaria Moderna, Warren Mosler señaló en 2010 algunos de estos “errores letales” en el libro Los siete fraudes inocentes capitales de la política económica, publicado en 2014 por ATTAC.

En un tono sencillo, directo y asequible para el gran público, Mosler explica que el dinero moderno es un mero apunte contable en una hoja de cálculo, un recurso financiero que se crea de la nada y que los estados –siempre que dispongan de soberanía monetaria- pueden crear en el volumen que consideren. En consecuencia, según esta tesis, un gobierno nunca se quedará sin dinero y siempre tendrá capacidad para pagar sus deudas. Lo realmente decisivo son los recursos reales y la capacidad productiva (hoy en general muy infrautilizada).

Los siete fraudes constituyen “falsificaciones de dimensiones históricas que juegan un papel fundamental a favor de las clases dominantes”, subraya el economista Alejandro Nadal en el prólogo del libro. Una de las falsificaciones más importantes, añade Nadal, consiste en que las fuerzas competitivas en el mercado libre llevan al equilibrio de los precios. “Es parte del esfuerzo por destruir el pensamiento macroeconómico y reducirlo todo a la microeconomía”. Dicho de otro modo, se trata de situar en el frontispicio de la teoría económica la idea de Thatcher: “La sociedad no existe, sólo hay individuos”.

Los siete fraudes inocentes capitales de la política económica

 por Alejandro Nadal, del Consejo Científico de ATTAC España

Las falsificaciones históricas son un instrumento indispensable para mantener el poder y asegurar la explotación de los oprimidos. Cuando una parte importante de la población piensa que el orden social es resultado de una evolución natural, aún cuando dicho orden social sea a todas luces injusto, el resultado será la resignación y la sumisión a los dictados de los poderes establecidos. Es posible que las falsificaciones históricas sean el mejor aliado de las clases dominantes.

Pero las falsificaciones históricas adoptan muchas formas. Una de ellas se encuentra en la evolución de la teoría económica. Y aquí es donde se inserta el tema central de la obra de Warren Mosler.

Los Siete fraudes inocentes capitales de la política económica que analiza Mosler con gran rigor y no sin sentido del humor constituyen falsificaciones de dimensiones históricas que juegan un papel fundamental a favor de las clases dominantes. Estos fraudes inocentes están basados en sendos errores de teoría macroeconómica. Cubren un territorio muy amplio que va desde una visión equivocada sobre la naturaleza, estructura y dinámica de las finanzas públicas, hasta las distorsiones provocadas por la desatinada visión que se tiene sobre el funcionamiento del sistema bancario y la política monetaria. De la aguda mirada de Mosler no escapa la percepción dominante sobre las causas y la lucha contra la inflación, ni las distorsiones existentes sobre los distintos componentes de la balanza de pagos. Su examen cubre todos los campos de la teoría y la política macroeconómica y contribuye a desmitificar siete de los mitos más destructores que marcan la política fiscal, monetaria, crediticia y cambiaria en la economía contemporánea.

La terminología es muy importante. ¿Por qué se denominan fraudes inocentes? Mosler nos dice que la respuesta se encuentra en el libro de John Kenneth Galbraith La economía del fraude inocente, publicado en 2004. En esa obra, Galbraith aclara que la presunción de inocencia proviene del hecho de que los académicos, tecnócratas y políticos que sostienen estas ideas no conocen su error y, por el contrario, están convencidos de tener la razón y de contar con un análisis certero. Para Galbraith, los que así piensan ni siquiera aceptarían su error porque eso los llevaría ipso facto a incriminarse, cosa que nadie en su sano juicio haría. Por eso califica a estos fraudes de inocentes.

Las claves de la nueva ayuda de 30.000 millones a la banca.

Eduardo Garzón Espinosa – Consejo Científico de ATTAC España

El pasado viernes 29 de noviembre, el gobierno aprobó un Real Decreto mediante el cual se autoriza y detalla una nueva ayuda pública a los bancos españoles por valor de 30.000 millones de euros. Esta ayuda consiste en que el Estado se compromete a respaldar con dinero público una buena parte de los activos tóxicos que tienen los bancos en su propiedad.

Pero, ¿qué son exactamente estos activos tóxicos? Diciéndolo llanamente: se trata de bonos-descuento que pueden usar los bancos en el futuro para no pagar impuestos. Estos bonos-descuento son creados por el Estado y entregados a los bancos cuando se presenta alguna de las siguientes situaciones:

En defensa del sistema público de pensiones.

 

Los economistas y juristas firmantes (*) de este Documento lo han elaborado con objeto de rebatir y desautorizar el Informe de la Comisión de expertos designada por el gobierno y para denunciar la nueva contrarreforma de las pensiones que con base en él pretende acometer  el PP. Los ciudadanos deben saber que reducir las pensiones no es un medida que sirva para combatir la crisis económica sino que implica un paso en el desmantelamiento del estado social que se está llevando a cabo.

 

LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES, PROBLEMA POLÍTICO, NO ECONÓMICO. 

Pensamos que la manera de plantear un problema condiciona su solución. La sostenibilidad del sistema público de pensiones se ha planteado siempre, en unos casos por ignorancia y en otros por intereses espurios, de la peor forma posible. Se ha tratado  como un problema técnico cuando es un problema político. Se ha querido enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medios, cuando en realidad el quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se pretende que creamos que la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de “cuántos son los que producen”, cuando la variable importante es “cuánto se produce”.

Conscientes de que se trata de un problema político y no económico, consideramos que nuestro papel debe centrarse únicamente en desenmascarar los intentos de justificar mediante planteamientos aparentemente técnicos las posturas ideológicas previamente tomadas.

Hace ya muchos años que todos los servicios de estudios de las entidades financieras y similares, apoyados y jaleados por los organismos internacionales, comenzaron a emitir informes acerca de la inviabilidad del sistema público de pensiones. La postura oscilaba desde los más radicales, demandando su sustitución por planes privados, hasta los medianamente posibilistas, que tan solo pretendían su reforma, de manera que los gastos sociales no se incrementaran e incluso se redujeran. Por citar tan solo un ejemplo, allá por 1993 la Fundación BBV contrató a treinta y cuatro sabios, expertos, técnicos para que estudiasen el tema de las pensiones. En realidad, querían que se pronunciasen sobre la viabilidad, más bien inviabilidad, del sistema público. Trabajaron durante veinte meses para llegar a la conclusión de la imposibilidad de mantener el sistema público si no se reformaba. Una vez más se empleó la expresión quiebra de la Seguridad Social. El resultado de sus cálculos, que fueron facilitados a la prensa, consistía en el pronóstico de que para el año 2000 el desajuste entre ingresos y gastos de la Seguridad Social habría aumentado en una cantidad equivalente al 2% del PIB. ¿Cataclismo?, ¿quiebra? “Será incompatible con Maastricht”. Lo cierto es que el año 2000 llegó y no se produjo prácticamente nada de lo que pronosticaron. De hecho, se registró un superávit del 0,4%.

La argumentación de todos estos informes era similar: el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad dibujaban una pirámide de población que haría inviable en el futuro el sistema público de pensiones. Vaticinaban que en un determinado número de años se produciría la quiebra de la Seguridad Social. El tiempo ha ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas sin que se cumpliese ninguno de sus pronósticos, lo que parece natural ya que no tuvieron en cuenta determinados factores tales como la incorporación de más mujeres al mercado laboral o el incremento en el número de inmigrantes. El estrecho encuadre de las proyecciones demográficas y el hecho de considerar solo la población total no pueden constreñir el complejo problema de la viabilidad de las pensiones. A cualquiera se le ocurre que al menos otra variable, la tasa de actividad, tendrá algo que ver en la solución.

Otros expertos y otro documento sobre pensiones

 Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC España

Las comisiones de expertos generan siempre el mismo interrogante. ¿Los expertos son nombrados por ser expertos o son expertos porque son nombrados para la comisión? De cualquier modo, este tipo de comisiones en el momento de constituirse tienen ya redactadas las conclusiones y se crean tan solo para otorgar autoridad técnica a lo que son simples intereses, bien sean políticos o económicos. El Gobierno, sin duda, a la hora de establecer la comisión de expertos para la reforma de las pensiones, tenía decidido ya lo que quería hacer y seleccionó a los componentes de acuerdo con el resultado a obtener. El grupo de “sabios” que ha elaborado la propuesta solicitada por el Gobierno se formó con una composición claramente sesgada y poco independiente. La inmensa mayoría de ellos ha tenido o tiene una evidente vinculación con entidades financieras o con compañías de seguros, principales beneficiarias de un eventual incremento en la suscripción de planes y fondos de pensiones como consecuencia del deterioro del sistema público.

Es por ello por lo que un grupo (veinticuatro) de economistas, profesionales y académicos de distintas procedencias y sensibilidades, quizá no más expertos que los gubernamentales, pero tampoco menos, nos hemos sentido en la obligación de elaborar un documento con el que denunciar los sofismas y falacias sobre el que está asentado el discurso de la inviabilidad del sistema público de pensiones y sobre la reforma que va a emprender el Gobierno.

La desviación en la tasas de inflación no incide negativamente en el déficit publico sino todo los contrario.

El impuesto más injusto

Juan Francisco Martín Seco
 

Entre los acuerdos alcanzados en el marco del Pacto de Toledo se encontraba el compromiso asumido por todos los firmantes de actualizar las pensiones anualmente por el índice de precios al consumo. Aun cuando todas las formaciones políticas presentaron ante la opinión pública esta medida como muy positiva para los pensionistas y se vanagloriaron de ella, lo cierto es que resultaba un poco cicatera, porque lo único que garantizaba es que los jubilados no iban a perder poder adquisitivo, pero se les negaba cualquier mejora derivada de la participación en la productividad y en el crecimiento económico, a la que sin duda tienen derecho en la misma medida que los asalariados y los empresarios. Al fin y al cabo, la renta se incrementa por los trabajadores y por los empresarios, sin duda, pero también por los hoy jubilados que en su día pagaron impuestos con los que se han financiado los gastos en educación, en infraestructuras, en sanidad, en justicia y en tantas y tantas cosas que han colaborado a que la productividad vaya creciendo año tras año.

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Pero esta actitud adoptada por los firmantes del Pacto Toledo que hemos calificado de cicatera se torna carroñera y expoliadora cuando se pretende, como en la reforma prevista, que las pensiones ni siquiera mantengan su poder adquisitivo. La medida de no actualizar la prestación por el índice de precios es una confiscación y un atropello equivalente a gravar a los jubilados con un impuesto adicional progresivo sobre su pensión (progresivo no en el sentido de progresividad fiscal sino porque va a aumentar el tipo anualmente). En la hipótesis de que la inflación sea del 2% anual, el impuesto será del 2% el primer año, del 4% el segundo, del 6% el tercero, del 10% a los cinco años y del 20% a los diez años.

¡No nos toquen las pensiones!

Pedro Vaquero 

¿Reformar las pensiones? La gente ya no se cree los eufemismos con que otrora los políticos del bipartidismo neoliberal engañaban a los ciudadanos. En el contexto de una estrategia política que utiliza la crisis financiera creada por los excesos del capitalismo globalizado como coartada para ir desmontando el bienestar conquistado por los trabajadores y los derechos democráticos extendidos a toda la ciudadanía en general, hoy nadie ignora que cuando desde el gobierno se nos presenta una “reforma” de las pensiones, no es para mejorarlas (que falta haría), sino para recortarlas.
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El cinismo de nuestros gobernantes llega al colmo cuando se nos quiere hacer tragar que los recortes son necesarios para sostener el sistema de pensiones públicas. Nada más lejos de la realidad. El principio de la sostenibilidad es un truco de trilero que conviene desenmascarar:

Pensiones, envejecimiento y distribución de la renta

Albert Recio Andreu

Doctor en Economía i profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona

Era cosa cantada que el nuevo ajuste se iba a centrar en las pensiones públicas. Se trata de un tema, como el laboral, recurrente desde hace muchos años y que ya se ha tocado sucesivas veces. La última con Zapatero. Rajoy está condenado a repetir la misma política pero sin tantos remilgos, a pesar de haber nombrado un comité de expertos para dar un barniz tecnocrático a la reforma. Unos tecnócratas que año tras año repiten un mismo esquema simplista que en gran medida contiene las respuestas en el enunciado.