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25 de juny del 2017

El CETA, ¿un tratado progresista?








Escrito por:  Alberto Martínez
Miembro de Attac y la campaña NO al TTIP/CETA/TISA
 


Los defensores del CETA repiten una y otra vez los mismos argumentos sin presentar ninguna evidencia que los avale. Son simples consignas faltas de rigor al no estar refrendados por la realidad del texto del tratado. O no lo conocen o son cínicos sin ningún tipo de pudor.

Machacan con el argumento de los valores compartidos entre la UE y Canadá. ¿Cuáles son esos valores? En Canadá están autorizados los transgénicos sin etiquetar en la alimentación humana, en la UE, no. En Canadá, la agricultura industrial con utilización masiva de pesticidas, muchos de ellos prohibidos en la UE, es la norma, frente al modelo europeo basado fundamentalmente en pequeñas y medianas explotaciones familiares o de cooperativas. En Europa funciona el “principio de precaución”. En Canadá la “gestión del riesgo”...

El 70% de mineras mundiales son canadienses, y no hay más que fijarse en el ejemplo de Corcoesto para adivinar la oleada de demandas ante los famosos tribunales de arbitraje del ICS (Investment Court System) que nos caerían cuando el gobierno central, los gobiernos autonómicos o municipales quisieran poner trabas de algún tipo a la actividad de dichas empresas. Además, la mayoría de empresas canadienses son filiales de transnacionales de EEUU, por lo que el CETA sería de hecho la puerta trasera que utilizarían las mismas para beneficiarse del ICS.

Cuando dicen que es un tratado progresista, ¿a qué se refieren? El capítulo de empleo y desarrollo sostenible no cita en ningún momento el principio de precaución consagrado en el Tratado de Lisboa de la Unión Europea. Los derechos laborales no son vinculantes y por tanto ejecutables de forma efectiva ante ningún tribunal. La resolución de los posibles incumplimientos se deja a la buena voluntad de las partes, sin obligaciones concretas

3 de febrer del 2014

Instituto Público de Crédito Andaluz: una herramienta política.





Fernando Moreno Bernal.  ATTAC  Andalucía.

Andalucía es la única comunidad autónoma en España que gobernada en coalición por PSOE-IU tiene en su programa la necesidad de dotarse de un instrumento financiero propio vinculado a las necesidades de financiación de la sociedad, empresas y administraciones públicas del territorio. 
El pasado 13 de diciembre de 2013 el Parlamento andaluz aprobó el Informe del grupo de trabajo para analizar y formalizar la creación de un Instituto Público de Crédito Andaluz (IPCA) Informe elaborado tras oír los argumentos de Agentes sociales, económicos, académicos y expertos a propuestas de los tres Grupos Políticos presentes en la Cámara.

En un breve resumen podemos decir que IU defiende una Banca Pública ya; PSOE una Agencia financiera del tipo ICO reforzado, que evolucione en el tiempo cuando este consolidado hacia una banca pública; y el PP, en su voto particular, no ve la necesidad de crear un organismo nuevo pero si reformar la gestión actual de los Fondos de apoyo a las empresas y sector productivo centralizándolos y coordinándolos mejor. Tanto PP como PSOE hablan de la necesidad de utilizar y reforzar los mecanismos de colaboración público-privado.