Bajo
control democrático y con finalidad social.
El
Gobierno nacionalizó BFA-Bankia en mayo de 2012 para evitar que
quebrara y, tras salvarla con una enorme cantidad de dinero público,
ha empezado a privatizarla. La entidad reúne los depósitos y el
negocio bancario de siete antiguas cajas de ahorros: Caja Madrid,
Bancaja, la Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja
Segovia y Caja Rioja. El Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) ha vendido un 7,5% de las acciones que poseía,
aunque sigue siendo el accionista mayoritario, y su intención es
desprenderse del resto de las acciones que posee a lo largo de los
próximos dos años. Afirman que el objetivo es recuperar el dinero
público empleado en evitar la quiebra de la entidad y que, además,
sería “la guinda” que mostraría que el sistema financiero
español está saneado, tal y como afirma nuestro ministro de
Economía, Luis de Guindos, dentro de la campaña general para
convencernos de que la economía está saliendo de la crisis y que,
de ahora en adelante, todo marchará viento en popa. Pero ¿quién
gana y quién pierde con la privatización de Bankia?
Privatizar
es saltar de la sartén al fuego
Nacionalizarla
ha costado 22.424 millones de euros con la entrada del Estado en el
capital de la entidad de la que se convierte en accionista
mayoritario. Sin embargo, las ayudas públicas ascienden a 147.810
millones en concepto de capital, avales, adquisición de activos del
Sareb (el “banco malo”), compra de títulos, créditos fiscales y
préstamos del Banco Central Europeo (BCE). Esa cantidad equivale
casi a la tercera parte del presupuesto de todas las administraciones
públicas y la Seguridad Social para 2013.
Bankia
dice que podrá ir devolviendo esas ayudas porque ya está teniendo
ganancias. En 2013, sus beneficios netos han sido de 172 millones,
según los datos entregados en la Junta General de Accionistas del
mes de marzo, que no coinciden con los 509 millones proclamados un
mes antes. Dichos beneficios se basan en las ayudas públicas, en
ingresos por ventas que no se repetirán, en el expolio de los
preferentistas y en la reducción de las provisiones por morosidad, a
pesar de que esta última ha aumentado. De hecho, la entidad cada vez
tiene menos depósitos y da menos crédito, su fuente principal de
ingresos regulares.
En
otras palabras, la privatización ni garantizará que el Estado
recupere el dinero empleado en sanearla ni que se acaben las ayudas
públicas, sino que éstas seguirán siendo imprescindibles para que
la entidad sea rentable para sus accionistas.
Tampoco
se evitarán nuevos riesgos privatizándola, más bien todo lo
contrario. Ahora mismo, el patrimonio neto de la entidad sin los
activos fiscales —que sólo se convertirán en dinero efectivo si
en el futuro hay suficientes beneficios— es de 3.021 millones de
euros, mientras su valor en Bolsa es de 18.554 millones de euros (11
de marzo 2014). Semejante desfase entre su valor real y el que tiene
en Bolsa sólo augura futuras caídas en el precio de las acciones.
¿Por
qué debemos sostener con dinero público un negocio privado? Si
Bankia no es viable sin el apoyo público pues que sea
definitivamente pública. De esa forma, sí se podría sanear la
entidad, preservar los ahorros depositados y emplearlos de forma
segura y beneficiosa para el conjunto de la sociedad, y no en
beneficio de una minoría de grandes accionistas y gestores.
La
querella presentada por Izquierda Unida contra BFA-Bankia y los 32
exconsejeros de dichas entidades, que se suma a otras presentadas de
manera previa, plantea una exigencia de garantías y avales a los
denunciados para cubrir, tanto el coste que el rescate bancario ha
tenido para el Estado, como para cubrir el coste de las preferentes.
En total, el monto exigido rondaría los 27.000 millones de euros
que, de concederse, serían un enorme obstáculo a la privatización
de la entidad.
Hay
que impedir la privatización de Bankia. Si la permitimos será como
saltar de la sartén al fuego, pues habremos desperdiciado una enorme
cantidad de dinero público en beneficio de los grandes accionistas
privados que acaben dominando la entidad, y no evitaremos futuras
crisis. Y, además, perderemos a oportunidad de poner una parte de
los ahorros de la sociedad al servicio de un verdadero desarrollo
social.
Una
Banca pública, con finalidad social y bajo control democrático. Por
todo eso, reclamamos la nacionalización definitiva y completa de
BFA-BANKIA. Así mismo, exigimos que se detenga y se revierta el
proceso de privatización del resto de entidades nacionalizadas.
Bankia, con dichas nacionalizadas, debe constituir un banco público
de carácter estatal, cuya gestión esté participada por el Estado,
las comunidades y los ayuntamientos, bajo unas normas de gestión
democráticas y transparentes, que sea un servicio público vinculado
a las políticas económicas y sociales de las administraciones.
Una
Banca pública, con finalidad social y bajo control democrático
Por
todo eso, reclamamos la nacionalización definitiva y completa de
BFA‐BANKIA. Así mismo, exigimos que se detenga y se revierta el
proceso de privatización del resto de entidades nacionalizadas.
Bankia, con dichas nacionalizadas, debe constituir un banco público
de carácter estatal, cuya gestión esté participada por el Estado,
las comunidades y los ayuntamientos, bajo unas normas de gestión
democráticas y transparentes, que sea un servicio público vinculado
a las políticas económicas y sociales de las administraciones
públicas. Esta medida posibilitaría que la gestión de los ahorros
de la sociedad depositados en estas entidades esté dirigida a la
atención de las necesidades sociales, el desarrollo de unos
servicios públicos de calidad, acordes con la necesidades reales, y
de un sector público productivo, que contribuya decisivamente a la
erradicación del desempleo. Este banco público partirá de tres
medidas fundamentales:
a)
Tras la realización de una auditoría pública, realizada por
técnicos de la administración no vinculados a las entidades
financieras privadas, se procederá a tomar las medidas necesarias
para sanear la entidad. Los primeros en asumir las consecuencias de
su situación deben ser los accionistas y bonistas. Los siguientes,
los acreedores. A partir de la información suministrada por la
auditoría se establecerá qué deuda devolver y qué deuda se
considera ilegítima y, por tanto, no se devolverá, forzando una
quita de la deuda. La devolución del resto se reestructurará de
forma que no impida el desarrollo de la sociedad.
b)
Cese inmediato de los actuales directivos de BFA-BANKIA. Se abrirá
una investigación judicial para depurar las responsabilidades de
los directivos.
c)
Se respaldarán las medidas legales oportunas para defender los
derechos de todos los pequeños accionistas forzosos que hayan sido
engañados en beneficio de las entidades financieras para que
suscribieran productos financieros de alto riesgo.
A
partir de ahí, el banco se dotará de una estructura de gestión y
control democráticos, y se regirá por una política de servicio
público a la comunidad, fundada en 10 puntos básicos:
Elección
democrática y transparente de todos los integrantes de su consejo
de administración, y limitación de los salarios de todos los
directivos al salario de un trabajador público equivalente. Es
inaceptable que en un banco público, su presidente y su primer
ejecutivo estén ganando 500.000 euros anuales cada uno.
Incompatibilidad para formar parte de la dirección si se ha formado
parte de los consejos de administración de otras entidades
financieras durante los últimos 10 años.
Obligación
de rendir cuentas anual y públicamente, en los parlamentos de las
diferentes comunidades y central, en un lenguaje asequible para
todos los ciudadanos.
Su
gestión y control serán transparentes y participados por los
sectores sociales como fórmula para lograr la eficiencia y la lucha
contra el fraude.
Cierre
de las sucursales que la entidad sigue manteniendo abiertas en
paraísos fiscales.
El
parque de viviendas vacías en manos de las entidades que ahora
constituyen el nuevo Banco Público que reúnan las características
adecuadas, así como las de la SAREB, pasará a engrosar un parque
público de viviendas, que se alquilarán a precios asequibles
mediante una empresa pública de alquiler. Así mismo, los suelos en
manos de dichas entidades, también se incorporarán al patrimonio
público para su utilización con fines dotacionales o de vivienda
protegida.
Condonación
de la deuda a todas las personas desahuciadas por falta de recursos,
aplicando la dación en pago con carácter retroactivo. En los casos
de familias que se vean amenazadas por el desahucio por
imposibilidad de pagar las cuotas de su vivienda, se les aplicará
la dación en pago incorporando la vivienda al parque público y
podrán seguir viviendo en ella a cambio de una renta asequible.
La
entidad se vinculará también a sus territorios, pasando su
actuación a estar coordinada con las diferentes administraciones,
incluidos los Ayuntamientos, formando parte de sus planes de
desarrollo económico y social. Su prioridad será que los ahorros
de la sociedad se gestionen en beneficio de la sociedad, con
criterios de eficiencia económica y social. La obra social de las
antiguas cajas que crearon estos bancos, cuya utilidad social se
acredite en un proceso en el que participarán el conjunto de
sindicatos y colectivos sociales, se incorporará mediante un
proceso adecuado a los servicios sociales de las diferentes
administraciones. Todas las participaciones en empresas de las
entidades financieras pasarán a manos públicas. Además, la banca
pública sería el cauce para la gestión del cobro de los
impuestos, lo que abarataría sustancialmente el proceso.
Actuará
de prestamista para el sector público aplicando el mismo interés
que se le imponga desde el Banco Central Europeo, más un pequeño
incremento para cubrir los costes de gestión.
Detener
los despidos de trabajadores y trabajadoras, tanto de la parte
financiera como de su obra social y fundaciones. Es necesario
defender los puestos de trabajo, en condiciones dignas, además de
que existan medios para una atención adecuada a los impositores de
la entidad. Los trabajadores de la banca pública se incorporarían
al sector público.
Defensa
de unas plantillas en condiciones dignas y acordes con las
necesidades, así como del número de sucursales necesarias, para un
atención adecuada y evitar la exclusión financiera de las familias
más humildes.
Una
propuesta para el sector bancario
Ese
sería el primer paso para una propuesta integral sobre el sector
bancario. Se ha convertido a las cajas en chivos expiatorios de la
situación de todo el sector y, de paso, se ha aprovechado la crisis
para completar la conversión de las cajas en bancos privados. Pero
el conjunto del sector ha necesitado enormes ayudas públicas, lo que
ha tenido graves consecuencias para el sector público cuya deuda
también ha crecido alimentada por el rescate bancario, y está
suponiendo recortes del gasto social y nuevas privatizaciones. Los
bancos han recibido ayudas públicas en diferentes conceptos
—capital, avales,compra de títulos, esquemas de protección de
activos, garantías ofrecidas por el FROB en las entidades
privatizadas, créditos fiscales, adquisición de activos y
participación en el Sareb, etcétera—por importe de 314.110
millones de euros hasta finales de 2013. A ello se suman los
préstamos del BCE adeudados a esa fecha por un total de 206.760
millones. Gracias a ese respaldo público y a la garantía estatal
proporcionada para garantizar los depósitos inferiores a 100.000
euros, la banca privada ha evitado una quiebra general.
Además,
en la medida que el BCE tiene prohibido prestar a los Estados, le
han brindado una excelente fuente de financiación a los bancos
privados: tomar crédito del BCE, actualmente al 0,25% y prestar a
los gobiernos a un tipo de interés muy superior. Una parte
sustancial de los beneficios de la banca española provienen ya de
los diferentes títulos de deuda soberana que posee. En el período
2000‐2013, las Administraciones Públicas han abonado 141 mil
millones de euros más de gastos financieros que los que hubieran
pagado financiándose directamente desde el BCE. En 2013 hemos pagado
de más, una cifra similar a la que el Estado ha dedicado a
prestaciones por desempleo, 29 mil millones de euros.
Igual
que la energía o el agua, por citar sólo dos servicios básicos, la
gestión del ahorro de la sociedad es vital y debe transformarse en
un servicio público, guiado por el interés social y con la máxima
transparencia, lo cual es incompatible el funcionamiento de un banco
privado, que implica que su único objetivo es el máximo beneficio
para sus accionistas, y que es fuente de especulación, falta de
transparencia y crisis recurrentes, cuyas consecuencias pagamos la
mayoría de la sociedad. Por eso hacemos una propuesta integral para
el sector bancario, por la que pelear en los próximos años, de la
que la formación de una banca pública con las entidades actualmente
nacionalizadas sólo sería un primer paso y que se fundaría en
estas cinco medidas:
Nacionalización
de forma integral y definitiva del resto de las cajas de ahorros y
sus bancos participados, a fin de convertirlos en el pilar central
de una banca pública. Rechazamos la política de sanear entidades
con dinero público para posteriormente privatizarlas.
Las
ayudas públicas que se hayan facilitado al resto de entidades
bancarias (incluidos los préstamos del BCE), deben dar lugar a la
participación del Estado en la propiedad de dichas entidades y a
la entrada de representantes públicos en los consejos de
administración de las mismas. Una medida que supondría la
nacionalización del sector bancario rescatado para constituir una
verdadera banca pública, controlada democráticamente y con una
finalidad social, y que funcione de forma coordinada a nivel
estatal.
Realización
de una auditoría pública. No se transferirá ni un solo euro
público más a ninguna entidad hasta que se complete una auditoría
pública y transparente de las cuentas de todas las entidades
financieras españolas que permita establecer un plan de saneamiento
efectivo. La auditoría incluirá a las grandes empresas, dado que
ellas son las responsables de la mayor parte de la deuda. La
auditoría la realizará un organismo público formado por técnicos
no vinculados a los órganos directivos de las entidades
financieras, bajo supervisión democrática y sus resultados serán
públicos y expuestos de forma asequible para todos los ciudadanos;
se crearán los cauces para que los impositores puedan manifestar su
opinión ante el hecho que de que estas entidades, que gestionan sus
ahorros, se vendieran a otras entidades privadas sin contar con su
opinión. Esta investigación ha de servir para establecer el estado
real de los balances de los bancos y grandes empresas, así como
quiénes son los acreedores de dichas deudas y quiénes se han
beneficiado de la política de sobre endeudamiento practicada
durante los años de auge económico.
Decretar
una moratoria en el pago de la deuda. Hasta que no esté terminada
la auditoría se decretará una moratoria en el pago de la deuda
pública, la cual también tendrá que ser sometida a una auditoría
por el mismo procedimiento y con los mismos criterios que la
realizada a las entidades financieras. Dicha auditoría permitiría
establecer la situación real de la misma y quienes se han
beneficiado con el proceso de endeudamiento para, en función de
ello, establecer su legitimidad, lo que serviría de criterio para
establecer una quita forzosa que acabe con el sobre endeudamiento de
las Administraciones Públicas.
Se
establecerá un control efectivo del movimiento de capitales y se
intervendrán las sucursales o filiales de bancos españoles en
paraísos fiscales, a fin de evitar que las grandes fortunas eludan
sus responsabilidades fiscales y sociales.
FIRMA este manifiesto contra el proceso privatizador bancario del sector nacionalizado, y remite el manifiesto firmado con tu identificación antes del 15 de junio de 2014 a la dirección de correo electrónico: bancapublica@bancapublica.info
