ATTAC FRANCIA, ABRIL DE 2014 FRANÇAIS 
Desde que estalló la crisis, los gobiernos europeos y la Troika-
la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional-
aplican recortes presupuestarios en los programas sociales (austeridad) y
políticas que sirven las multinacionales y los inversores privados
(competitividad). Pero esas medidas suscitan fuertes resistencias sociales en
numerosos países europeos.
La apisonadora de las medidas de austeridad y competitividad
está bajo el signo de TINA, el apodo de Margaret Thatcher: There Is No
Alternative (“no hay alternativa”). Así, en toda Europa, los gobiernos,
tanto de derecha como de izquierda, aplican el mismo programa, inevitablemente
presentado como “doloroso pero necesario”. Y eso a pesar de tener resultados
catastróficos: agravamiento del paro, de la crisis económica, tensiones
sociales,... y el vigoroso retorno de la extrema derecha.
Sin embargo, existen alternativas. Movimientos sociales se
alzan en los países más afectados por la crisis, protestando por las
privatizaciones, los retrocesos sociales, la destrucción de la sociedad y de la naturaleza.
Estas luchas, que intentan coordinarse a nivel europeo, se multiplican y
diseñan otros proyectos de sociedad, poniendo las necesidades ecológicas y
sociales de todas por delante del lucro de una minoría.
Con esta pequeña guía, ATTAC os propone un repaso de lo que
está en juego con las políticas llevadas a cabo en Europa, así como de las
luchas y alternativas que se desarrollan en su seno. Estamos convencidas de
ello: los movimientos de resistencia a la ofensiva neoliberal que tienen lugar
en Europa pueden unirse y así invertir la tendencia.
CUANDO LA COMPETITIVIDAD INTOXICA
LA SOCIEDAD
La “competitividad” se ha vuelto el único horizonte de las
políticas públicas de los gobiernos europeos. Promete un futuro mejor al
estimular el crecimiento económico y el empleo. El principio es simple: en un
contexto de libre circulación del capital, las economías europeas están
compitiendo para atraer inversores y empresas.
Para mantener elevados niveles de empleo y de crecimiento, los
gobiernos sólo tendrían una alternativa: doblegarse a la voluntad de los
mercados. Fiscalidad de mínimos, rebajas en las normas medioambientales,
exoneración de cotizaciones patronales, derechos sociales a la baja,
privatizaciones... Un verdadero dumping
social y medioambiental que le cuesta caro a la colectividad.
Por supuesto que no sería “competitivo” hacerles pagar el
precio a los empresarios o a los más ricos (los inversores potenciales...): por
lo tanto, es a las clases medias o populares a quién se pide contribución,
a través del aumento de los impuestos sobre el consumo, como el IVA. Por toda
Europa la fiscalidad sobre las empresas se ve aligerada en detrimento de los
hogares.
Competitividad obliga: se grava menos a los factores llamados
móviles (el capital, las rentas más elevadas) y más a las clases populares y
medias. En Grecia esta lógica se lleva al extremo: con una bajada del impuesto
sobre beneficios de las empresas (del 25% al 10%) y un incremento de los
impuestos sobre el consumo, las empleadas y jubiladas soportan el 55,5% de la
carga fiscal, con solamente el 28% para las empresas. Un verdadero "saqueo" fiscal.
Y cuando no se benefician de impuestos muy bajos, las transnacionales
como Amazon y Google utilizan las diferencias de fiscalidad entre países, y los
paraísos fiscales, para no pagar apenas impuestos. En cambio los contribuyentes
pagan para rescatar a los bancos: en Irlanda el 40% del PIB ha sido inyectado
al sector bancario por los contribuyentes.
Las políticas de competitividad consisten también en “moderar”
o incluso reducir los salarios y los derechos sociales para el mayor beneficio
de las empresas. Tanto en la Europa del Norte como en los países del Sur, se
golpea de lleno a los asalariados:
- En Grecia, desde hace 4 años, el poder adquisitivo ha bajado
en un 37%, los convenios colectivos que garantizan los derechos de los
trabajadores fueron lisa y llanamente suspendidos en 2011.
- En Portugal, el número de asalariados protegidos por un
convenio colectivo pasó de 1,5 millones en 2010 a 300.00 en 2012.
- En España, el nivel medio de los salarios es ahora inferior
a un tercio del de la zona euro, y el gobierno se felicita por ello puesto que
eso “estimula las exportaciones”.
- En la Europa septentrional, tales políticas constituyen un
modelo para la mayoría de los gobiernos:
- En Alemania, el modelo basado en la compresión de los
salarios para estimular las exportaciones ha provocado una explosión de la
pobreza en una parte de la sociedad, y obliga ahora al establecimiento de un
salario mínimo.
- Con la Ley sobre Protección del Empleo de 2013, Francia se
ha embarcado en la vía de los “acuerdos competitividad-empleo” que autorizan a
las empresas a disminuir los salarios. La patronal que reclamaba la disminución
de las “cargas” sociales y fiscales ha sido escuchada una vez más con el “Pacto
de responsabilidad”.
Sin embargo, la competitividad no es solo una cuestión fiscal
o social. En Grecia y en Rumanía, se han reabierto minas de oro a pesar de las
consecuencias dramáticas para el medio ambiente (en particular por el vertido
masivo de cianuro). En toda Europa, los lobbies
de la industria extractiva se movilizan para obtener la autorización para
extraer gas de esquisto a pesar de los peligros notorios asociados a esta práctica.
Polonia, punta de lanza del fracking en
Europa, sufre hoy sus consecuencias.
El deseo de atraer los grandes inversores a toda costa conduce
los dirigentes europeos, nacionales y locales, a multiplicar las
privatizaciones y en consecuencia a unas tarifas infladas para los
consumidores. Las transnacionales francesas fueron invitadas por el presidente
de la república griego a participar en este gran mercado de saldos: Suez,
candidata para la compra del servicio de aguas potables en Salónica, o Vinci
que ha comprado los diez principales aeropuertos de Portugal.
“Seducir” a los inversores pasa también por financiar grandes
proyectos inútiles o incluso perjudicial, como el aeropuerto en Notre-Dame-des-Landes[1], en Bretaña, o la línea férrea Lyon-Turín.
Proyectos todos ellos para el mayor beneficio del sector privado, con una
utilidad social desdeñable en comparación con los costes económicos y
medioambientales.
La universidad y la investigación no se escapan: deben también
someterse al dogma de la competitividad, entrar en una lógica de competencia y
encontrar financiación privada. La investigación está totalmente enfocada a la
rentabilidad a corto plazo y los investigadores se ven cada vez más sometidos a
esta lógica de competencia.
La movilización ciudadana permitió rechazar el acuerdo
comercial anti-falsificación (conocido con las siglas de ACTA) que habría
representado un atraso considerable en el respeto a la vida privada, de los
derechos de la ciudadanía en Internet, en el acceso a los medicamentos
genéricos o para la utilización de las semillas agrícolas. Con la apertura de
la negociación de un acuerdo transatlántico entre la Unión europea y los
Estados Unidos, son las normas sociales, medioambientales y sanitarias las que
se ven atacadas, ya que se las presenta como un obstáculo a la
“competitividad”. Las empresas tendrían derecho a demandar a los Estados ante
tribunales arbitrales privados. Se está organizando una movilización ciudadana
en ambos lados del Atlántico para invalidar este proyecto.
Estas políticas de competitividad son doblemente mortíferas:
instauran la competencia entre los pueblos, viéndose los Estados inmersos en
una guerra económica que destruye los modelos sociales fruto de largas
luchas.... y contribuyen así al auge de corrientes nacionalistas y xenófobas.
LA AUSTERIDAD: UNA CATÁSTROFE ECONÓMICA Y UN ATAQUE RADICAL A
LOS DERECHOS SOCIALES.
La austeridad es la forma de socializar el coste de las
políticas de competitividad que garantizan el beneficio privado.
El principio es el siguiente: con la crisis financiera, el
rescate de los bancos, la crisis económica y la recesión, los gobiernos han
acumulado una importante deuda pública que constriñe sus presupuestos. Les es
imposible “poner en marcha la máquina de hacer billetes” (el Banco Central Europeo se opone a ello) o aumentar los impuestos sobre los ricos o sobre las
empresas, por razones de competitividad. Es insuficiente contentarse con
aumentar la presión fiscal sobre las clases medias y populares.
La solución elegida por los defensores de la austeridad para
equilibrar gastos e ingresos consiste por lo tanto en dar sablazos al gasto
público. Esto pasa por recortes en la plantilla y la nómina de la función
pública (y, por lo tanto, en los servicios públicos), y también en la
protección social (desempleo, salud, vivienda, jubilación...).
En Grecia, Portugal y España, se cierran escuelas y se
despiden docentes. Se cierran o privatizan hospitales, se malvenden servicios
públicos en beneficio de transnacionales o de intereses privados locales.
La precariedad del empleo y de las condiciones de vida son
ahora norma, se sacrifican las jubilaciones, los jóvenes se ven condenados a la
emigración, en apenas dos o tres años el descenso del nivel de vida es radical,
la renuncia a enfrentarse al desafío ecológico se justifica cínicamente con la
crisis económica y social.
Los países del norte de Europa no se quedan atrás. En Francia,
el presidente Hollande ha anunciado un plan de ahorro de 70.000 millones de
euros sobre el conjunto de su quinquenio. En 2010, el gobierno británico puso
en marcha un plan de austeridad sobre 5 años, de hasta 90.000 millones de euros
de recortes, o sea el 14% de los gastos. En su programa: eliminación de
prestaciones sociales, ampliación de la edad de jubilación hasta los 66 años,
privatizaciones parciales o totales (salud, policía, servicios sociales,
servicios públicos locales…).
Esta política contiene sin embargo su propio fracaso: la
recesión que organiza incrementa los déficit y la deuda pública en toda Europa.
Este fracaso justifica nuevos recortes, los cuales agravan la crisis. La
austeridad es por lo tanto un programa sin fin de desmantelamiento del derecho
al trabajo y de la protección social, así como de privatización de los
servicios públicos.
Sus resultados son catastróficos en todos sus aspectos. Las tasas
de desempleo llegan a unas cifras superiores a las de la crisis de los años 30:
cerca del 30% en Grecia y Portugal. Él de los jóvenes es vertiginoso: 63% en
Grecia, 57% en España. Esta política brutal incrementa la desigualdad. La
justicia social, la aspiración a la democracia, la emancipación del
hombre, se han convertido en obstáculos a reducir.
El caso griego
De 2010 a 2012 el poder adquisitivo de los griegos ha caído en
un 50%. Las medidas de austeridad han destrozado el consumo interior, las
empresas no tienen perspectivas de futuro, las quiebras se multiplican. El PIB
se ha encogido en un 25% de 2009 a 2012. El desempleo se ha visto multiplicado
por 3 entre 2009 y 2012. En 2013, del 1,3 millón de parados solamente 200.00
beneficiaban de alguna prestación, de entre 180 y 468€. Los jóvenes pagan un
elevado tributo, con un 56,4% de paro. Muchos solo tienen un deseo: emigrar.
La pobreza alcanza un récord con más de una persona de cada 5
bajo el umbral de la pobreza. Por primera vez desde 1950 la mortalidad infantil
está en aumento. Los recortes presupuestarios han tenido unas consecuencias
dramáticas. el ejemplo de la salud lo atestigua. Desde 2010 la financiación de
los hospitales públicos ha disminuido en un 40% cuando, en el mismo tiempo, la
demanda de cuidados hospitalarios aumentaba en un 24%. La reducción del
personal y el deterioro de las infraestructuras ha reducido gravemente el
acceso a la asistencia médica.
Así es como la Troika no ha salvado Grecia sino que la ha
hundido en el caos. La deuda y los déficit han estallado y la divergencia de
competitividad se ha visto incrementada entre Grecia y los demás países de la
Unión europea. Grecia no es un caso aislado, ni mucho menos, si bien es cierto
que ha recibido el “tratamiento” más brutal.
UN EDIFICIO ANTIDEMOCRÁTICO DONDE LAS FINANZAS SON LA CLAVE
Basta con constatarlo: las políticas de austeridad y de
competitividad, supuestamente diseñadas para responder a la crisis, no hacen
más que empeorarla. La austeridad crea recesión y destruye las economías
europeas. Las políticas de competitividad ponen en peligro el contrato social y
no han cumplido nunca sus promesas en materia de empleo. Los beneficios se disparan
y la precariedad se generaliza...
Estas políticas no solamente son peligrosas para nuestras
sociedades, sino que aparecen cada vez más como la negación misma del principio
de democracia; lo atestiguan los mecanismos institucionales anti-democráticos
que contribuyen a la aplicación del dogma austeridad-competitividad:
- La Troika, constituida por tres instancias no-elegidas,
impone políticas desastrosas en los países sobreendeudados de Europa. En nombre
de la crisis de la deuda pública, actúa como un bombero pirómano. Los
parlamentos nacionales acatan, sin debate alguno.
- La crisis de la deuda pública en Europa se ha visto agravada
por la política irresponsable del Banco central que ha llevado a cabo una
política monetaria a favor de los intereses de los bancos privados. Al final,
la especulación efectuada por los bancos sobre las deudas soberanas les ha
permitido sacar unos beneficios considerables.
- Los mecanismos de control de los presupuestos nacionales,
definidos por el Tratado Presupuestario adoptado en 2012, y varios paquetes de
directivas europeas (six-pack, two-pack) definen una “gobernanza
económica” que somete los presupuestos nacionales a un control estricto por
parte de la Comisión Europea, antes incluso de ser examinados por los
parlamentos nacionales - que se han convertido en meras cámaras de registro.
Peor aún, se prevén sanciones automáticas contra los Estados en caso de no
respetar sus compromisos.
¿Acaso la palabra “democracia” ha devenido huera? A los
mecanismos institucionales creados para reducir la libertad de decisión de los
cargos electos, se añade el cinismo de los dirigentes con programa de “cambio”,
quienes una vez elegidos confirman el dominio de los más ricos. Por ejemplo,
François Hollande se había comprometido durante su campaña presidencial a
romper con la austeridad en Europa y a renegociar el tratado presupuestario.
Nada más ser elegido, sin embargo, lo ratificó en seguida. Una de las causas
profundas de esta huida hacia adelante austeritaria, preñada de retrocesos
sociales y democráticos y de destrucción de la naturaleza, es ante todo la opción
de los dirigentes europeos de no oponerse al mundo financiero. El poder
económico considerable del que gozan las transnacionales y los medios
desmesurados que emplean para influir en la decisión pública contribuye
indudablemente a inclinar la balanza a su favor.
Pero por fuerza tenemos que constatar que la dimisión de los
cargos electos les facilita la tarea. Al adherirse al dogma de la austeridad y
de la competitividad, se convierten en managers
de un territorio o de un país, donde su papel consiste en atraer empresas e inversores
privados, al mismo tiempo que comprimen los gastos. Entonces, ¿son todavía
representantes de sus electores?
Esta renuncia sin embargo no es inevitable, ¡ni mucho menos!
Existen propuestas para meter en cintura el mundo de la finanza y sacar margen
de maniobra presupuestaria para promover políticas sociales y ecológicas.
Numerosos movimientos se están extendiendo por toda Europa. Traen consigo alternativas
llenas de esperanza.
LUCHAS SOCIALES EN EUROPA
El más emblemático de los movimientos nacidos de las políticas
de austeridad en Europa es el movimiento de las plazas. Se inició en España el
15 de mayo de 2011. Decenas de millares de estudiantes, parados, trabajadores y
ciudadanos de todas las edades expresaron su ira. Llamaron a una democracia
verdadera. Inspirándose en las revoluciones árabes, decidieron acampar en la
Puerta del Sol de Madrid. A esta iniciativa siguió una manifestación histórica en
Portugal organizada por jóvenes con empleos precarios; también se propagó a
Grecia, donde los Indignados se instalaron en la Plaza Syntagma, en frente del
parlamento griego.
Estas movilizaciones contribuyeron a poner en marcha, en
contra de la resignación que imperaba, a centenares de miles de personas.
Prepararon el terreno para unas victorias importantes en contra de los
desahucios, o contra el proyecto de privatización de los hospitales de la Comunidad
de Madrid, abandonado en febrero de 2014 tras más de un año de movilizaciones.
En Grecia, el movimiento de las plazas inició importantes
movilizaciones contra la privatización del agua o la reapertura de minas de
oro, o iniciativas de solidaridad local como la de los ambulatorios sociales
autogestionados. Las asambleas de barrio han propiciado un renovación de la
izquierda, que se tradujo en éxitos electorales para Syriza (partido griego de
izquierda). Por lo tanto este movimiento ha contribuido a la vez a obtener
victorias concretas y a renovar el paisaje de contestación social en el plano
sindical y político.
El movimiento de las plazas contribuyó también, conjuntamente
con las centrales sindicales de los países del sur de Europa, a la organización
de una huelga general simultánea en España y Portugal el 14 de noviembre de
2012, y de manifestaciones contra la austeridad en la mayoría de los países
europeos ese mismo día.
En Italia, en 2010, la movilización de los comités ciudadanos para el agua pública permitió frenar en seco la privatización del agua. Esta
movilización popular ha permitido reunir las firmas necesarias para la
organización de un referéndum abrogativo organizado en 2011. A pesar de la
desinformación, la privatización ha sido rechazada masivamente, con una
participación récord. Validando de esta manera el eslogan de los comités
ciudadanos: “Se escribe AGUA, ¡pero se lee democracia!”.
En Bretaña, ha sido el proyecto del nuevo aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes , el que ha cristalizado la ira ciudadana
contra un modelo de sociedad donde el desarrollo económico se realiza en contra
de la naturaleza y de los pueblos. Francia también ha conocido a partir de 2011
un amplio movimiento popular contra el fracking,
que culminó con la puesta en marcha de una moratoria sobre la explotación de
hidrocarburos no convencionales. A este movimiento, hace eco la fuerte
movilización anti-fracking en Polonia, donde campesinas y ciudadanas han impedido provisionalmente la
explotación del subsuelo por la multinacional estadounidense Chevron.
En Europa del Este y en los Balcanes se han dado una secuencia
de movilizaciones históricas, con manifestaciones muy importantes en Rumanía,
Bulgaria, y más recientemente en Bosnia y Eslovenia.
En Alemania, delante del Banco Central Europeo, las
movilizaciones Blockupy Frankfurt,
organizadas desde 2012, denuncian la Europa de las finanzas. En Gran Bretaña,
la Coalition of Resistance, que reúne
sindicatos, movimientos ciudadanos y los No Cuts, está en el origen de unas manifestaciones, sin precedente desde hacía
décadas, contra el drástico plan de austeridad del gobierno de Cameron.
Estos movimientos debaten juntos, celebran encuentros,
permitiendo así la creación de redes europeas de movilización; ha sido el caso
en salud, en vivienda. Si bien todavía no está al orden del día una
contestación general, estos movimientos constituyen sin embargo los embriones
necesarios al diseño de alternativas nacionales pero también europeas.
CONCLUSIÓN
En muchos países la ciudadanía se organiza y se moviliza. En
el plano local o nacional, articuladas o no en el plano europeo, estas
movilizaciones contribuyen a algunas victorias contra las políticas neoliberales,
y abren el camino a unas rupturas políticas. Estas implican la emergencia de
fuerzas políticas progresistas, a las cuales contribuyen los movimientos
sociales al tiempo que conservan una exigente autonomía.
ATTAC apoya los movimientos que actúan contra el diktat del mundo financiero, de la
austeridad y de la competitividad, contra esta Unión Europea de las
oligarquías, construida por y para ellas. La coordinación entre esos
movimientos en el plano europeo debe tener un papel importante. ATTAC Francia
obra con la red de ATTAC en Europa en pos de la construcción de un espacio de
reflexión y de acción para todas las que desean llevar adelante un proyecto
democrático y la construcción de un porvenir común.
Después de la Universidad de Verano Europea de los Movimientos Sociales, en París, del 19 al 23 de agosto de 2014, lugar de intercambio, de
debate y de coordinación de los movimientos europeos, ATTAC estará en Frankfurt
en otoño de 2014, para las importantes movilizaciones que se organizarán con
ocasión del traslado del Banco Central Europeo, y que representarán otro
momento de coordinación de las luchas, la expresión de una resistencia global y
del paso a la ofensiva de los movimientos sociales.
¡En Francia y en Europa, movilicémonos!
[1] Notre-Dame-des-Landes,
(departamento Loire-Atlantique, región Pays de la Loire) es como llaman a la
población bretona de Kernitron-al-Lann en la jerga al uso entre centralistas de ambos lados
de los Pirineos)
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