Para adherirte a este manifiesto: envia un correo a reformafiscalequidad@gmail.com indicando nombre completo y breve reseña de perfil profesional-social.
Las
personas abajo firmantes sentimos la necesidad imperiosa de
pronunciarnos como ciudadanas y profesionales informadas y preocupadas
por la actual orientación de la política social, y en particular por la
reforma fiscal que está preparando el Gobierno. No podemos permanecer
impasibles ante la aparente unanimidad, por acción u omisión, de la
clase política y de la profesión económica en torno a unos principios,
supuestamente inapelables, que responden exclusivamente a intereses
neoliberales y patriarcales. Callar nos hace cómplices. Consideramos que
la situación de emergencia social que vive nuestro país, y las
perspectivas de agravarse sustancialmente con la actual orientación,
exige un pacto de todas las personas preocupadas por la deriva
antisocial que estamos sufriendo. Un pacto para frenar los recortes de
la ya escuálida protección social existente en España y para potenciar
un golpe de timón que nos conduzca a una sociedad equitativa y
sostenible, tanto en nuestro país como a escala mundial.
1.- La
Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español es
ilegal, pues su composición (8 hombres y ninguna mujer) vulnera la Ley
de Igualdad (1).
Acusamos al Gobierno de abuso de poder, amparándose en la impunidad que
le concede ser responsable de hacer cumplir la norma que él mismo
vulnera. No es cierto que no haya expertas, por tanto es injustificable
el incumplimiento de la ley.
2.- Las
recomendaciones de la Comisión de Expertos, y los anuncios del
Gobierno, constituyen un paso más en la vía trazada por el poder hacia
el desmantelamiento de nuestro sistema de impuestos, prestaciones y
servicios públicos. A lo largo del siglo XX se fue perfilando un
consenso social que permitió a algunos países, como España, implantar
sistemas de prestaciones e impuestos progresivos a pesar de las
resistencias por parte de una minoría muy poderosa. Organismos como el
Banco Mundial, el FMI y la Comisión Europea abogan por la privatización y
el recorte de servicios públicos y prestaciones sociales, por la
desregulación indiscriminada de los mercados laborales, por rebajar los
impuestos y las cotizaciones empresariales, y por reducir la
progresividad de los impuestos sobre la renta, incrementado
paralelamente los impuestos indirectos como el IVA.
3.- Este
camino no nos lleva a ningún sitio nuevo sino a la situación que aún se
vive en la mayoría de los países del mundo y que vivíamos en España
antes de la reforma fiscal de 1977 (por la que se creó el IRPF como
impuesto sobre la renta personal progresivo), de la Ley General de
Sanidad de 1986 (por la que se estableció el derecho universal a la
asistencia sanitaria pública), de la Ley General de Seguridad Social de
1966 (con vocación de aseguramiento público a todas las personas
trabajadoras y ante todas las contingencias que originan pérdida del
salario), etc.
Sin
sistemas universales de prestaciones y servicios públicos, imposibles
de mantener sin un sistema impositivo progresivo y generalizado,
tendremos una sociedad en la que una gran parte de la población se
encontrará en la economía sumergida y, por tanto, sin protección social,
sin pensiones, y sin prestaciones por enfermedad y por desempleo. Una
sociedad con un nivel de servicios públicos aún inferior al actual, con
una educación y una atención sanitaria pública deficiente, sin sistemas
públicos de educación infantil y de atención a la dependencia. En
definitiva, una población abandonada a su suerte y sumida en la pobreza,
con bajos niveles de cohesión social y altos índices de violencia. Esta
es la situación en todos los países que no han conseguido implantar
generalizadamente estos sistemas de impuestos progresivos, prestaciones y
servicios públicos de alcance universal, por más que algunos de sus
gobiernos proclamen la era del post-neoliberalismo.
Por
encima de declaraciones o propuestas supuestamente imaginativas, es
necesario analizar las condiciones en las que vive la mayoría de la
población en cada país para observar los efectos de las distintas
políticas fiscales. Es cierto que nuestro sistema debe ampliar su ámbito
de protección para incluir todas las necesidades aún no cubiertas y a
todas las personas que aún siguen excluidas, eliminando los elementos
que responden al imaginario de familia compuesta por un hombre ganapán
alejado del ámbito familiar y una esposa cuidadora alejada del empleo,
sin ingresos y sin derechos. Pero sería muy perjudicial tratar de buscar
sustitutivos o atajos: la única vía para la justicia social y para un
desarrollo económico sostenible es un sistema de bienestar basado en
impuestos progresivos generalizados y servicios públicos universales.
Esta es la única base posible para construir un modelo que haga realidad
el derecho a una vida plena en condiciones de equidad para todas las
personas.
4.- La
espiral en la que ya estamos, y que tenemos que revertir, se compone de
varios elementos complementarios: por un lado, se recorta hasta el
extremo el gasto social, con el argumento de que el déficit público es
insostenible. Por otro lado, se rebajan tanto como sea posible los
impuestos (sobre todo a las empresas y a las rentas altas), con el
argumento de que menores impuestos aumentarán la capacidad de consumo de
los hogares y animarán a las empresas a crear empleo. En tercer lugar,
se recortan los derechos laborales y se bajan los salarios tanto como
sea posible, con el mismo argumento de animar a las empresas. Por
último, se intenta que la mayoría de las mujeres se mantengan en la
precariedad laboral del tiempo parcial y que abandonen sus empleos
cuando las necesidades familiares lo requieran, con el argumento de
contener la caída de la fecundidad.
5.- Todos
estos argumentos son falaces. Para contrarrestarlos no hace falta
apelar a complicados análisis económicos; bastan los argumentos que
están en la base de la creación de los estados de bienestar y los
principios ampliamente aceptados por los que debe regirse la actuación
del sector público en una sociedad democrática, el principal de los
cuales es el de ‘a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades’, partiendo del hecho cierto de que la inmensa mayoría de la población no puede afrontar esas necesidades individualmente.
La
novedad, hoy, es que la historia nos muestra mucho más claramente los
efectos de las diferentes orientaciones políticas, y en particular de la
que ahora está imponiéndose. La novedad es también, y a pesar de lo
anterior, que la correlación de fuerzas social ha cambiado, con la
colaboración imprescindible de profesionales, “expertos” e instituciones
que hacen aparecer la doctrina neoliberal como neutra, científica o
incluso como la única alternativa viable. Esta orientación es desastrosa
para la sociedad pero produce pingües beneficios a los grandes
capitales financieros. Desgranemos algunas evidencias básicas que hoy se
niegan interesadamente, así como los intereses ocultos que se
encuentran detrás de esa negación.
6.- Subir el IVA y bajar el IRPF es pernicioso:
el elevado protagonismo de los impuestos sobre el consumo es
problemático porque aplican el mismo tipo impositivo a todas las
personas, lo que supone gravar proporcionalmente más a quien menos tiene
(recordemos que, debido a su menor capacidad de ahorro, las personas
pobres consumen una proporción más alta de sus ingresos que las ricas).
En cambio, los impuestos sobre la renta progresivos (como el IRPF)
tienen una función redistributiva además de la recaudatoria. Por otro
lado, una imposición directa débil no proporciona recaudación suficiente
para mantener una buena protección social. En todos los países en los
que se ha construido un estado de bienestar sólido, el impuesto sobre la
renta progresivo es la fuente de recaudación más importante, lo que
contribuye decisivamente al consenso social que permite la implantación
generalizada del conjunto de los tributos. Romper estos equilibrios
deslegitima el sistema ante la población y, como consecuencia directa,
hace que aumente la economía sumergida, sin derechos para las personas
trabajadoras y sin posibilidad de control sobre los productos y
servicios por parte de la ciudadanía. Los datos disponibles sobre el
fraude fiscal en España confirman que en el periodo 2003-2012 ha
aumentado. La pérdida de recaudación consiguiente al aumento de la
economía sumergida conduce a ulteriores recortes, que profundizan la
deslegitimación; y así sucesivamente. Esta es la espiral perversa en la
que nos encontramos.
7.- Es
falso que el aumento del IVA pueda compensar el descenso en recaudación
originado por las rebajas de IRPF y cotizaciones sociales empresariales.
En los países en los que los impuestos sobre el consumo tienen más
protagonismo que los impuestos directos, la recaudación total en
términos del PIB es mucho menor, precisamente debido al gran peso de la
economía sumergida. De hecho, la última subida del IVA en España (tipo
general del 18% al 21%, tipos reducidos del 8% al 10%, en Septiembre de
2012) tuvo un efecto negativo sobre el consumo declarado, y
cabe sostener que una parte de esa reducción se debe al aumento de la
economía sumergida. La recaudación aumentó, pero solo ligeramente si
tenemos en cuenta la subida del IPC. Contra estas evidencias, la
Comisión Europea, el Gobierno y los “Expertos” continúan barajando la
posibilidad de aumentar el peso relativo del IVA frente al de los
impuestos directos.
8.- Es
falso que una reducción generalizada de los impuestos sobre la renta,
de sociedades y de las cotizaciones empresariales sea necesaria para el
crecimiento económico. Al contrario, es muy perjudicial. No son los
impuestos sino otros factores los que han hecho desmoronarse la
actividad productiva en España, entre los que destacan las burbujas
financiera e inmobiliaria y, posteriormente, la falta de crédito a las
empresas y el derrumbe de la demanda interna (consumo), tanto de las
familias como de las Administraciones Públicas. Con altos índices de
desempleo, reducciones salariales, inestabilidad laboral y recortes en
los servicios públicos y prestaciones sociales, las familias tienen
menor renta disponible y, las que pueden, aumentan el ahorro en
previsión de futuras necesidades familiares y contingencias no cubiertas
por el aseguramiento público. Quienes propugnan recortes sociales con
la excusa de contener el déficit público son los mismos que también
reclaman estas reducciones de impuestos, lo que provoca disminuciones en
la recaudación, agravando el problema del déficit. Y así sucesivamente.
El
mantra neoliberal según el cual las empresas producirían más si los
costes laborales fueran más bajos, y las familias consumirían más si
bajaran los impuestos sobre la renta, ignora interesadamente todos estos
factores y no aporta pruebas empíricas. Y es que las pruebas empíricas
existentes van en sentido contrario: los países más competitivos y los
que están menos afectados por la actual crisis son los países nórdicos,
donde el estado del bienestar es más sólido y el mercado de trabajo más
estable, por supuesto con una mayor presión fiscal.
9.- En
particular, la tarifa plana de 100 euros de cotización empresarial para
los nuevos contratos puede causar estragos en el mercado laboral, en la
vida de las personas y en la sociedad en su conjunto. Además de
originar pérdidas importantes de recaudación y despidos de personas
productivas (como consecuencia de la sustitución de unos tipos de
contratos por otros más baratos), supone un incentivo a las jornadas
laborales largas, en un país que ya es uno de los europeos con mayor
número de horas trabajadas por persona empleada a tiempo completo.
España necesita urgentemente medidas para la reducción y racionalización
de horarios, empezando por la reducción de la jornada laboral máxima
para hacerla compatible con la vida familiar y personal y para repartir
el empleo. No hay ninguna razón para esa tarifa plana, una medida
irresponsable y sin precedentes en las economías avanzadas. Este
elemento se une a la eliminación de restricciones a las horas
extraordinarias en los contratos a tiempo parcial por la Reforma Laboral
de 2012.
10.- Por
encima de los argumentos supuestamente técnicos, todas estas
operaciones tienen una intención y unos efectos muy claros. En primer
lugar, que las rentas altas y los grandes capitales paguen cada vez
menos impuestos. Hasta las rebajas generalizadas del IRPF son más
importantes para las rentas altas. En segundo lugar, según se recortan
las prestaciones y los servicios públicos aumenta el negocio de los
servicios privados. Este negocio está potenciado por las privatizaciones
de los servicios públicos, pero también, y muy importante, por los
recortes sociales y la falta de atención a las necesidades básicas de la
población. Por ejemplo, a la vez que se rebajan las pensiones y se
paraliza la creación de sistemas públicos de atención a la dependencia,
avanzan los planes de pensiones y los seguros de dependencia privados,
que aún son incipientes en nuestro país.
11.- En
cuanto a política familiar, la única recomendación de la Comisión de
Expertos y del Gobierno es la de mantener o aumentar la desgravación
para mujeres con hijos/as menores de tres años (actualmente llamada “deducción por maternidad” (2) ), según el Ministro Montoro como una medida para proteger “a los más débiles, a la mujer y a la familia”; y según el informe de la Comisión de Expertos en consideración a que “los niños…. representan de por sí una importante carga de trabajo para las madres”.
En
la realidad, estas desgravaciones están muy lejos de solucionar los
problemas a los que se enfrentan las mujeres trabajadoras que quieren
tener descendencia sin perder su inserción en el empleo y sus
posibilidades de desarrollar una carrera profesional: ¿cómo alguien
puede pensar que con un máximo de 100 euros al mes se puede suplir la
carencia de escuelas de educación infantil pública, el déficit de
permisos para los padres (con su consiguiente falta de implicación en el
cuidado) y la incompatibilidad de los horarios a tiempo completo con la
vida de cualquier persona, no digamos ya de padres y madres? 100 euros
al mes para la madre no resuelven estos problemas de las familias pero
tienen un efecto perverso: refuerzan la creencia según la cual las
criaturas son responsabilidad exclusiva de las madres.
12.- Las
familias reales se enfrentan a enormes problemas: el padre (o la ‘otra
persona progenitora’) no puede iniciarse adecuadamente en el cuidado de
sus bebés porque, a pesar de ser el permiso de paternidad una prestación
contributiva de la Seguridad Social, solo dura las 2 primeras semanas
(la octava parte que el de la madre biológica, que es de 16 semanas).
Los servicios públicos de educación infantil son escasos. Los horarios
de trabajo a tiempo completo son excesivamente largos e incompatibles
con el cuidado. Estos problemas se agravan en el caso de las familias
monoparentales y cuando existen en la familia otras personas
dependientes a las que cuidar. De nada de todo esto trata el informe de
la Comisión de Expertos ni las declaraciones gubernamentales sobre la
reforma fiscal efectuadas hasta el momento.
13.- Sorprendentemente ni la Comisión de Expertos ni el Gobierno mencionan la actual tributación conjunta de los matrimonios (3). La
desgravación por tributación conjunta de los matrimonios es regresiva,
pues por su carácter de reducción de la base imponible es creciente con
el nivel de renta. Para las mujeres casadas con hombres de rentas medias
y altas, esta desgravación es un incentivo más a la permanencia en el
hogar y/o en la economía sumergida. Esto es así debido a que la familia
se beneficia de esta deducción cuando la mujer no trabaja fuera de casa
(y no existe, por tanto, acumulación de rentas salariales, propiamente
dicha). Pero a la hora de decidir si esa mujer se incorpora o no a un
empleo declarado, esa deducción se perdería o disminuiría, lo que acaba
repercutiendo en un aumento de la imposición efectiva sobre ese posible
salario adicional(4). Además,
la tributación conjunta de los matrimonios contribuye a la opacidad de
las rentas individuales ante la Administración Tributaria (ya que en la
declaración solamente se consigna la suma), dificultando la lucha contra
el fraude y minorando la calidad de los estudios estadísticos y
económicos. ¿Cómo es posible que la Comisión de Expertos se olvide de la
tributación conjunta cuando la anterior reforma fiscal ya señalaba
estos problemas y la necesidad de su revisión? (5) Es
muy sintomático que sea ésta, precisamente, la única desgravación
importante que la Comisión de Expertos no cuestiona. Puede que el sesgo
patriarcal en la elección de la comisión explique este olvido.
14.- En
consonancia con su carácter exclusivamente masculino, la Comisión de
Expertos refleja en su informe una idea de la sociedad absolutamente
desfasada respecto a la realidad actual, refiriéndose sistemáticamente a
“el contribuyente y su familia” y considerando a las mujeres como cargas objeto de “exención por cónyuge”.
Sin embargo, las mujeres estamos igualmente capacitadas y dispuestas
que los hombres para ser ciudadanas y contribuyentes de pleno derecho en
función de nuestros propios ingresos. En España somos el 46% de la
oferta laboral (el 46% de las personas ocupadas y el 47% de las personas
paradas); el 50% de las personas contribuyentes individuales; el 51% de
todas las personas con titulación superior. Por otro lado, el número de
padres es aproximadamente igual que el de madres, y los hombres acogen
de muy buen grado las medidas efectivas para su implicación en el
cuidado (6).
Así
pues, no necesitamos exenciones tributarias especiales sino medidas
efectivas para la inserción en el empleo de calidad de todas las mujeres
y para la inserción en el cuidado de todos los hombres. Las actuales
desgravaciones y prestaciones basadas en la condición de esposas y
madres (como la reducción en el IRPF por aportaciones de previsión social a favor del cónyuge, la
desgravación por tributación conjunta de los matrimonios, la
desgravación por maternidad o la pensión de viudedad vitalicia) no
compensan las desventajas que sufren las mujeres. En cambio, sí crean
incentivos adversos a la participación laboral de las mujeres casadas en
el empleo formal, manteniendo a muchas de ellas en la economía
sumergida o dependientes económicamente de sus maridos. A la vez que se
establecen condiciones materiales para la igualdad efectiva, será
necesario, eliminar, para los nuevos matrimonios, todas estas
desgravaciones perjudiciales para la economía real y para la vida de las
personas.
15.- La
inclusión generalizada y continua de las mujeres en el empleo formal a
tiempo completo es una gran asignatura pendiente de nuestro sistema
fiscal. Las personas que pierden su empleo (parcial o totalmente)
para dedicarse a tareas de cuidado en el hogar quedan privadas de
ingresos, así como de derechos laborales y sociales; las empleadas de
hogar están por debajo de los estándares laborales que el Estatuto de
los Trabajadores garantiza al resto de personas empleadas; el empleo a
tiempo parcial al que se ven abocadas muchas mujeres es, en general,
precario. Para acabar con esta gran injusticia social, la única solución
es sacar a la luz todo ese trabajo, actualmente sumergido en gran
medida, y ello significa actuar en dos direcciones: 1) reconvertir buena
parte de los empleos domésticos en empleos en el sector público de
cuidados; y 2) poner las condiciones para que ninguna persona tenga que
renunciar a su empleo, a sus ingresos y a sus derechos.
Es
necesario, por tanto, universalizar los servicios públicos de educación
infantil y de atención a la dependencia; conceder a los hombres
derechos para el cuidado (empezando por los permisos de paternidad
iguales a los de maternidad, intransferibles y pagados al 100%); reducir
la jornada legal máxima; y eliminar los incentivos a la permanencia de
las mujeres en el hogar o en la economía sumergida (entre ellos la
tributación conjunta de los matrimonios). Estas medidas ya reducirían
por sí mismas la pobreza infantil, pero deberían complementarse, además,
con el establecimiento de importantes prestaciones universales por
hijos/as, reforzadas en el caso de familias monoparentales.
16.- La
expansión del estado del bienestar a toda la población y a las nuevas
necesidades mencionadas, además de una cuestión de justicia elemental,
es un factor decisivo para la recuperación económica. Supondría un
aumento del consumo público necesario para crear empleos y reducir el
alto desempleo estructural en España, relacionado en gran medida con el
déficit social. Cabe sostener que el consumo privado también aumentaría
si la población tuviera más empleos estables y una cobertura pública de
las necesidades y de los riesgos. La incorporación de las mujeres al
empleo a tiempo completo durante toda su vida aumentaría la renta
disponible de las familias y la seguridad asociada a la existencia de
dos personas sustentadoras en muchas de ellas. Esta incorporación
femenina va indisolublemente unida a una importante reactivación del
sector servicios para satisfacer la demanda no cubierta en la economía
familiar. El crecimiento económico asociado a estas actividades sería
beneficioso para la población, al contrario que la producción de bienes
depredadores del medio ambiente.
La
consiguiente reducción de los estereotipos de género sería un factor
decisivo para la lucha contra la segregación sexual del mercado de
trabajo: permitiría una asignación más eficiente de los recursos en la
elección de estudios o profesiones y en las decisiones de participación
en el mercado de trabajo, así como en la selección laboral por parte del
empresariado. A estas ganancias en eficiencia hay que añadir las
derivadas del aprovechamiento del capital cuidador de los hombres, hasta
ahora en gran medida despilfarrado.
17.- Los
problemas de bajísima fecundidad y altísima pobreza infantil (dos caras
de la misma moneda) adquieren en nuestro país dimensiones catastróficas
y exigen respuestas inmediatas. Para solucionarlos es necesario
abandonar las tradicionalmente llamadas “políticas natalistas”,
inspiradas en la idea obsoleta de que la fecundidad aumentará con
medidas incentivadoras de la retirada (parcial o total) de las mujeres
del empleo, como son las excedencias, los derechos a reducciones de
jornada y otras prestaciones para el cuidado en el hogar.
Estas
políticas “natalistas” han mostrado su total ineficacia en España y en
otros países, como Alemania e Italia (que están entre los que presentan
menores tasas de fecundidad de Europa), pues las mujeres no deciden
masivamente tener criaturas si ello les obliga a elegir entre maternidad
e inserción continuada en el empleo de calidad. Los países nórdicos, en
cambio, muestran que la fecundidad aumenta, y la pobreza infantil
disminuye, con un sistema que permite a las mujeres trabajadoras ser
madres sin arriesgar su inserción y promoción laboral; y a los padres
trabajadores cuidar a sus criaturas en pie de igualdad con las mujeres.
Este sistema favorecería la formación del capital humano y reduciría la
actual segmentación laboral existente en nuestro país. En definitiva,
favorecería el avance a una sociedad más integrada y a una economía
sostenible.
18.- Nuestro
país necesita reformas profundas que permitan que todo el capital
productivo y cuidador de hombres y mujeres se desarrolle por igual.
Afortunadamente esas reformas van en el sentido de amparar a todas las
personas, sin excepción, en cuanto a derechos elementales se refiere:
derecho a una vida libre de violencia, a un salario digno que asegure la
independencia económica, a una pensión digna, a la atención en caso de
dependencia, a la libertad y a la posibilidad material para tener
criaturas, o no tenerlas, sin renunciar a los demás derechos. Para todo
ello, la primera condición es el mantenimiento y ampliación del sistema
de protección social existente; y la segunda la eliminación de los
sesgos de género que aún contiene. Se trata de alcanzar un sistema en el
que todos y todas (también las mujeres) estemos incluidas por igual en
el sistema general de derechos y en el que sean satisfechas las
verdaderas necesidades de todas las personas y todo tipo de familias.
19.-
Somos conscientes de que las reformas estructurales de los sistemas de
impuestos, prestaciones y servicios públicos, así como de las políticas
de mercado de trabajo, no son suficientes por sí solas sino que deben ir
acompañadas por reformas en muchos otros ámbitos. Igualmente, sabemos
que muchas de las reformas necesarias deben tener alcance internacional.
Es por ello necesario que desde la ciudadanía impulsemos un pacto
europeo, en torno a estos y otros ejes de cambio social, que nos permita
configurar una sociedad más justa y un modelo económico verdaderamente
sostenible.
Promueven este manifiesto:
Alarcón García, Gloria. Profesora Titular de Economía Aplicada. Doctora en Derecho. Directora del Observatorio Fiscal, Universidad de Murcia. Especialista en conciencia fiscal, fraude tributario y en infraestructuras y género. Integrante del Consejo Científico de ATTAC-E.Alvarez Molina, Francisco. Economista. Presidente de Etica Patrimonio.Benería, Lourdes. Catedrática. Universidad de Cornell (EEUU). Integrante del Consejo Editorial de las revistas ‘Economia Critica‘ y ‘Feminist Economics‘. Integrante del Consejo Científico de ATTAC-E.Berzosa, Carlos. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad Complutense de Madrid .Braña Pino, Francisco Javier. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Salamanca. Su investigación se centra en economía del sector público y tiene a punto de publicar un libro sobre la fiscalidad en España, con propuestas de reforma, en la editorial Akal dentro de la colección “Qué hacemos”.Carpintero, Oscar. Profesor Titular de Economía. Universidad de Valladolid .Carrasco Bengoa, Cristina. Profesora Titular de Teoría Económica. Universitat de Barcelona.Castro García, Carmen. Economista. Investigadora sobre Políticas Públicas e Igualdad de Género. Integrante deGEP&DO. Activista de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA). Coordinadora del Consejo Científico de ATTAC-E. http://singenerodedudas.com/Del Río Otero, Coral. Catedrática de Economía Aplicada. Universidade de Vigo. Su campo de especialización es el estudio de las desigualdades económicas y las relaciones entre el género y el mercado laboral. Integrante del Consejo Científico deATTAC -E.Delgado, Manuel. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Sevilla.Esping Andersen, Gosta. Catedrático de Sociología. Universitat Pompeu Fabra. Su investigación se centra en el estudio de la política social comparada y la estratificación social.Esquembre, Mar. Profesora Titular de Derecho Constitucional. Universitat d’Alacant. Vicepresidenta de la Red Feminista de Derecho constitucional.Estrada, Bruno. Director de Estudios de la Fundación Primero de Mayo.Gálvez Muñoz, Lina. Catedrática de Historia e Instituciones Económicas. Directora del Master Universitario en ‘Género e Igualdad’. Universidad Pablo Olavide. Directora del Observatorio de Género sobre Economía, Política y Desarrollo (GEP&DO). Integrante del Consejo Científico de ATTAC-E. http://linagalvez.comMedialdea García, Bibiana. Profesora de Economía Aplicada. Universidad Complutense de Madrid. Integrante del colectivo Novecento y del Consejo Científico de ATTAC-E.Moltó Carbonell, Mª Luisa. Catedrática de Fundamentos del Análisis Económico. Universitat de València. Directora del IUED (2002-2010). Directora del Master Universitarios ‘Género y Políticas de Igualdad’ (2006-2013). Integrante del grupo de expertos de la Comisión Europea ‘Género y Empleo’ (1992-2006).Montero, Alberto. Profesor de Economía Aplicada. Universidad de Málaga.Montes, Pedro. Economista. Presidente de Socialismo 21.Muñoz de Bustillo Llorente, Rafael. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Salamanca.Naredo, José Manuel. Economista. Profesor ad honorem en la ETS de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid.Navarro, Vicenç. Catedrático de Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra.Pazos Morán, María. Investigadora del Instituto de Estudios Fiscales. Activista de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA). Integrante del Consejo Científico de ATTAC-E. Autora del libro ‘Desiguales por Ley’. http://mariapazos.comRuesga Benito, Santos M. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad Autónoma de Madrid.Ruiz Garijo, Merdedes. Profesora Titular de D. Financiero y Tributario. Universidad Rey Juan Carlos. Responsable del Observatorio de Políticas Públicas y Mujeres Emprendedoras www.emprendedoras.fcjs.urjc.esSánchez Mato, Carlos. Economista. Presidente de ATTAC-Madrid.Sanjosé Serrán, Begoña. Licenciada en Derecho, Secretaria-Interventora de Administración Local y activista del Fórum de Política Feminista.Sarasúa García, Carmen. Profesora Titular de Historia Económica. Universitat Autònoma de Barcelona.Sevilla Merino, Julia. Profesora Titular de Derecho Constitucional y letrada de las Cortes valencianas (jubilada). Presidenta de la Red Feminista de Derecho Constitucional.Torres López, Juan. Catedrático de Economía. Universidad de Sevilla. Integrante del Consejo Científico de ATTAC-E y deGEP&DO. http://juantorreslopez.comVentura Franch, Asunción. Profesora de Derecho Constitucional y Vicepresidenta de la Fundación Isonomia. Universitat Jaume I de Castelló.
NOTAS
(1) LO
3/2007, Artículo 16. Nombramientos realizados por los Poderes Públicos.
Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia
equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de
los cargos de responsabilidad que les correspondan.
(2) Mediante
la deducción en la cuota por maternidad, existente desde 2003, se
reintegran a la trabajadora todas las cotizaciones pagadas a la
Seguridad Social por su trabajo (su parte y la de la empresa) hasta una
cuantía máxima de 1.200 euros anuales. Su ámbito subjetivo está formado
por las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la
aplicación del mínimo por descendientes que realicen una actividad por
cuenta propia o ajena, siempre que estén dadas de alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad. Puede solicitarse
de forma anticipada y cobrarse mensualmente.
(3) A
pesar de que esta deducción origina un gasto fiscal (esto, una pérdida
de recaudación) superior a los 3.000 millones de euros anuales,
solamente superado en cuantía por el de la reducción general en los
rendimientos del trabajo, siendo incluso mayor que la reducción en la
base imponible por aportaciones a sistemas de previsión social (ver la
Memoria de Beneficios Fiscales 2014 (MBF.- que solo computa la parte
estatal) en http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/Presup/PGE2014Proyecto/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_14_A_A2.PDF
Actualmente
hay 3.161.993 hombres y 459.670 mujeres declarantes que se benefician
de esa desgravación, en la mayoría de los casos por tener un cónyuge sin
ingresos. Una minoría, sobre todo de mujeres, corresponde a familias
monoparentales, aunque la Agencia Tributaria no separa en sus
estadísticas estos dos fenómenos de tan diferente naturaleza: tener un
cónyuge sin ingresos y tener una criatura a cargo en solitario (a ello
hay que añadir que la desgravación en el caso de familias monoparentales
es de 2.150 euros, frente a 3.400 euros en el caso de matrimonio).
(4) Este
efecto se produce por la interacción de esta desgravación con la
normativa del IRPF, para lo que juegan varios factores relacionados y no
evidentes a primera vista para las personas que no conocen a fondo
dicha normativa. En líneas generales el mecanismo opera como sigue: si
el nuevo posible salario (el de la mujer) es bajo, el matrimonio seguirá
haciendo la declaración conjunta, pero entonces se acumulan las rentas
de ambos cónyuges y el salario de la mujer se verá gravado al tipo
marginal del marido (que puede llegar hasta valores cercanos al 50%).
Ello se agrava porque en declaración conjunta la desgravación por
rendimientos del trabajo, que es decreciente con el nivel de renta, se
calcula sobre la base imponible conjunta, por lo que el salario
adicional no se beneficia de esa desgravación o puede incluso originar
una disminución de la misma para el matrimonio. Por otro lado, si el
salario de la mujer es alto el matrimonio pasará a hacer sendas
declaraciones individuales, pero en ese caso perderán la desgravación
por tributación conjunta (y también, en muchos casos, gran parte de la
posibilidad de desgravación por inversión en fondos de pensiones, cuyo
tope en declaración conjunta se dobla), lo que hay que tener en cuenta a
la hora de calcular el ingreso adicional neto de la familia que se
derivaría del nuevo salario. En resumen, la propia existencia de la
opción por tributación conjunta, y la desgravación correspondiente,
origina un aumento considerable del tipo impositivo efectivo sobre el
salario de la segunda persona perceptora y, en consecuencia, opera como
un incentivo adverso al empleo formal. Este incentivo es más importante
cuanto mayor es el salario del marido y cuanto menor es el de la esposa.
(5) Ver Preámbulo de la Ley 35/2006.
(6) El actual permiso de paternidad intransferible y pagado al 100% de 13 días es disfrutado por el 83% de los padres con derecho.
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