Durante los últimos días, diversos
municipios españoles han aprobado mociones contra el TTIP (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones), entre ellos, Santiago de Compostela y
Barcelona. En ellas la acción ciudadana ha sido muy importante, ya que fueron impulsadas desde la campaña NO al TTIP, y con el apoyo de los grupos municipales, Barcelona en
Comú, ERC y la CUP, en el caso de Barcelona, únicos votos favorables a la misma, pero suficientes al
haberse abstenido CIU y PSC, y lo cierto es que la propuesta incluía otros dos
tratados, el TiSA (Acuerdosobre el Comercio de Servicios) que se negocia entre 22
estados y la Unión Europea, y el CETA (Acuerdo Integral Económico y de Comercio con Canadá), pendiente de
ratificación. Los cuales forman parte de una nueva generación de tratados de
comercio e inversión transnacionales que amenazan la autonomía municipal y
nacional. Estos tratados son negociados prescindiendo de la participación
ciudadana, pero con una importante colaboración de
las multinacionales, por ello, es necesario que las instituciones locales
informen a la ciudadanía de cómo les pueden afectar estos tratados, y exijan a las
instituciones nacionales y europeas la transparencia en las negociaciones.
La declaración aprobada se
fundamentó en "la defensa de los servicios públicos básicos para la
solidaridad y la redistribución social", porque estos tratados facilitarán
las privatizaciones de los servicios públicos mediante su externalización o
cualquier otra de las diversas formas de privatización, propuestas
de acuerdo con los dogmas neoliberales, en busca de rentabilidad económica, e impedirán su posterior remunicipalización,
al incluir la llamada "cláusula trinquete". Por la cual, y aunque la finalidad sea garantizar una vida digna a la
ciudadanía no se podrá recuperar la gestión pública de:
hospitales, guarderías,
escuelas, agua, energía, porque los inversores transnacionales, a
través de demandas indemnizatorias (ISDS/ICS), impondrían a los
estados receptores de la inversión unos costes multimillonarios, que
difícilmente los estados podrían afrontar, más aún
si cabe dadas las restricciones presupuestarias, financieras y monetarias que
imponen los tratados europeos a los estados miembros de la UE.
El ISDS/ICS, es un mecanismo de resolución arbitral de conflictos que los inversores extranjeros pueden utilizar
contra las actuaciones normativas de los Estados receptores de la inversión,
y no al revés (los estados no podrán
demandar a los inversores: es un sistema unidereccional). Es decir, los
inversores extranjeros podrán demandar a los estados receptores de la inversión
ante tribunales arbitrales, constituidos ad
hoc para cada demanda, por miembros de destacadas firmas internacionales de
abogados especializados en este tipo de litigios que transforman la justicia en
negocio. Dichas demandas podrán interponerse contra:
1) La discriminación que
puedan sufrir ante los inversores locales o nacionales en la contratación
pública o ante la concesión de ayudas y subvenciones.
2) La expropiación directa o
indirecta. Es el caso de las demandas contra los cambios en la legislación
sobre las energías renovables realizada por el gobierno de España, por la que los
inversores extranjeros se sintieron expropiados de sus beneficios al no haberse
mantenido la anterior legislación.
3) Lucro cesante derivado de
cualquier acción pública que pueda perjudicar la obtención de beneficios por los
inversores extranjeros hechas en el municipio. Semejante al caso Castor, almacén de gas
submarino situado en las costas de Vinaròs, cerrado por el gobierno para
proteger a la población, después de producirse más de 500 seísmos, quedando el
Estado obligado a indemnizar con más de 1.300 millones de euros a ACS. En este
caso la indemnización estaba prevista en el contrato suscrito entre el gobierno
y la empresa. Con el TTIP y el CETA, los inversores extranjeros ni siquiera
necesitarán que dicha cláusula este en el contrato.
Además, en la declaración se
ha tenido en cuenta la pretensión de estos tratados de rebajar las regulaciones
que protegen los derechos de los trabajadores, de los consumidores, el medio
ambiente y la soberanía democrática, en favor de unos pocos, los inversores
extranjeros. Con las que supuestamente, quieren aumentar las exportaciones,
promover el crecimiento, y crear empleo. Pero una reducción de dichas
regulaciones, lo más seguro es que perjudique a los trabajadores, a los
consumidores, al medio ambiente, y a la democracia, como ha pasado con el NAFTA
(Tratado de libre comercio de América del Norte).
Por otra parte, es muy
dudoso que estos tratados beneficien a las PYMES, ya que el TTIP, el TiSA y el CETA impondrán el principio de
igualdad de trato entre multinacionales y empresas locales impidiendo el
desarrollo de políticas de impulso a la economía local. Así, las
multinacionales podrían participar en los concursos convocados por los
Ayuntamientos y hacerse con los contratos públicos, al gozar de mayores
ventajas comparativas que las empresas locales, y podrían controlar a las
autoridades municipales en la gestión de ayudas y subvenciones, mediante la
amenaza de demandas arbitrales. Además, las multinacionales aprovechándose de unas
mayores economías de escala, ofrecerán sus productos a precios más bajos, e
impondrán un modelo económico basado en
la competitividad y bajos salarios, lo que supone una amenaza a la
supervivencia de las empresas locales. Porque las PYMES que no consigan
vender lo que producen no podrán obtener beneficios ni cubrir costes, y no
podrán ni mantener ni generar puestos de trabajo, y aquellas que sobrevivan lo
harán como subcontratistas de las multinacionales a precios muy bajos,
modificando sus procesos productivos y bajando los salarios para cumplir las abusivas
condiciones que impondrán las multinacionales. Pero el problema puede ser más
grave aún, ya que el 99,88% de las empresas españolas son PYMES que dan trabajo al
66% del total de los trabajadores en España. Entonces,
si el TTIP y el TiSA se aprueban, o el CETA se ratifica, sus efectos pueden ser
incluso más perniciosos que los del NAFTA.
Pero lo más preocupante es
la amenaza a la capacidad normativa de
las instituciones municipales, autonómicas y estatales, articulada a través
de un órgano transnacional denominado Consejo de Cooperación Reguladora, que dará audiencia a las
multinacionales, y deberá buscar la convergencia de las normativas entre los
estados miembros para evitar los conflictos entre inversores extranjeros y
estados. Con dicho mecanismo no es necesario conseguir acuerdos en todos los puntos,
ya que el Consejo de Cooperación Reguladora podrá vetar las normas dictadas por nuestros representantes políticos,
democráticamente elegidos, con este órgano el TTIP adquiere el carácter de superconstitución.
Es
decir, si un Ayuntamiento para proteger a la ciudadanía, regula el uso,
transporte o almacenamiento de productos molestos, tóxicos o peligrosos en su
término municipal, y alguno de los inversores extranjeros asentados en el
municipio ven peligrar sus beneficios por la medida en proceso de adopción o
adoptada, este órgano vetaría dicha norma.
La aprobación del TTIP y el TiSA y la ratificación del CETA supone la legitimación del trasvase de recursos
económicos de la ciudadanía a las multinacionales, permitiéndoles a éstas
además, dictar las normas que regirán nuestras vidas, por lo que debemos
oponernos a ellos y evitar su aprobación y ratificación.
Sandra Soutto.
Fuentes:
(1)
Poniendo nombres al Tratado Transatlántico de Inversión y Comercio TTIP http://www.economiaciudadana.org/2013/12/Poniendo-nombres-Tratado-Transatlantico-Inversion-Comercio-TTIP.html
(2)
EL TiSA frente a los SERVICIOS PÚBLICOS. Internacional de Servicios Públicos. http://www.world-psi.org/sites/default/files/es_el_tisa_frente_a_los_servicios_publicos_final_web_1_0.pdf
(3) DOBLE
AMENAZA: EL CETA Y EL TTIP. http://attaccastello.blogspot.com.es/2014/09/doble-amenaza-el-ceta-y-el-ttip.html
(4) El
TTIP contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Juan Hernández
Zubizarreta y Pedro Ramiro. http://omal.info/spip.php?article6976
(5)
El nuevo derecho
corporativo global. Juan Hernández Zubizarreta. https://www.tni.org/files/download/01_tni_estado_del_poder_2015_el_nuevo_derecho_corporativo_global.pdf
(6) Las consecuenciasnegativas de los anteriores tratados de libre comercio. http://www.vnavarro.org/?p=12260
(7) SERVICIOS: LISTAS https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/guide1_s.htm
(8) Retrato
PYME 2015 (Subdirección
General de apoyo PYME España).http://www.ipyme.org/Publicaciones/Retrato_PYME_2015.pdf
(9)
Causas para externalizar
servicios en la Administración pública. http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/presu_gasto_publico/66_08.pdf
(10) El TTIP y el TISA: hacia una privatización irreversible de los
servicios públicos. https://collectiurets.wordpress.com/2015/06/25/el-ttip-y-el-tisa-hacia-una-privatizacion-irreversible-de-los-servicios-publicos/
(12) Los Estados
Unidos del TTIP: Una superconstitución de las Grandes Empresas para Europa. http://attaccastello.blogspot.com.es/2015/03/los-estados-unidos-del-ttip-una-super.html
(13)
no
al ttip › ISDS Clausula de
resolución de conflictos. https://drive.google.com/folderview?id=0BzneaT5ZEghlQ2RPanFfX0xEVk0&usp=sharing&tid=0BzneaT5ZEghlSEt0RDJBejlLOUk
(14)http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/10/04/cierre-castor-costara-1350-millones/1170245.html
