¿MÁS RECORTES INNECESARIOS E INJUSTOS PARA ESPAÑA?
A veces, las preguntas son más
importantes que las respuestas.
Crisis y recortes sociales van de
la mano en la historia reciente de la Unión Europea (UE). La austeridad es la
única vía posible dentro de esta perversa arquitectura institucional de la
Unión Económica y Monetaria (UEM) edificada sobre el Tratado de Maastricht.
En el caso de España, la reforma
del artículo 135 de la Constitución en septiembre de 2011 supuso cerrar el
último broche de un corsé que comprime y asfixia a la mayor parte de la
población, especialmente a la más débil y vulnerable. Desde entonces, las
políticas de recortes, además de ser criminales y vergonzosas, son impuestas. Los
principios neoliberales de la Unión Europea hacen que la estabilidad
presupuestaria se convierta desde entonces en el principal objetivo de política
económica de los Estados miembros.
El pasado mes de marzo de 2016,
la Comisión Europea comunicó a España que finalizó el año 2015 con un déficit
público de alrededor del 5,2% del PIB, por encima del 4,2% al que se había comprometido.
Acto seguido le “invitaba” a comunicar antes del 30 de junio las medidas que
pensaba implementar con carácter inmediato para reajustar dicho déficit a lo
largo del presente año. Además, la reciente caída en las previsiones de
crecimiento económico para la economía española durante 2016, apuntadas por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el propio Gobierno, implica una menor
recaudación tributaria, y por lo tanto, como el déficit público es el objetivo
prioritario, habrá que establecer nuevos recortes de gasto como consecuencia de
esta nueva “contingencia”. Si se mantiene el objetivo de déficit público del
2,8% del PIB en 2016, ello podría suponer recortes de hasta 20.000 millones de
euros este año, a pesar de que el “incumplimiento” del objetivo de déficit haya
favorecido que España mejore algunos indicadores macroeconómicos como el empleo
y el crecimiento durante 2015, si bien tan débilmente que no han alejado los
fantasmas de la deflación ni de tasas de desempleo superiores al 20%. Dar
nuevas vueltas de tuerca a la llamada consolidación fiscal (control férreo del
déficit público), será abocar a la economía de nuevo a la recesión o al
estancamiento en el mejor de los casos.
Las arbitrarias condiciones
establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (déficit público anual
inferior al 3% del PIB, deuda pública acumulada inferior al 60% del PIB) y un
Banco Central Europeo (BCE) independiente que no financia directamente a los
Estados, deja en manos de los mercados de capital especulativos a las
administraciones públicas con necesidades de financiación. Los bancos privados siguen
enganchados a la barra libre de liquidez del BCE, las PYMES y familias
continúan sin acceso fácil al crédito para impulsar la economía real no
especulativa.
La política fiscal a través del
gasto público y la recaudación tributaria, ha sido el instrumento más poderoso
en manos de los gobiernos para hacer frente a las inestabilidades recurrentes de
las economías capitalistas, manifestadas fundamentalmente en forma de desempleo
o inflación, según se tratara de un ciclo de recesión o expansión,
respectivamente.
Las haciendas públicas han tenido
tradicionalmente un carácter funcional, impulsando o frenando la actividad
económica. Si de impulsar se trataba, se aumentaba el gasto público y se
reducían los impuestos. En sentido contrario, si había que frenar el ritmo de
crecimiento, se disminuía el gasto público y se aumentaban los impuestos. Ni
los déficit ni los superávit presupuestarios eran un problema, eran la
consecuencia natural de una decisión discrecional de los gobiernos en aras de
estabilizar la dinámica inestable del sistema capitalista.
No obstante,
desde el tratado de Maastricht, en la eurozona se ha impuesto el concepto
de hacienda responsable, término que como el de austeridad induce a equívoco. El
déficit público, que ha sido tradicionalmente un instrumento de política económica
anticíclica, se ha convertido en un objetivo cuya consecución (déficit cercano
a cero) es prioritaria por encima de cualquier otro. Los gobiernos tienen las
manos atadas en este ámbito, y casi ocho años después de la crisis económico-financiera
de 2008, la eurozona no acaba de salir de la recesión y el estancamiento, por
más que el BCE haya bajado los tipos de interés a su mínimo histórico.
Los dos principales problemas de
España y del mundo son la desigualdad social y la crisis ecológica. El
crecimiento económico a toda costa ha estado detrás de su agudizamiento durante
las últimas décadas. Por ello es preciso encarar el futuro de España, Europa y
el mundo de acuerdo con principios de cooperación entre los pueblos, así como
de respeto y cuidado de la Naturaleza, construyendo nuevas sociedades liberadas
de un capitalismo salvaje que ha mercantilizado y precarizado la mayor parte de
las necesidades humanas básicas y de los recursos naturales. Se precisa por tanto cambiar el
enfoque actual sobre la producción y la riqueza por un marco global que supere
el mero reduccionismo economicista basado en la defensa de la competitividad y
en el crecimiento del PIB, lógica en la que está inmerso el modelo capitalista
neoliberal. Sólo una nueva concepción del desarrollo puede paliar esta
situación y por ello hay que apelar a la ambientalización de una economía que
ha de ser mucho más social, como integración equilibrada entre desarrollo
económico, equidad social y respeto ecológico.
Las políticas públicas en pos de
la justicia social no pueden relegarse con falsas excusas de falta de recursos
monetarios para financiarlas. Los principios de la soberanía monetaria y
presupuestaria aplicados de forma coherente con los intereses de la ciudadanía a
escala de un estado o de toda la eurozona, posibilitarían abandonar la
imposición de ajustarnos a lo que se denomina estabilidad presupuestaria,
transformando lo que hoy es un objetivo prioritario en lo que debería ser: una
herramienta en manos de las personas. Disponiendo del nexo entre política
monetaria y fiscal dejaríamos de ser rehenes de unos mercados financieros que
disciplinan nuestro gasto si nos salimos del margen establecido y en cuyos
guardianes se erigen, permitiendo así realizar las políticas decididas
democráticamente por y para la gente.
Por todo lo anterior, ATTAC
España denuncia las cadenas impuestas por el marco definido por el euro y sus
tratados y apuesta por su sustitución, para que la política fiscal y
presupuestaria pueda desplegarse con toda intensidad en aras de recuperar la
justicia social y ecológica.
Un nuevo marco institucional
basado en la soberanía monetaria permitiría disponer de financiación para
movilizar recursos reales ociosos disponibles en la propia moneda de la Unión
Europea, sin necesidad de condicionar el gasto público a la recaudación
tributaria o a la deuda que se pueda colocar en los mercados financieros,
límites éstos que obligan a los actuales Estados miembros de la eurozona, que
son usuarios del euro, pero no emisores del mismo. Los Estados no tendrían
peligro de ser insolventes como ocurre hoy, y contarían con el respaldo de un
Banco Central que acomodaría su balance al gasto público adecuado para alcanzar
sus metas económicas y sociales, saliendo así de la trampa de la austeridad en
que está inmersa la eurozona.
Las leyes y los tratados sirven
si liberan a las personas y facilitan su vida en harmonía con el resto de la
sociedad y de la Naturaleza. Los tratados y pactos vigentes en la UE no
respetan la vida. No sirven. Su superación necesita de educación, concienciación
y movilización de la ciudadanía y los colectivos sociales, y a esa tarea va a dedicar
ATTAC-España todos sus esfuerzos.
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA SUBCOMISIÓN DE SOBERANÍA MONETARIA Y HACIENDAS FUNCIONALES TRAS LA JORNADA DE DEBATE DE VALENCIA DEL 9-7-2016.
