¿MÁS RECORTES INNECESARIOS E INJUSTOS PARA ESPAÑA?
A veces, las preguntas son más
importantes que las respuestas.
Crisis y recortes sociales van de
la mano en la historia reciente de la Unión Europea (UE). La austeridad es la
única vía posible dentro de esta perversa arquitectura institucional de la
Unión Económica y Monetaria (UEM) edificada sobre el Tratado de Maastricht.
En el caso de España, la reforma
del artículo 135 de la Constitución en septiembre de 2011 supuso cerrar el
último broche de un corsé que comprime y asfixia a la mayor parte de la
población, especialmente a la más débil y vulnerable. Desde entonces, las
políticas de recortes, además de ser criminales y vergonzosas, son impuestas. Los
principios neoliberales de la Unión Europea hacen que la estabilidad
presupuestaria se convierta desde entonces en el principal objetivo de política
económica de los Estados miembros.
El pasado mes de marzo de 2016,
la Comisión Europea comunicó a España que finalizó el año 2015 con un déficit
público de alrededor del 5,2% del PIB, por encima del 4,2% al que se había comprometido.
Acto seguido le “invitaba” a comunicar antes del 30 de junio las medidas que
pensaba implementar con carácter inmediato para reajustar dicho déficit a lo
largo del presente año. Además, la reciente caída en las previsiones de
crecimiento económico para la economía española durante 2016, apuntadas por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el propio Gobierno, implica una menor
recaudación tributaria, y por lo tanto, como el déficit público es el objetivo
prioritario, habrá que establecer nuevos recortes de gasto como consecuencia de
esta nueva “contingencia”. Si se mantiene el objetivo de déficit público del
2,8% del PIB en 2016, ello podría suponer recortes de hasta 20.000 millones de
euros este año, a pesar de que el “incumplimiento” del objetivo de déficit haya
favorecido que España mejore algunos indicadores macroeconómicos como el empleo
y el crecimiento durante 2015, si bien tan débilmente que no han alejado los
fantasmas de la deflación ni de tasas de desempleo superiores al 20%. Dar
nuevas vueltas de tuerca a la llamada consolidación fiscal (control férreo del
déficit público), será abocar a la economía de nuevo a la recesión o al
estancamiento en el mejor de los casos.
Las arbitrarias condiciones
establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (déficit público anual
inferior al 3% del PIB, deuda pública acumulada inferior al 60% del PIB) y un
Banco Central Europeo (BCE) independiente que no financia directamente a los
Estados, deja en manos de los mercados de capital especulativos a las
administraciones públicas con necesidades de financiación. Los bancos privados siguen
enganchados a la barra libre de liquidez del BCE, las PYMES y familias
continúan sin acceso fácil al crédito para impulsar la economía real no
especulativa.
La política fiscal a través del
gasto público y la recaudación tributaria, ha sido el instrumento más poderoso
en manos de los gobiernos para hacer frente a las inestabilidades recurrentes de
las economías capitalistas, manifestadas fundamentalmente en forma de desempleo
o inflación, según se tratara de un ciclo de recesión o expansión,
respectivamente.
Las haciendas públicas han tenido
tradicionalmente un carácter funcional, impulsando o frenando la actividad
económica. Si de impulsar se trataba, se aumentaba el gasto público y se
reducían los impuestos. En sentido contrario, si había que frenar el ritmo de
crecimiento, se disminuía el gasto público y se aumentaban los impuestos. Ni
los déficit ni los superávit presupuestarios eran un problema, eran la
consecuencia natural de una decisión discrecional de los gobiernos en aras de
estabilizar la dinámica inestable del sistema capitalista.
