Ante la reciente avalancha de demandas de corporaciones en tribunales arbitrales contra nuestros países,
¡decimos YA BASTA!
Julio de 2016
Las organizaciones y redes de la sociedad civil que firmamos esta declaración expresamos nuestro rechazo al avance del poder de las empresas transnacionales, que se sustenta en los diferentes tratados de libre comercio e inversiones que existen actualmente en los países de toda América,
y que se verán profundizados con el Tratado Transpacífico (TPP), el
Tratado de Comercio e Inversiones Transatlántico (TTIP), el Tratado
Comercial Canadá – Unión Europea (CETA), además del Acuerdo sobre el
Comercio de Servicios (TISA). Sostenemos que estos tratados sólo
consolidan el poder de las corporaciones en todo el mundo y en
particular en los países adherentes, poniendo en jaque los derechos de
los pueblos, así como la preservación del medio ambiente.
Actualmente, la mayoría de los países de nuestro hemisferio, desde
Canadá hasta Argentina, están recibiendo de manera explosiva
multimillonarias demandas por parte de corporaciones, a raíz de la
puesta en vigor de ciertas regulaciones en favor del interés público o
del medioambiente. Esto muestra el efecto nocivo que tiene el
sistema de protección de las inversiones y el arbitraje internacional
sobre las legislaciones nacionales.
El poder corporativo ha cristalizado en un sistema jurídico
internacional que les reconoce derechos omnipotentes, abusivos y les
garantiza un sistema de impunidad. Esto se plasma en la inclusión de
las cláusulas de solución de controversias inversor-Estado, que da a
los inversores la posibilidad de recurrir al sistema de arbitraje
internacional en lugar de las cortes nacionales. Así, los inversores
demandan a los Estados soberanos por millones de dólares ante
“tribunales” arbitrales secretos y privados (CIADI del Banco Mundial,
ICC, SCC entre otros) que funcionan lejos del alcance de la justicia
local. Como contraparte, los gobiernos y ciudadanos no contamos con
contrapesos jurídicos, ni con instancias internacionales ante las cuales
demandar a las ETN ante la justicia cuando sus actividades violan los
derechos humanos y ambientales, o cuando coartan medidas de políticas
públicas para el interés general.
Los tratados de inversión y libre comercio atentan contra la
posibilidad de los Estados de regular: las reglas de los Tratados de
inversión y de libre comercio no son acordes con los derechos humanos y
la protección del medio ambiente, ni respetan la capacidad soberana de
los países de implementar políticas públicas responsables. Los TBI
contienen cláusulas que limitan la capacidad para que los gobiernos
receptores actúen en favor del fomento económico y el desarrollo
sustentable, protejan el medio ambiente y la salud pública, defiendan a
sus países de crisis financieras y hagan valer la primacía de los
derechos humanos. Esta lógica se ha hecho evidente en casos resonantes
como la demanda que la tabacalera Philip Morris interpuso contra el
Uruguay a partir de una política de protección de la salud, argumentando
que se violaba la propiedad intelectual de su inversión, derecho
incorporado en el tratado de inversión Uruguay-Suiza.
Asimismo, estos tratados son aprovechados de forma masiva por las corporaciones del sector extractivo, como el petrolero y el minero.
En uno de los fallos más grandes de la historia, Ecuador está siendo
obligado a pagar 1,000 millones de dólares más intereses a la petrolera
estadounidense Occidental Petroleum (Oxy) por haber cancelado un
contrato de operaciones en 2006. El mismo país también ha sido
sentenciado a pagar 700 millones de dólares a la también estadounidense
Chevron.
Más recientementese han recibido una avalancha de demandas del destructor sector extractivo,
desafiando políticas públicas tendientes a la preservación del medio
ambiente y los derechos de las comunidades. Aquí mencionamos sólo
algunos ejemplos:
- Pacific Rim vs. El Salvador: El Salvador,que es el país con más estrés hídrico del continente, decidió no otorgar a la empresa una concesión para explotar oro debido a que la empresa no cumplió con los requisitos ambientales. La demanda es por más de 250 millones de dólares.
- Crystallex vs.Venezuela: Venezuela suspendió el permiso a esta empresa canadiense para el proyecto minero de Las Cristinas debido a preocupaciones relacionadas con el medioambiente, especialmente tras protestas de la población indígena de la Reserva Forestal Imataca. En abril de 2016 el CIADI informó que Venezuela deberá indemnizar a la empresa con 1,386 millones de dólares.
- Renco Group vs Perúy Bear Creek vs Perú: La empresa norteamericana Renco estableció en 2011 una demanda contra Perú por 800 millones de dólares debido a que el gobierno revocó su permiso para operar una fundidora de metales altamente contaminante en La Oroya, que es uno de los sitios más contaminados del mundo. Tambiénla empresa minera canadiense Bear Creek demandó al Perú por 1,200 millones de dólares, debido a queen 2011el Estado le rescindió el contrato para operar el Proyecto minero de Santa Ana, tras la realización de protestas para la protección del medio ambiente que desembocaron en el asesinato de varias personas
- Infinito Gold vs. Costa Rica: La empresa canadiense reclama $94 millones de dólares por el impedimento a continuar explotando una mina a cielo abierto (proyecto Crucitas). El permiso de explotación fue firmado por el Estado en 2008 y derogado en 2010, luego de que un tribunal encontrara irregularidades y tráfico de influencias en los permisos. El mismo tribunal ordenó a la empresa a indemnizar por daño ambiental (corta de bosque protegido). Luego de este fallo, la empresa demandó al Estado en el CIADI. La empresa vendió todos los activos que poseía en el país, por lo que se impidió el cobro de la indemnización por daño ambiental. En 2015 los directivos de Infinito Gold renunciaron dada la drástica pérdida del valor de las acciones, y tres de los inversores de la compañía apelaron a la Suprema Corte de la Columbia Británica y consiguieron el control de las estructuras de la empresa. El nuevo CEO (Erich Rauguth) explicó que el CIADI otorgó tiempo para que la (¿nueva?) compañía completara la reestructuración y consiguiera el dinero para continuar pagando a abogados que lleven su caso contra Costa Rica. A fines de 2015 el CEO de Infinito consiguió el financiamiento de un fondo de inversión inglés para proceder el caso en 2016.
- DominionMinerals vs. Panamá: La empresa norteamericana demandó a Panamá por 268 millones de dólares por el retiro de una concesión para la explotación minera debido al rechazo de su operación por parte de grupos indígenas y por razones de protección del medio ambiente.
- Lone Pine vs. Canadáy Bilcon vs. Canadá: La empresa norteamericana ha demandado a Canadá por 118 millones de dólares por una moratoria preventiva contra el fracking promulgada por la provincia de Quebec. Canadá también fue demandado por la norteamericana Bilcon debido a que estudios de impacto ambiental indicaron que el proyecto de construcción de una cantera y terminal marina no era sostenible en una zona costera ecológicamente sensible. La empresa estadounidense reclama 300 millones de dólares en compensación.
- Glencore vs.Colombia: Colombia ha enfrentado en 2016 una demanda presentada por la empresa minera Glencore (Suiza). La empresa solicitó una reducción en el pago de regalías, lo cual fue rechazado por el Estado, quien inició asimismo una revisión del contrato firmado. Glencore consideró que este hecho cambia las reglas del juego y decidió ir a las instancias internacionales, amparado en el acuerdo de protección a la inversión que tienen Colombia y Suiza, argumentando una expropiación. Colombia enfrenta la amenaza de nuevas demandas por otras tres empresas mineras, que se encuentran actualmente en instancia de conversaciones: Eco Oro Minerals (Canadá),CosigoResources (Canadá) y Tobie Mining and Energy Inc. (EEUU).
- TransCanada vs. Estados Unidos: La empresa canadiense ha notificado que demandará a Estados Unidos por 15 mil millones de dólares por la decisión del presidente Barack Obama de rechazar el oleoducto Keystone XL, que tuvo que ceder a la presión y el rechazo masivo de la población a ese oleoducto.
Todos estos casos son sólo ejemplos. Las demandas inversionista –
Estado han detonado en las últimas dos décadas: de un total de 6 casos
conocidos bajo tratados en 1995, a 696 casos conocidos hoy en día.
Solamente en el 2015 se entablaron 70 nuevos casos de demandas
inversor-Estado en base a Tratados de Proteccion de Inversiones. Por
ejemplo, sólo en el CIADI en 2015, los países americanos en su conjunto representaban el 35% de las demandas. Argentina, México, Ecuador y Venezuela han sido los países más demandados.
Es importante recalcar que en el sistema de arbitraje
internacional,los Estados siempre pierden, ya que aun cuando no sean
condenados a compensar al inversor, las demandas les cuestan millones
dólares en gastos de defensa y de proceso. Aun si en algunos casos
los paneles de arbitrajeno fallan contra el Estado, la propia demanda
implica un gasto excesivo en contratación de firmas de abogados que
pueden cobrar hasta USD 1000 la hora de asesoramiento. Perú lleva
gastados USD 53 millones en la contratación de dos estudios de abogados
estadounidenses para su defensa en las cuatro demandas a las que está
siendo sometido; Ecuador gastó más de 100 millones de dólares en su
defensa y en los gastos del arbitraje; por su parte, El Salvador ha
gastado más de 12 millones de dólares sólo para defenderse de la minera
Pacific Rim. Esos montos siderales podrían ser utilizados en los gastos
públicos más urgentes, en lugar de ser destinado a cubrir los gastos de
las demandas. Por otra parte, en los casos donde sí se ha fallado en
contra del Estado, las demandas representan montos gigantes que se
convierten en nuevos mecanismos de deuda externa para los países. El
reciente anuncio del gobierno argentino de que avanzará en el pago de
nueve demandas de empresas en el CIADI con bonos pagaderos al año 2024
es una muestra de esto.
Asimismo, Bolivia, Ecuador y Venezuela salieron del CIADI y
comenzaron un proceso de denuncia de algunos de sus tratados de
inversión. No obstante esto, continuaron recibiendo demandas de
inversionistas que se ampararon en las cláusulas de remanencia de los
tratados de inversión. Los tratados permiten que los inversores
continúen presentando demandas por un periodo residual que en muchos
casos supera los 10 años.
Por lo tanto, es urgente que se desmantele el poderde las corporacionestrasnacionales. Esta necesidad de regular el poder corporativo yano
sólo es planteada desde los movimientos sociales, sinopor diversos
gobiernos y parlamentos eincluso organismos internacionales.En ese
sentido, es indispensable contar con uncódigo internacional
vinculante para lasempresas transnacionales (y otras empresas de
negocios) que las obligue a respetar los derechos humanos y dote a los afectados y a los Estados de losmecanismos e instituciones para hacerlovaler.
Demandamos que todos los gobiernos de nuestro hemisferio:
- Atiendan de inmediato el reclamo por establecer sistemas de solución de disputas alternativos en los que se anulen las cláusulas inversionista –Estado, se incluya a las comunidades y ciudadanía afectadas, y en los que las disputas planteadas por los inversionistas se diriman ante tribunales nacionales y según las legislaciones del país receptor.
- Supriman los privilegios de los inversionistas extranjeros bajo estos tratados de libre comercio e inversión y garanticen a los Estados el espacio para la implementación de políticas públicas responsables.
- Generen nuevas reglas para los inversionistas donde se logre la supremacía de los derechos humanos y se garantice el cuidado del medio ambiente por sobre los derechos de los inversionistas.
BASTA YA DE DEMANDAS CORPORATIVAS CONTRA NUESTROS PUEBLOS
EN TODO EL CONTINENTE, DECIMOS NO A LOS TLC
RECHAZAMOS EL TPP, TISA, TTIP y CETA
Grupo de Trabajo continental sobre Inversiones:
ATTAC – Argentina
Democracy Center – Bolivia
Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) – Ecuador
Comisión Nacional de Enlace (CNE) – Costa Rica
Ecuador Decide – Ecuador
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y Derechos Alternativos (ILSA) – Colombia
Instituto EQUIT, Gênero, Economia e Cidadania Global – Brasil
Institute for Policy Studies (IPS) – Estados Unidos
REDES / Amigos de la Tierra – Uruguay
Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD)
Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio (RMALC) – México
Réseau québécois sur l´integration continentale (RQIC) – Quebec
Transnational Institute (TNI) – Amsterdam
Organizaciones adherentes:
Asamblea “Argentina mejor sin TLC” – Argentina
Asociación Nacional de Industriales de Transformación (ANIT) – México
Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) – Ecuador
Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) – México
ATTAC BIZKAIA
BASE Investigaciones Sociales (BASE IS) – Paraguay
Brigadas Populares – Brasil
Campaña “Chile Mejor sin TPP” – Chile
Campaña EH TTIP EZ – País Vasco
Centro de Estudios del Trabajo – Colombia
Centro de Estudios para el Cambio Social (CECS) – Argentina
Colectivo Viento Sur – Chile
ColetivoPassarinho – Brasileirxs en Argentina
Comisión Nacional de los Derechos Humanos – República Dominicana
Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas – CADTM Internacional
Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas AbyaYala /Nuestra América (CADTM – AYNA)
CommonFrontiers– Canadá
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) – Ecuador
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) – Ecuador
Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE)
Convergencia México mejor sin TPP – México
Ecologistas en Acción – España
Escuela Sindical Nuestra América (ESNA)
Espazo de Contradicurso, Construción e Coordinación de Alternativas e Resposta Social (ECOAR) – Galicia
Etica en los Bosques – Chile
Federación Judicial Argentina (FJA) – Argentina
Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV) – Italia
FOCO – Argentina
Food First Information and Action Network (FIAN) – México
Foro Salud Pública – Ecuador
Fundación de estudios para la aplicación del derecho (FESPAD) – El Salvador
Instituto de Estudios y Formación (IEF)- CTA Autónoma – Argentina
Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) – EEUU
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica – El Salvador
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) – Chile
Plataforma de Defensa del Haití para el Desarrollo Alternativo (PAPDA) – Haití
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)
Plataforma Jerez contra el TTIP – España
Rede Brasileira pela Integraçao dos Povos (REBRIP) – Brasil
Red de Ambientalistas Comunitarios (RACDES) – El Salvador
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL) – Chile
Red de Acción por los Derechos Ambientales – Chile
Red Nacional Género y Economía (REDGE) – México
Secretaría de Derechos Humanos –CTA Autónoma – Argentina
Siglo XXIII – El Salvador
Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico Latinoamericana (SEPLA)
Unión de Afectados por Texaco (UDAPT) – Ecuador
UNI – Sindicato Global Américas
Publicado en:
http://www.attac.es/2016/08/14/declaracion-ante-el-foro-mundial-de-inversiones-de-unctad/
https://www.facebook.com/attac.argentina/posts/573678756168102
