Aseveración a comprobar:
“Para disminuir el déficit fiscal hay que realizar recortes en el gasto público y decretar aumentos de impuestos”
Eduardo Garzón
Todo el mundo conoce las típicas recetas que se están recomendando
desde los altos círculos de poder para reducir el déficit fiscal de los
Estados, en especial los de la periferia europea.
Planteamiento
El déficit fiscal expresa que la administración pública en cuestión
tiene más gastos que ingresos. Para reducir o incluso revertir este
diferencial, lo que hay que hacer es disminuir los gastos, aumentar los
ingresos, o ambas cosas a la vez.
Verificación
Los datos (1) demuestran que realizar recortes en el gasto público
y aumentar los impuestos no tiene por qué disminuir el déficit fiscal.
Es más, pueden incluso hacer que aumente.
En España ya llevamos tres años de recortes y aumentos de impuestos
orientados a disminuir el déficit, tras la primera embestida del
gobierno de Zapatero en mayo de 2010. Para entonces, el déficit fiscal
había alcanzado el 11,2% sobre el PIB. A finales de 2010, y a pesar de
los duros recortes, el déficit sólo se redujo hasta la cota del 9,7%.
Tras nuevos y agresivos recortes, un año más tarde únicamente se había
reducido en 3 décimas hasta presentar un 9,4%. Por último, a final del
año 2012, y después de importantes aumentos de impuestos y disminuciones
de gastos, el déficit no sólo no había menguado sino que se había
incrementado hasta alcanzar el 10,6%. En el caso español la evidencia empírica demuestra que los recortes no han logrado reducir eficazmente el déficit.
Desarrollo de los argumentos
En todas las recesiones económicas siempre ocurre lo mismo: las malas
expectativas provocan que las empresas se muestren reacias a invertir y
que las familias moderen su consumo dando prioridad al ahorro de forma
que puedan estar preparadas por si las cosas se ponen peor. Estos dos
efectos son nefastos para la actividad económica de un sistema
capitalista. Por un lado, si las empresas evitan invertir, no
contratarán nuevos trabajadores ni comprarán a otras empresas tanta
cantidad de lo que necesitan para su actividad. Esto tiene como
resultado una merma en los beneficios empresariales y en la actividad
económica, que se irá trasladando de empresa en empresa y de sector en
sector. En el caso de las entidades de crédito (y especialmente en las
crisis desencadenadas por shocks financieros) dejan de conceder tantos
préstamos a familias y empresas, lo que incide negativamente en la
actividad de estas empresas y en la capacidad de compra de las familias.
Por otro lado, el miedo que tienen las familias a que el futuro pueda
ser peor hace que la mayor parte de ellas sólo consuman lo necesario y
que prefieran ahorrar más que en épocas de auge económico. Esto
inevitablemente reduce el consumo total de las familias, disminuyendo a
su vez las ventas que necesitan materializar las empresas para poder
seguir realizando su actividad. Como resultado, las empresas obtienen
menos ingresos y muchas de ellas entran en dificultades. La respuesta
será invertir todavía menos, hasta llegar al punto de desinvertir
(despidiendo a trabajadores y/o cerrando sectores de actividad), lo que
inevitablemente empeorará la economía en general. Y de esta forma se
entra en un círculo vicioso que provoca enormes costes económicos en
términos de cierres de empresas y de trabajadores despedidos.
Debido a ello, el sector público deja de recibir tantos ingresos como
recibía durante la época del auge económico. Esto es así porque el
sector público recauda dinero a través de impuestos que dependen de la
actividad económica. A mayor actividad económica, mayores impuestos
pagarán las empresas, los trabajadores, los consumidores y los
propietarios del capital financiero. Y al contrario: a menor actividad
económica, menores ingresos tendrá el sector público. Y esto último es
precisamente lo que ocurre durante las crisis y recesiones.
Por otro lado, los gastos del sector público aumentan durante las
recesiones. Esto es así fundamentalmente porque hay más desempleados que
necesitan cobrar la prestación por desempleo. Además, en la situación
actual hay que sumarle los gastos en los que incurre el Estado para
rescatar y ayudar a las entidades financieras.
El efecto conjunto de ambos fenómenos es una disminución de los
ingresos públicos y un aumento del gasto público, y por lo tanto un
aumento del déficit fiscal. Es por ello que durante las recesiones
económicas las cuentas públicas sufren mucho y arrojan importantes
déficits fiscales.
Pero lo que provoca el déficit fiscal en el sector público es
precisamente la mala situación y evolución de la actividad económica.
Que el Estado gaste mucho e ingrese poco es fundamentalmente el
resultado de la mala coyuntura económica. Por lo tanto, el problema no
es tanto que el Estado gaste mucho o ingrese poco (y por lo tanto ver
qué gasto se puede reducir o qué impuesto aumentar); el problema reside
en que la economía está enferma. Si la actividad económica se
recuperase, también lo harían las cuentas públicas de las
administraciones. La respuesta adecuada para disminuir el déficit
consiste en reactivar la economía, y no en realizar recortes de gasto
público o aumentos de ingresos, porque precisamente lo que ello consigue
es deteriorar aún más la economía.
Cuando la economía está inmersa en un ciclo recesivo como el que
hemos descrito, donde las empresas no invierten sino que desinvierten,
donde las entidades de crédito no prestan dinero y donde las familias
tienen miedo de gastar mucho y por eso ahorran, las medidas de
austeridad llevadas a cabo por el sector público no hacen sino empeorar
la situación. Los recortes de gasto público, consistentes en su mayoría
en reducir el personal de la administración o reducir sus sueldos, en
anular ayudas a las familias, en reducir el gasto en sanidad, en
pensiones, en educación, en prestaciones por desempleo, etc, no hace
sino reducir la capacidad adquisitiva de las familias. Al tener menos
dinero en sus bolsillos, las familias consumen menos, las empresas
venden menos, la actividad económica se deteriora, y el sector público
recauda menos. Lo que pueda ganar el sector público reduciendo este tipo
de gasto público lo pierde luego porque necesita gastar más para dar
prestaciones por desempleo y otras ayudas debido al mayor número de
desempleados y de familias y empresas en problemas. Los datos (2) no
dejan lugar a dudas al respecto:
En el gráfico se puede observar claramente lo que veníamos comentando:
el aumento del gasto público se debe a la crisis económica que comienza a
notarse en 2008; y que los importantes recortes en determinadas
partidas presupuestarias no han conseguido hacer que el nivel de gasto
público disminuya (en el último año este nivel incluso ha aumentado).
Por su parte, los impuestos que se están aumentando son precisamente
los que más afectan a los trabajadores y familias de menos recursos
(IVA, las rentas derivadas del trabajo, los impuestos del tabaco y de
hidrocarburos, las tasas universitarias, los servicios médicos…) y ello
no hace sino, de nuevo, reducir la capacidad adquisitiva de las
familias. El proceso se vuelve a repetir, teniendo como consecuencia que
lo que el Estado gana aumentando impuestos lo pierde luego con la
reducción de ingresos derivados de otros impuestos. Además, aumentar
este tipo de impuestos también fomenta el fraude fiscal, si no ahoga
directamente a algunas familias que no podrán soportar el aumento de
impuestos. El efecto es el mismo: los ingresos fiscales no aumentan o no
lo hacen mucho. Los datos (3) no dejan lugar a dudas al respecto:
En el gráfico se puede observar claramente lo que veníamos comentando:
la caída de ingresos se debe a la crisis económica que comienza a
notarse en 2008; y que los importantes aumentos de impuestos no han
conseguido hacer que los ingresos recuperen la cuantía que presentaban
antes de la crisis.
En resumidas cuentas, aumentar los impuestos y recortar en gasto
público son fenómenos perjudiciales para la actividad económica (sobre
todo porque los gobiernos suelen aumentar los ingresos más regresivos,
los que afectan a las capas más indefensas), ya que reducen la capacidad
adquisitiva de los agentes económicos, tanto de pequeñas y medianas
empresas como de las familias. El resultado es que la gente consume
menos y las empresas invierten menos, lo que afecta negativamente a la
economía. Con una actividad económica deteriorada, se producen menos
transacciones y las administraciones públicas recaudan menos. Si el
sector público recauda menos, el déficit no disminuye, porque lo que se
gana reduciendo el gasto público se pierde con los menores ingresos. Es
decir, reducir gastos y aumentar impuestos no tiene por qué reducir el
déficit. De hecho, puede incluso aumentarlo, en cuyo caso estaríamos
presenciando un círculo vicioso bastante preocupante.
En España el problema de la pérdida de poder adquisitivo es muy
destacable. Esto no solo empobrece a los ciudadanos, sino también a las
empresas porque no encuentran los clientes suficientes para seguir
manteniendo su actividad. Así lo recoge un informe reciente del Banco
Central Europeo (4), en cuyas páginas podemos observar que el principal
problema de las pequeñas y medianas empresas españolas es la falta de
clientes. Y en ello tienen mucha culpa los ajustes aplicados para
reducir los niveles de déficit.
El caso fallido de recortar y aumentar impuestos para reducir el déficit
no es exclusivamente atribuible al Estado español. Vamos más allá y
echémosle un vistazo a los datos del país que ha sufrido los recortes
más salvajes y colosales de todos: Grecia. En 2009 presentaba un déficit
mastodóntico del 15,6% sobre el PIB. Tras cuatro años de duros recortes
y aumentos de impuestos, el nivel es del 10%. Parecería que en cierto
modo el ajuste fiscal ha tenido éxito si no fuera porque esa reducción
la lograron en el año 2010, y desde entonces el saldo fiscal no se ha
inmutado (incluso aumentó desde 2011 a 2012) –y todo ello sin mencionar
el fracaso que supone no haberlo disminuido por debajo de la elevadísima
cifra del 10%.
En el caso de Portugal, extraemos conclusiones similares. El gobierno
portugués redujo el déficit en 5,4 puntos porcentuales desde 2010 a
2011, pero en 2012 el saldo ha vuelto a aumentar en 2 puntos, a pesar de
haber incrementado la presión del ajuste fiscal en este último año.
Así las cosas, comprobamos claramente cómo las recetas de austeridad no
sirven para reducir eficazmente el déficit fiscal. Y también sabemos que
la forma para reducir el déficit fiscal pasa por reactivar la actividad
económica; lograr que la economía deje de estar enferma. ¿Y cómo
lograrlo si las malas expectativas, el miedo, los problemas económicos y
la poca capacidad adquisitiva mantienen a las familias alejadas del
consumo, a las empresas productivas alejadas de la inversión y a las
empresas financieras alejadas de facilitar el crédito? La única
respuesta la encontramos en el sector público. Recordemos que el sector
privado está compuesto por una amalgama heterogénea de agentes
económicos cuyas decisiones no están directamente relacionadas entre sí.
En el sector privado prima la descentralización de las decisiones; lo
que quiere decir que la coordinación de los agentes se muestra muy
complicada. Y si las malas expectativas se generalizan, ningún agente se
lanzará a realizar operaciones arriesgadas (especialmente las de
inversión productiva), por muy beneficiosas que puedan ser a nivel
general. Cada uno se mira su propio ombligo y se queda inactivo
esperando a que las cosas mejoren para invertir o consumir. Y la acción
que se requiere para reactivar la economía debe ser potente y atrevida.
Por lo que si el sector privado no puede llevarla a cabo, la tendrá que
llevar a cabo el sector público.
Esto podría resultar paradójico, porque este tipo de acciones de la
mano del sector público aumentarían la cuantía total del gasto público,
que es precisamente lo que se busca reducir. Pero es que aquí hay que
tener en cuenta dos cosas: la primera, que es necesario distinguir el
corto plazo del medio plazo. El déficit podría aumentar en un primer
momento, pero si ello fuera debido a un programa de políticas públicas
encaminadas a reactivar la economía (inversiones públicas, ayudas para
aumentar la capacidad adquisitiva de las familias menos adineradas,
etc), el déficit disminuiría con el tiempo porque la mejoría de la
economía aumentaría los ingresos fiscales y reduciría los gastos
fiscales. La segunda, que en el caso español, y también en el resto de
países de la periferia europea, el total de los ingresos fiscales es muy
reducido (tal y como podemos ver en otro post del argumentario). Y esto
se debe a las ineficaces e injustas estructuras de estos sistemas
impositivos, por lo que lo cierto es que existe margen para aumentar los
ingresos fiscales sin deteriorar la actividad económica (combatiendo el
fraude fiscal a las grandes fortunas y grandes empresas, y aumentando
los impuestos a las rentas de capital y a las grandes empresas).
Notas:
(1) Datos extraídos de la base de datos de Eurostat. Disponible en http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_dd_edpt1&lang=en
(2) Ibíd.
(3) Ibíd.
(4) “Encuesta del BCE sobre el acceso de las pymes a la financiación. Análisis de resultados y evolución reciente”. Disponible en http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/12/Abr/Fich/art2.pdf.
Datos más recientes en el nuevo informe de abril de 2013 “Survey on the Access to finance of small and médium-sized enterprises in the Euro Area”. Disponible en http://www.ecb.int/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201304en.pdf?3b7bc41a75f26b1f4ba492a29b9e7670
Fuente:
http://eduardogarzon.net/aseveracion-para-disminuir-el-deficit-fiscal-hay-que-realizar-recortes-en-el-gasto-publico-y-decretar-aumentos-de-impuestos/
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