¿En qué medida cumple el CETA los diez principios progresistas del S&D sobre acuerdos comerciales?

Cuando el Parlamento Europeo se prepara para votar el crucial acuerdo sobre comercio e inversión (CETA) entre la Unión Europea y Canadá , el grupo de los socialistas y demócratas del Parlamento Europeo (S&D) ha publicado un listado con los diez principios progresistas para una nueva era de acuerdos comerciales. Estos principios propugnan un sistema de comercio internacional más justo cuyos acuerdos prioricen la protección pública y la transparencia por encima del poder corporativo. A continuación se analiza en qué medida cumple el CETA con estos diez principios.

                                                                                

1.      Beneficios para muchos y no solo para unos pocos

El primer objetivo de los acuerdos comerciales debe ser beneficiar al espectro más amplio posible de ciudadanos. Los acuerdos comerciales deben contribuir al crecimiento económico sostenible y al empleo en la Unión Europea y en los países socios.

Según la Comisión Europea, el CETA supondrá para la UE un crecimiento del PIB a largo plazo de entre 0,02% y 0,03%. Esto ha hecho que surjan dudas sobre si el CETA conllevará algún beneficio y mucho menos si conllevará beneficios para muchos. Según un estudio independiente es probable que el CETA incremente la desigualdad y suponga la pérdida de 200.000 empleos en toda la UE, todo ello sin que se hayan implementado políticas de reciclaje para los trabajadores o se haya preparado a las economías para este cambio. En lugar de crear empleo y un crecimiento económico sostenible, es probable que el CETA aumente la precaria situación en la que ya se encuentran muchas personas.

Es más, los arbitrajes de aplicación en materia de inversión del CETA, el Sistema Judicial de Inversiones (ICS), permite que las empresas multinacionales cuestionen y posiblemente obstaculicen a aquellos estados cuya legislación protege tanto el medio ambiente como los estándares sanitarios y laborales. Además, la ciudadanía no podrá formar parte del jurado de arbitraje.

2.      Una política que se base en valores

Además de bienes y servicios, la Unión Europea debe exportar sus valores, en particular, en términos de estándares laborales, sociales y medioambientales. Debe incluirse un capítulo de comercio y desarrollo sostenible, incluyendo los derechos laborales centrales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y las disposiciones sobre responsabilidad social corporativa, en todos los acuerdos comerciales de la Unión Europea. Los eurodiputados y las eurodiputadas seguirán presionando para que se apliquen estas disposiciones.

Los capítulos del CETA sobre desarrollo y empleo sostenible son idealistas, inejecutables y no incluyen compromisos concretos, todo ello hace que sea imposible exigir responsabilidad a las multinacionales o a los Gobiernos. De hecho,  es probable que debido al marco del CETA sobre cooperación en materia legislativa entre Canadá y la UE disminuyan los estándares medioambientales ya que se centra en la liberación del mercado para fomentar su acceso en vez de respetar y defender la protección medioambiental.

Es más, a pesar de que las autoridades canadienses han prometido ratificar los principales convenios laborales de la OIT, el CETA en sí no proporciona ningún mecanismo adicional para la protección de los derechos laborales. Si alguna de las partes incumple los derechos laborales, a lo único que pueden aspirar aquellas personas que se vean afectadas es a recomendaciones no vinculantes. Además, si los estados mejoran los estándares laborales se les puede demandar en un tribunal de arbitraje en materia de inversión. (Ver también principios 9 y 10).

3.      Transparencia y participación de los ciudadanos

Las negociaciones deben desarrollarse de forma abierta y transparente, todo lo que sea posible. No debe haber vuelta atrás en nuestros logros sobre transparencia, por los que tanto hemos luchado, en las negociaciones actuales. El Consejo debe publicar automáticamente todos los mandatos negociadores nuevos y previamente adoptados, y el proceso de elaboración de políticas debe basarse en un diálogo significativo con la sociedad civil, los sindicatos y la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

El CETA se negoció en secreto entre 2009 y 2014. La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) recibió una copia confidencial del acuerdo en septiembre de 2014, solo unas semanas antes de su firma. La UE y Canadá solo publicaron sus mandatos de negociación en diciembre de 2015, más de un año después de que concluyesen las negociaciones. Ambas partes han ignorado en gran medida las recomendaciones hechas por la sociedad civil y los sindicatos de trabajadores, asimismo han rechazado una participación pública real. Algunos comentaristas definen el CETA como uno de los acuerdos comerciales menostransparentes que ha firmado la UE en los últimos años.

Una llamada a la resistencia: PyMEs contra el TTIP

En España las PyMEs, a través de sus organizaciones, no se han manifestado claramente en contra del TTIP. No ocurre lo mismo en el resto de estados miembros de la Unión Europea, como, por ejemplo, en Austria, donde se han movilizado para rechazar el TTIP. Este es el manifiesto de las PyMEs austriacas contra el TTIP:
 

 Una llamada a la resistencia

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Nosotras, las pequeñas medianas y empresas de Austria, no estamos de acuerdo con el punto de vista  de la Comisión Europea (publicitado desde el otoño de 2014) de que van a ser sobre todo las pequeñas medianas y empresas (PyMEs) las que se van a beneficiar de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP). Al contrario, estamos firmemente convencidos de que estas PyMEs, las cuales proporcionan la mayor parte  del valor añadido y empleo en Austria, sufrirían enormemente con una radical apertura del mercado doméstico a las empresas multinacionales. Más del 90% de la economía de Austria no está implicada en comercio transatlántico. Por tanto, cualquier reducción del comercio intraeuropeo para favorecer el comercio con los EE.UU. tendría impactos negativos serios en la columna vertebral de la economía austriaca.

El  alto nivel de estándares sociales y medioambientales europeos y nuestro sistema democrático no deben ser sacrificados a intereses corporativos de cualquier lado del Atlántico. Pero el contenido ya conocido del acuerdo, como la protección de inversiones (ISDS), la apertura de la  contratación pública (en particular, la de las entidades locales), y la  igualación de una legislación social y medioambiental que  ha sido conseguida tras duras luchas, señala mayores ventajas para las grandes empresas  y serios perjuicios para las PyMEs.

Las experiencias de otros acuerdos de libre comercio confirman estos temores. La Comisión Europea publicita datos principalmente para aquellas PyMEs que ya exportan a los EE.UU. y Canadá, destacando las consabidas ventajas que se presumen al TTIP.  Quizás las consecuencias negativas para la mayoría de las PyMEs que se concentran en el mercado europeo no se han investigado ni tampoco discutido. La carencia general de transparencia de las negociaciones y la indecisa publicación de unos pocos documentos, debido a la masiva oposición pública, viola principios democráticos básicos.

Por estas razones, nosotras –las pequeñas medianas y empresas de Austria- demandamos a nuestro gobierno federal, a nuestra asamblea nacional, y al Parlamento Europeo que paralicen inmediatamente las negociaciones del TTIP.

Nos oponemos a las  políticas de comercio que subordinan la protección social y ecológica en pro del crecimiento económico y los beneficios de las multinacionales, y demandamos unas  políticas de inversión y de comercio controladas democráticamente.

En cualquier lugar del mundo las mercancías han de ser producidas bajo condiciones laborables justas y sin impactos nocivos para el medio ambiente, y con este fin un “Código de Producto” es indispensable. Tal código impediría condiciones laborables inhumanas y daños ecológicos, y aseguraría una contabilidad veraz de los costes de materias primas y emisiones de CO2 en la producción y el transporte.

El comercio, al promover el intercambio de bienes y servicios, debería ponerse al servicio del bienestar de todas las  regiones. Debería también contribuir a incrementar la diversidad cultural y ecológica, e impedir el  auge de una competencia ruinosa que promueve sistemas de producción hostiles a los seres humanos y al medio ambiente.

 KMU gegen TTIP (PyMES contra el  TTIP)

Traducción: David Hervás.

Otros artículos sobre TTIP y PyMEs:

Cinco cuestiones que las Pequeñas y Medianas Empresas deben plantearse sobre el TTIP

ATTAC, asociación sin ánimo de lucro, denuncia que el pasado 5 de noviembre fue publicada en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en virtud de la cual la reproducción total o parcial, así como la descarga del material de esta página es susceptible de ser gravado por un canon a cobrar por CEDRO, en contra de nuestra voluntad, y por tanto solicitamos su inmediata derogación.          

 

ATTAC Castelló no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

Cinco cuestiones que las Pequeñas y Medianas Empresas deben plantearse sobre el TTIP

por  Richard Esner

MORE  (Movement for Responsibility in Trade Agreements)


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Según sus promotores, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) beneficiará a todas las empresas, ¿pero esto es verdad? La Comisión Europea (CE) y los Estados Unidos de América (EEUU) afirman  que el Tratado ayudará especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), no solamente a las multinacionales. ¿Podemos creerles? Una vez aprobado el acuerdo, será imposible volverse atrás. Desde otoño de 2014 la CE reitera sin descanso que las PyMEs se beneficiarán más del TTIP que las grandes empresas,  gracias a la supresión de las formalidades administrativas y los fastidiosos procedimientos burocráticos necesarios para exportar a los EEUU. Pero por extraño que parezca, a las PyMEs prácticamente ni se las mencionó en la primera campaña de promoción del TTIP. Las PyMEs tienen que considerar seriamente el TTIP antes de considerar que defenderá sus intereses.

Actualmente se está negociando el TTIP entre EEUU y la Unión Europea (UE). Las mayores defensoras del TTIP son las grandes multinacionales a ambos lados del Atlántico que componen el TABC (Consejo Empresarial Transatlántico, por sus siglas en inglés) y que trabajan entre bastidores desde hace décadas para conseguirlo . En Bruselas, las  firmas de  cabildeo contratadas para vender el TTIP a los parlamentarios y a los medios de comunicación, alaban sus beneficios  para las 20 millones de PyMEs europeas que representan el 99,8% de las empresas registradas, el 66,5% de los empleados, y el 57% del valor añadido al PIB del continente⁽¹⁾. Sin embargo las PyMEs en su mayoría no disponen de los recursos  para aprovechar el TTIP en los mismos términos que  las grandes empresas. MORE⁽²⁾ considera que las PyMEs  deben estar mejor informadas sobre el TTIP y sus consecuencias para su futuro en Europa. Este breve documento corto enumera las cinco cuestiones que  preocupan a las PyMEs. Se merecen recibir mejores respuestas de la Comisión Europea y de los defensores del TTIP, que las obtenidas hasta ahora. 

Existe margen para aumentar los ingresos fiscales sin deteriorar la actividad económica.

Aseveración a comprobar: 

“Para disminuir el déficit fiscal hay que realizar recortes en el gasto público y decretar aumentos de impuestos”

 

Eduardo Garzón 

Todo el mundo conoce las típicas recetas que se están recomendando desde los altos círculos de poder para reducir el déficit fiscal de los Estados, en especial los de la periferia europea.

Planteamiento

El déficit fiscal expresa que la administración pública en cuestión tiene más gastos que ingresos. Para reducir o incluso revertir este diferencial, lo que hay que hacer es disminuir los gastos, aumentar los ingresos, o ambas cosas a la vez.

Verificación

Los datos (1) demuestran que realizar recortes en el gasto público y aumentar los impuestos no tiene por qué disminuir el déficit fiscal. Es más, pueden incluso hacer que aumente.