Por Verónica Gómez
Comisión Internacional de ATTAC España
Comisión Internacional de ATTAC España
Hasta la fecha, es preocupante el bajo perfil de las noticias relacionadas con el TTIP en los medios de comunicación, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión que están negociando la Unión Europea y los EEUU en el secretismo más absoluto y cuyos objetivos podrían tener un impacto dramático en la calidad de vida de los ciudadanos y la democracia.
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El TTIP pretende la creación de una zona de libre comercio e
inversión que englobaría la Unión Europea y EE.UU. Uno de sus focos de interés está
en eliminar las “barreras” a la libre circulación de productos y
servicios, que no es otra cosa que la degradación de las normas,
salvaguardas y estándares sociales y medioambientales que se han
conseguido a la lo largo de luchas generacionales. Sin embargo, este
artículo no se va a centrar en esta cuestión de hondo calado y mayor
impacto, sino en el segundo foco de interés del TTIP: la creación de
procesos paralelos totalmente al margen de los parlamentos, la
ciudadanía y el control democrático, que otorgan un poder inusitado a
las multinacionales en detrimento del interés general y la soberanía de
los gobiernos para regular a favor del interés público.
Para ello cuentan con dos estrategias. La primera es la creación del “Consejo de Cooperación Regulatoria Transatlántica”.
Este instituto transnacional, y sin precedente histórico, tiene como
propósito que un puñado de funcionarios y representantes de las
corporaciones se sienten a la mesa para que, a puerta cerrada y
totalmente al margen del debate público y el interés general, se siga
desregulando en aquellos sectores donde no se haya alcanzado un acuerdo
tras finalizar las negociaciones del TTIP. Más allá todavía, el objetivo
es que todas las nuevas normas y regulaciones sean supervisadas primero
desde su impacto sobre el comercio y deban ir acompañadas de un informe
que asegure que los legisladores no adoptan medidas que van en
detrimento de los grandes negocios. Es decir, medidas perfectamente
legítimas para salvaguardar la salud pública, proteger el medioambiente,
apoyar a las empresas nacionales frente a las extranjeras, apoyar a las
PYMES, luchar contra la crisis, o promover modelos productivos
alternativos, podrían ser rechazadas o “suavizadas” para
asegurarse de que las grandes corporaciones siguen haciendo negocio.
Mientras tanto, aquellas medidas que favorezcan a éstas, se presentarían
como un acuerdo sin espacio para ninguna modificación. Por lo tanto,
este consejo tiene el poder de substraer las nuevas propuestas
normativas del debate público, modificarlas en el mejor interés de las
multinacionales, y presentarlas justo después, como el resultado lógico
de acuerdos previamente alcanzados entre los lobbies, autoridades de
EEUU y la Unión Europea y un grupo de funcionarios no responsables frente a la
ciudadanía.
Por si esto no fuera suficiente, el TTIP incluye el ISDS, un
mecanismo que otorga a las corporaciones el poder de demandar a los
gobiernos de un país cada vez que aprueben una ley que contravenga sus
intereses, fuera de su sistema legal y en tribunales ad hoc, donde 3
abogados privados deciden, arbitrando normalmente a favor de las
multinacionales, y obligando a los gobiernos a pagar demandas
millonarias con el dinero de los sufridos contribuyentes. Así viene
ocurriendo en los 10 últimos años. Vattenfall demandó al gobierno alemán
por querer desmantelar dos de sus plantas nucleares tras el accidente
de Fukushima por 3.700 millones €, Philip Morris a Uruguay por lanzar
una campaña para reducir el consumo de tabaco, 2.000 millones $,
Argentina recibió más de 40 demandas (1.000 millones $) por congelar los
intereses de los servicios de agua y electricidad para que fueran
asequibles en época de crisis, y así un largo de etcétera. Bajo el TTIP
más de 75.000 transnacionales podrían usar el ISDS para doblegar la
voluntad de los gobiernos e impedir leyes a favor del interés público.
García Bercero (1) , aseguró a su homólogo estadounidense que los
documentos de las negociaciones no serían públicos hasta pasados 30
años, y hay razones de sobra para que así sea, el TTIP supondría el
final del modelo social europeo y un golpe de estado por parte de las
corporaciones que terminaría de hacer añicos nuestras ya precarias
democracias.
Publicado en Nueva Tribuna http://www.nuevatribuna.es/
Notas:
(1) Ignacio García Bercero, funcionario español al frente de los negociadores europeos, en una carta dirigida a su L. Daniel Mullaney, jefe negociador estadounidense, que puede leerse aquí: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151621.pdf
POSTS EN NUESTRO BLOC SOBRE EL TTIP :
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