Cuando el Parlamento Europeo
se prepara para votar el crucial acuerdo sobre comercio e inversión (CETA)
entre la Unión Europea y Canadá , el grupo de los socialistas y demócratas del
Parlamento Europeo (S&D) ha publicado un listado con los diez principios progresistas para una nueva era de acuerdos comerciales. Estos
principios propugnan un sistema de comercio internacional más justo cuyos
acuerdos prioricen la protección pública y la transparencia por encima del
poder corporativo. A continuación se analiza en qué medida cumple el CETA con
estos diez principios.
1. Beneficios para muchos y no solo para unos pocos
El primer objetivo de los
acuerdos comerciales debe ser beneficiar al espectro más amplio posible de
ciudadanos. Los acuerdos comerciales deben contribuir al crecimiento económico
sostenible y al empleo en la Unión Europea y en los países socios.
Según la Comisión Europea,
el CETA supondrá para la UE un crecimiento del PIB a largo plazo de entre 0,02%
y 0,03%. Esto ha hecho que surjan dudas sobre si el CETA conllevará algún
beneficio y mucho menos si conllevará beneficios para muchos. Según un estudio independiente es probable que el CETA incremente la desigualdad y suponga
la pérdida de 200.000 empleos en toda la UE, todo ello sin que se hayan
implementado políticas de reciclaje para los trabajadores o se haya preparado a
las economías para este cambio. En lugar de crear empleo y un crecimiento
económico sostenible, es probable que el CETA aumente la precaria situación en
la que ya se encuentran muchas personas.
Es más, los arbitrajes de
aplicación en materia de inversión del CETA, el Sistema Judicial de Inversiones
(ICS), permite que las empresas multinacionales cuestionen y posiblemente
obstaculicen a aquellos estados cuya legislación protege tanto el medio
ambiente como los estándares sanitarios y laborales. Además, la ciudadanía no
podrá formar parte del jurado de arbitraje.
2.
Una política que se base en
valores
Además de bienes y
servicios, la Unión Europea debe exportar sus valores, en particular, en
términos de estándares laborales, sociales y medioambientales. Debe incluirse
un capítulo de comercio y desarrollo sostenible, incluyendo los derechos
laborales centrales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y las
disposiciones sobre responsabilidad social corporativa, en todos los acuerdos
comerciales de la Unión Europea. Los eurodiputados y las eurodiputadas seguirán
presionando para que se apliquen estas disposiciones.
Los capítulos del CETA sobre
desarrollo y empleo sostenible son idealistas, inejecutables y no incluyen
compromisos concretos, todo ello hace que sea imposible exigir responsabilidad
a las multinacionales o a los Gobiernos. De hecho, es probable que debido al marco del CETA
sobre cooperación en materia legislativa entre Canadá y la UE disminuyan los
estándares medioambientales ya que se centra en la liberación del mercado para fomentar su acceso en vez de respetar y defender la protección medioambiental.
Es más, a pesar de que las
autoridades canadienses han prometido ratificar los principales convenios
laborales de la OIT, el CETA en sí no proporciona ningún mecanismo adicional
para la protección de los derechos laborales. Si alguna de las partes incumple
los derechos laborales, a lo único que pueden aspirar aquellas personas que se
vean afectadas es a recomendaciones no vinculantes. Además, si los estados
mejoran los estándares laborales se les puede demandar en un tribunal de
arbitraje en materia de inversión. (Ver también principios 9 y 10).
3.
Transparencia y
participación de los ciudadanos
Las negociaciones deben
desarrollarse de forma abierta y transparente, todo lo que sea posible. No debe
haber vuelta atrás en nuestros logros sobre transparencia, por los que tanto
hemos luchado, en las negociaciones actuales. El Consejo debe publicar
automáticamente todos los mandatos negociadores nuevos y previamente adoptados,
y el proceso de elaboración de políticas debe basarse en un diálogo
significativo con la sociedad civil, los sindicatos y la OIT (Organización
Internacional del Trabajo).
El CETA se negoció en
secreto entre 2009 y 2014. La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento
Europeo (INTA) recibió una copia confidencial del acuerdo en septiembre de
2014, solo unas semanas antes de su firma. La UE y Canadá solo publicaron sus
mandatos de negociación en diciembre de 2015, más de un año después de que
concluyesen las negociaciones. Ambas partes han ignorado en gran medida las
recomendaciones hechas por la sociedad civil y los sindicatos de trabajadores,
asimismo han rechazado una participación pública real. Algunos comentaristas
definen el CETA como uno de los acuerdos comerciales menostransparentes que ha firmado la UE en los últimos años.
4.
Que nadie se quede atrás
Las personas desfavorecidas por la apertura
comercial deben ser recompensadas apropiadamente. Esto incluye ayudar a los
trabajadores a adaptarse al cambio y mejorar el apoyo a aquellos que pierdan
sus empleos como resultado de la competencia extranjera que resulta de la
globalización, enfocándose particularmente en el sector manufacturero. La
Comisión Europea debe facilitar evaluaciones de impacto más completas, evaluar
y actualizar herramientas políticas como el Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización (FEAG) o considerar la creación de un sistema similar al “US
Trade Adjustment Assistance” (ayuda estadounidense a los ajustes comerciales).
De momento ni la Comisión ni
los Gobiernos nacionales han sido capaces de anticipar o establecer medidas que
ayuden a aquellas personas que es probable pierdan su empleo debido al CETA, a
pesar de que la Comisión reconoce que es fácil que debido al acuerdo comercial haya
“cambios de trabajo” y “redistribución de los trabajadores”.
“Cuanto más débil es tu
posición dentro de la economía, con mayor fuerza sentirás sus repercusiones.”
Servaas Storm sobre el impacto del CETA, economista, Universidad
Técnica de Delft
5.
Las PYMES son actores claves
Las PYMES (pequeñas y medianas empresas) son el sustento
de la economía europea y deben beneficiarse también de los acuerdos
comerciales. Debe incluirse un capítulo en cada acuerdo sobre cómo reducir los
costes comerciales mundiales para las pequeñas empresas de cara a integrar a
las PYMES en el mercado mundial.
El CETA no incluye
disposiciones para las pequeñas y medianas empresas. Solo el 3% de los 20
millones de PYMES de la UE exportan fuera de la UE. La mayoría se benefician del
acceso al mercado interno de la UE por lo que una mayor competencia por parte
de las poderosas multinacionales puede poner en peligro a las PYMES y al empleo
que generan (el 67% del empleo total de la UE).
La evaluación de impacto
sobre la sostenibilidad que realizó la Comisión no tuvo en consideración los
efectos del CETA sobre las PYMES europeas. Algunas organizaciones de PYMES
advierten que el CETA “amenaza consocavar otras políticas de la UE diseñadas para beneficiar a las PYMES.” En varios países de la UE las plataformas de las PYMES
han solicitado que se rechace el acuerdo.
“Intentar aumentar las exportaciones como
medida para suplir la demanda interior no es una estrategia de crecimiento
sostenible ni para la UE ni para Canadá. Bajo las actuales condiciones de
austeridad, un alto desempleo y un bajo crecimiento, mejorar la
competitividad bajando los costes laborales solo perjudica a la economía.”
Pierre Kohler y Servaas Storm, economistas, Universidad Tufts
6.
El multilateralismo es la
primera y mejor opción
Cuando sea posible, la Unión
Europea debe presionar por soluciones multilaterales en el contexto de la OMC
(Organización Mundial de Comercio). Los esfuerzos para concluir la Agenda de
Desarrollo de Doha deben continuar en paralelo para garantizar que los países
en desarrollo siguen desempeñando un papel en el comercio internacional. Los
Acuerdos de Libre Comercio (ALC) no deben ser una amenaza al sistema multilateral
de comercio en lugar de un trampolín hacia acuerdos comerciales multilaterales.
El CETA no es un buen paso
hacia acuerdos comerciales progresistas y multilaterales. No fomenta el
comercio sostenible y por tanto no puede ser el modelo a seguir por aquellos
países que busquen reducir la pobreza y las consecuencias medioambientales.
CETA, al igual que otros acuerdos que negocia la UE o que ya ha firmado,
promociona un comercio y unas prácticas de producción que son perjudiciales
para el medio ambiente además de fomentar la explotación laboral; por ejemplo la ganadería industrial. Si se ratifica el CETA, se prevé un aumento
significativo de las exportaciones canadiense de ternera criada de forma
industrial en detrimento de la producción europea que es menos intensiva.
7.
Que los Gobiernos legislen
libremente por el interés público
No deben debilitarse las
leyes nacionales ni el derecho de los Gobiernos a regular. Gracias a la presión
de nuestro Grupo, la Comisión Europea ha abandonado el mecanismo de resolución
de litigios entre el inversor y el Estado y lo ha retirado del AECG (Acuerdo
Económico y Comercial Global).
El sistema de protección de
inversiones del CETA conlleva los mismos peligros que elISDS. Al igual que este, no
cumple los requisitos del Parlamento Europeo para unsistema de protección de inversión aceptable. A pesar de que en teoría los Gobiernos tienen el
derecho a regular, por ejemplo tomando decisiones para proteger la salud
pública o el medioambiente, se puede denunciar a los Gobiernos ante los
tribunales de arbitraje de inversión especiales si ejercen este derecho.
Además, el marco del CETA para la cooperación en materia reguladora afectará a
nivel legislativo y disminuirá el derecho de los Gobiernos a regular en
beneficio del interés público.
8.
La protección de los
servicios públicos
Las autoridades europeas,
nacionales y locales deben retener el pleno derecho a introducir, adoptar,
mantener o revocar medidas relacionadas con el comisionado, la organización, la
financiación y la provisión de servicios públicos.
Todos los servicios públicos
tendrán que competir con las empresas privadas y enfrentarse a los desafíos que
esto puede suponer salvo que queden explícitamente exentos de las disposiciones
de servicios públicos de CETA (este enfoque que se conoce como “enfoque de la
lista negativa” también recibe el nombre de “inclúyelo o piérdelo”). No
obstante, los servicios que queden exentos de las disposiciones de CETA sobreservicios públicos no quedan exentos de las disposiciones de CETA sobreprotección a los inversores. Esto significa que los
inversores pueden demandar a una autoridad europea, nacional o local por las
decisiones que tomen con respecto a los servicios públicos (por ejemplo agua,
sanidad, pensiones o educación) a pesar de que se encuentren en el listado de
exenciones.
9.
Los derechos humanos y
sociales en el centro de la política comercial
La política comercial debe
reforzar las iniciativas de responsabilidad social corporativa y obligar a las
empresas a asumir responsabilidad en todas las etapas de la cadena de
suministro. Debe superar el enfoque voluntario y adoptar uno de diligencia
obligatoria debida, tal y como han hecho los eurodiputados y eurodiputadas del
S&D al introducir con éxito la propuesta de los minerales procedentes de
zonas de conflicto.
El capítulo del CETA sobre
desarrollo sostenible solo contiene medidas idealistas, no incluye compromisos
vinculantes; es decir, se limita a “fomentar” y “promover” las
buenas prácticas. Sin unos objetivos u obligaciones claras, el desarrollo
sostenible no tiene relevancia práctica o legal en la ejecución del acuerdo. De
hecho, el CETA introduce nuevas formas, por ejemplo mediante los tribunales arbitrales de inversión, en que las empresas poderosas pueden desafiar los
altos niveles de protección pública en materia de medio ambiente, sanidad y
empleo.
10.
Los estándares de la Unión
Europea deben preservarse
Debe quedar claro que los
acuerdos de libre comercio de la Unión Europea no llevarán a ninguna reducción
de los estándares medioambientales, de salud y seguridad, y que se preservará
el principio de precaución.
Canadá no reconoce el “principio
de precaución” tal y como lo establecen las leyes de la UE. Por tanto,
ambas partes han acordado una versión debilitada en el que las medidas de
precaución solo se adoptarán si son “rentables”. Esto prioriza los
intereses privados de las empresas por encima de los intereses públicos
relacionados con la protección medioambiental y los estándares laborales.
Por el contrario, el
artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) exige que
la UE tome medidas cuando un científico y una evaluación objetiva identifican
que un fenómeno, producto o proceso pueden tener efectos peligrosos, incluso si
dicha evaluación no ofrece garantías suficientes sobre la existencia de riesgo.
En otras palabras, cuando es necesario adoptar medidas de precaución, la
protección del medio ambiente y de la salud debe prevalecer por encima de las
consideraciones económicas.
“se debe rechazar el CETA, el acuerdo de libre
comercio entre la UE y Canadá. Es un acuerdo que pertenece a otra era. […] El
control legal que se propone es claramente inadecuado, especialmente lo
referente a las cuestiones claves sobre la remuneración de los árbitros que
pueden generar todo tipo de abusos. En el mismo momento en que el imperialismo
legal americano gana fuerza e impone sus reglas y cuotas sobre nuestras
empresas, esta disminución de la justicia pública es una aberración. La
prioridad debe estar en crear autoridades públicas fuertes, crear el papel de
fiscal, incluyendo un fiscal europeo con capacidad para hacer respetar sus
decisiones.”
Thomas
Piketty, economista, École des
hautes études en sciences sociales
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