¿En qué medida cumple el CETA los diez principios progresistas del S&D sobre acuerdos comerciales?

Cuando el Parlamento Europeo se prepara para votar el crucial acuerdo sobre comercio e inversión (CETA) entre la Unión Europea y Canadá , el grupo de los socialistas y demócratas del Parlamento Europeo (S&D) ha publicado un listado con los diez principios progresistas para una nueva era de acuerdos comerciales. Estos principios propugnan un sistema de comercio internacional más justo cuyos acuerdos prioricen la protección pública y la transparencia por encima del poder corporativo. A continuación se analiza en qué medida cumple el CETA con estos diez principios.

                                                                                

1.      Beneficios para muchos y no solo para unos pocos

El primer objetivo de los acuerdos comerciales debe ser beneficiar al espectro más amplio posible de ciudadanos. Los acuerdos comerciales deben contribuir al crecimiento económico sostenible y al empleo en la Unión Europea y en los países socios.

Según la Comisión Europea, el CETA supondrá para la UE un crecimiento del PIB a largo plazo de entre 0,02% y 0,03%. Esto ha hecho que surjan dudas sobre si el CETA conllevará algún beneficio y mucho menos si conllevará beneficios para muchos. Según un estudio independiente es probable que el CETA incremente la desigualdad y suponga la pérdida de 200.000 empleos en toda la UE, todo ello sin que se hayan implementado políticas de reciclaje para los trabajadores o se haya preparado a las economías para este cambio. En lugar de crear empleo y un crecimiento económico sostenible, es probable que el CETA aumente la precaria situación en la que ya se encuentran muchas personas.

Es más, los arbitrajes de aplicación en materia de inversión del CETA, el Sistema Judicial de Inversiones (ICS), permite que las empresas multinacionales cuestionen y posiblemente obstaculicen a aquellos estados cuya legislación protege tanto el medio ambiente como los estándares sanitarios y laborales. Además, la ciudadanía no podrá formar parte del jurado de arbitraje.

2.      Una política que se base en valores

Además de bienes y servicios, la Unión Europea debe exportar sus valores, en particular, en términos de estándares laborales, sociales y medioambientales. Debe incluirse un capítulo de comercio y desarrollo sostenible, incluyendo los derechos laborales centrales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y las disposiciones sobre responsabilidad social corporativa, en todos los acuerdos comerciales de la Unión Europea. Los eurodiputados y las eurodiputadas seguirán presionando para que se apliquen estas disposiciones.

Los capítulos del CETA sobre desarrollo y empleo sostenible son idealistas, inejecutables y no incluyen compromisos concretos, todo ello hace que sea imposible exigir responsabilidad a las multinacionales o a los Gobiernos. De hecho,  es probable que debido al marco del CETA sobre cooperación en materia legislativa entre Canadá y la UE disminuyan los estándares medioambientales ya que se centra en la liberación del mercado para fomentar su acceso en vez de respetar y defender la protección medioambiental.

Es más, a pesar de que las autoridades canadienses han prometido ratificar los principales convenios laborales de la OIT, el CETA en sí no proporciona ningún mecanismo adicional para la protección de los derechos laborales. Si alguna de las partes incumple los derechos laborales, a lo único que pueden aspirar aquellas personas que se vean afectadas es a recomendaciones no vinculantes. Además, si los estados mejoran los estándares laborales se les puede demandar en un tribunal de arbitraje en materia de inversión. (Ver también principios 9 y 10).

3.      Transparencia y participación de los ciudadanos

Las negociaciones deben desarrollarse de forma abierta y transparente, todo lo que sea posible. No debe haber vuelta atrás en nuestros logros sobre transparencia, por los que tanto hemos luchado, en las negociaciones actuales. El Consejo debe publicar automáticamente todos los mandatos negociadores nuevos y previamente adoptados, y el proceso de elaboración de políticas debe basarse en un diálogo significativo con la sociedad civil, los sindicatos y la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

El CETA se negoció en secreto entre 2009 y 2014. La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) recibió una copia confidencial del acuerdo en septiembre de 2014, solo unas semanas antes de su firma. La UE y Canadá solo publicaron sus mandatos de negociación en diciembre de 2015, más de un año después de que concluyesen las negociaciones. Ambas partes han ignorado en gran medida las recomendaciones hechas por la sociedad civil y los sindicatos de trabajadores, asimismo han rechazado una participación pública real. Algunos comentaristas definen el CETA como uno de los acuerdos comerciales menostransparentes que ha firmado la UE en los últimos años.

EL MITO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

 

 

CARLOS JAVIER BUGALLO SALOMÓN

Licenciado en Geografía e Historia

Diplomado en Estudios Avanzados en Economía

 

Este enfoque de las políticas públicas considera que el respeto a los individuos implica respetar sus preferencias. Pero a diferencia del igualitarismo de los recursos, en el que se basa la propuesta de la renta básica, postula la igualdad de las oportunidades.¹

La crítica que se ha dirigido a los defensores de la igualdad de recursos es semejante a la que Marx expuso en su momento: las personas conformadas de manera diferente y situadas en diversos lugares requieren distintas cantidades de recursos básicos para satisfacer las mismas necesidades. Por lo tanto, uno no debe preocuparse por los bienes como tales, sino de lo que los bienes hacen por los hombres.²

Para entender este enfoque, empecemos por establecer algunas definiciones. Una oportunidad es una ocasión de un agente, X, de elegir obtener un objetivo, Ώ , sin la barrera de un obstáculo Φ. Y la igualdad de oportunidades existe en todo lugar donde dos o más personas tienen una ocasión de alcanzar un objetivo específico sin ser estorbados por un obstáculo específico.³ 

Así pues, C le da a X la oportunidad de alcanzar Ώ si elimina determinado obstáculo Φ; y, por lo tanto, pone a X en condiciones de obtener Ώ. Así pues, el hecho de que X obtenga Ώ depende sólo de su habilidad natural y adquirida y de su esfuerzo. Entonces, X y Q tienen igual oportunidad de vencer en una competencia, si parten de la misma línea. Si X se encuentra al principio atrás de Q, debe desplazarse hacia delante hasta la línea común de partida para tener la misma oportunidad que Q.

El principio de la igualdad, o mejor dicho de la nivelación de oportunidades, se ocupa por consiguiente de la redistribución del acceso a las distintas posiciones de la sociedad, pero no de la distribución de las posiciones mismas. La hipótesis consiste en que, si todos tienen un punto de partida igual, la posición que ocupen al final dependerá exclusivamente de la velocidad y de la distancia alcanzada.⁴

Los beneficiarios de la Eurozona

Un informe de CorpWatch. 13 de Noviembre de 2013

 Traducción de Alberto Martínez. ATTAC-PV

 

Un nuevo informe de CorpWatch arroja luz sobre la actuación de seis grandes bancos europeos en Grecia, Irlanda y España, y su papel en la crisis de la eurozona. "Los beneficiarios de la Eurozona” muestra el perfil de Commerzbank, Depfa y Westdeutsche Landesbank de Alemania; Crédit Agricole y Société Générale de Francia y Dexia, una institución financiera franco- belga.

Ha habido mucho debate entre los economistas sobre cómo la creación del euro sin una infraestructura de apoyo, tal como la unión bancaria, provocó la crisis económica en Europa. Este informe se suma a dicha discusión analizando cómo estos bancos ayudaron a impulsar el auge del crédito en la eurozona antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, primero en EEUU y luego a través del Atlántico, dejando a los países prestatarios profundamente endeudados.

Las claves de la nueva ayuda de 30.000 millones a la banca.

Eduardo Garzón Espinosa – Consejo Científico de ATTAC España

El pasado viernes 29 de noviembre, el gobierno aprobó un Real Decreto mediante el cual se autoriza y detalla una nueva ayuda pública a los bancos españoles por valor de 30.000 millones de euros. Esta ayuda consiste en que el Estado se compromete a respaldar con dinero público una buena parte de los activos tóxicos que tienen los bancos en su propiedad.

Pero, ¿qué son exactamente estos activos tóxicos? Diciéndolo llanamente: se trata de bonos-descuento que pueden usar los bancos en el futuro para no pagar impuestos. Estos bonos-descuento son creados por el Estado y entregados a los bancos cuando se presenta alguna de las siguientes situaciones: