NOTA DE PRENSA DE LA XARXA VALENCIANA PER L'AIGUA PÚBLICA

Porque el agua es vida su gestión ha de ser pública

Reabierto el debate sobre si la gestión del agua en las ciudades ha de ser pública, privada o mixta, con la difusión de un informe del Consejo General de Economistas, la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública continua reclamando la gestión pública directa del agua por los siguientes motivos:

1. Porque el agua es un bien de primera necesidad frágil y limitado, que ha de llegar a todos en la mejor de sus condiciones para garantizar una vida digna a los ciudadanos, sin deteriorar los ecosistemas que contribuyen a la renovación cíclica del agua.
2. Porque la satisfacción de una necesidad básica que, además, ha de ser de calidad por sus implicaciones en la salud pública no puede estar subordinada a criterios de eficiencia económica con el fin de maximizar los beneficios empresariales. Es decir, el agua es vida no negocio.
3. Porque los límites que se imponen a su gestión vienen definidos por su naturaleza, su escasez, la responsabilidad de garantizar la salud pública y el respeto al medio ambiente. Por eso las instituciones públicas son las únicas que pueden garantizar estos extremos.
4. Porque una gestión pública de calidad, al no estar sujeta a la lógica de la maximización del beneficio empresarial, puede ofrecer mejores condiciones laborales a los trabajadores.
5. Porque las subvenciones y los distintos tipos de ayudas públicas (por ejemplo, en I+D+i) que hoy reciben las empresas privadas dedicadas a la gestión del agua podrían destinarse a fortalecer las instituciones públicas de gestión del agua con mayor transparencia y eficacia.
6. Porque la cooperación público-público en materia de investigación y desarrollo e innovación tecnológica ha mostrado la capacidad de generar un alto conocimiento y experiencia orientado a la resolución de los problemas reales de los ciudadanos, contribuyendo además a la democratización de la ciencia.
7. Porque los ahorros y mejoras de la gestión directa pública de calidad redundan en el beneficio de los ciudadanos en lugar de engrosar las cuentas de resultados de los operadores y los grupos financieros a los que pertenecen.

Es decir, porque el agua constituye un patrimonio esencial para toda forma de vida y no una mercancía, su gestión ha de ser pública, no un negocio.

NOTA DE PREMSA DE LA XARXA VALENCIANA PER L'AIGUA PÚBLICA

Perquè l'aigua és vida la seua gestió ha de ser pública

 
Reobert el debat sobre si la gestió de l'aigua a les ciutats ha de ser pública, privada o mixta, amb la difusió d'un informe del Consell General d'Economistes, la "Xarxa Valenciana per l'Aigua Pública"* contínua reclamant la gestió pública directa de l'aigua pels següents motius:
1- Perquè l'aigua és un bé de primera necessitat fràgil i limitat, que ha d'arribar a tothom en la millor de les seues condicions per garantir una vida digna als ciutadans, sense deteriorar els ecosistemes que contribueixen a la renovació cíclica de l'aigua.
2- Perquè la satisfacció d'una necessitat bàsica que, a més, ha de ser de qualitat per les seues implicacions en la salut pública, no pot estar subordinada a criteris d'eficiència econòmica per tal de maximitzar els beneficis empresarials. És a dir, l'aigua és vida no negoci.
3- Perquè els límits que s'imposen a la seua gestió vénen definits per la seva naturalesa, la seua escassetat, la responsabilitat de garantir la salut pública i el respecte al medi ambient. Per això les institucions públiques són les úniques que poden garantir aquests extrems.
4- Perquè una gestió pública de qualitat, en no estar subjecta a la lògica de la maximització del benefici empresarial, pot oferir millors condicions laborals als treballadors.
5- Perquè les subvencions i els diferents tipus d'ajudes públiques (per exemple, en R + D + I) que hui reben les empreses privades dedicades a la gestió de l'aigua podrien destinar-se a enfortir les institucions públiques de gestió de l'aigua amb major transparència i eficàcia.
6- Perquè la cooperació públic-públic en matèria de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica ha mostrat la capacitat de generar un alt coneixement i experiència orientat a la resolució dels problemes reals dels ciutadans, contribuint a més a la democratització de la ciència.
7- Perquè els estalvis i millores de la gestió directa pública de qualitat redunden en el benefici dels ciutadans en lloc de engrossir els comptes de resultats dels operadors i els grups financers als quals pertanyen.
És a dir, perquè l'aigua constitueix un patrimoni essencial per a tota forma de vida i no una mercaderia, la seua gestió ha de ser pública, no un negoci.

*La Xarxa Valenciana per l’Aigua Púbica, està formada per Acció Ecologista-Agró, Confederació d’Associacions de Veïns CAVE-COVA, CCOO, Ecologistes en Acció, Enginyeria Sense Fronteres, Fundació Nova Cultura de l’Aigua, Heterodòxia Castelló, Intersindical Valenciana, La Ribera en Bici, No als Tractats Desiguals, Unió de Llauradors i Ramaders i Xúquer Viu.

Ningún señor feudal hubiera tenido mejores vasallos.

Publicado: Cap senyor feudal hauria tingut millors vassalls
                 Ningún señor feudal hubiera tenido mejores vasallos                
                Cap senyor feudal haguera tingut millors vassalls

El avance de la tecnología de la información y de la comunicación (TIC), el desarrollo de la redes culturales, y la globalización han abierto nuevas posibilidades de intercambio, ya que a través de las redes no solo se puede adquirir la propiedad de bienes y servicios, sino también compartir su uso sin transferir la propiedad, ya sea con o sin dinero. Es la llamada "economía colaborativa" y aunque el uso compartido de las cosas es histórico, hasta ahora no habíamos necesitado ninguna herramienta digital para ejercerlo, sólo requería tener relaciones de vecindad o amistad con las que compartías, la plancha, el taladro, el secador de pelo, el arroz, el azúcar, el coche, el cuidado esporádico de las mascotas o de los hijos. Lo que no existían eran las plataformas digitales, que además de traer los avances tecnológicos aportan una estructura empresarial diferente, donde la figura del consumidor y del proveedor se simultanean y la responsabilidad se diluye.

Buscando un sistema que facilitara el uso de recursos ociosos, fomentara el ahorro y la protección del medio ambiente, surgió la llamada "economía colaborativa" o "consumo colaborativo", basada en el uso las redes digitales en la que se comparten valores como la solidaridad, la confianza, y la defensa de lo común, como una alternativa a la acumulación de la propiedad. Sin embargo, la crisis sistémica atrajo a aquellos que sumidos en la precariedad veían en este sistema una oportunidad para subsistir. Y gracias a la amplia aceptación de las redes sociales y el uso de los teléfonos inteligentes, se expandió rápidamente en forma de negocio lucrativo, penetrando con más fuerza en la industria del turismo y el transporte, presentando serios problemas para garantizar la seguridad de los consumidores, la habitabilidad de las ciudades, los puestos de trabajo decentes, el comercio y la fiscalidad justa por carecer de regulación. 

¿En qué medida cumple el CETA los diez principios progresistas del S&D sobre acuerdos comerciales?

Cuando el Parlamento Europeo se prepara para votar el crucial acuerdo sobre comercio e inversión (CETA) entre la Unión Europea y Canadá , el grupo de los socialistas y demócratas del Parlamento Europeo (S&D) ha publicado un listado con los diez principios progresistas para una nueva era de acuerdos comerciales. Estos principios propugnan un sistema de comercio internacional más justo cuyos acuerdos prioricen la protección pública y la transparencia por encima del poder corporativo. A continuación se analiza en qué medida cumple el CETA con estos diez principios.

                                                                                

1.      Beneficios para muchos y no solo para unos pocos

El primer objetivo de los acuerdos comerciales debe ser beneficiar al espectro más amplio posible de ciudadanos. Los acuerdos comerciales deben contribuir al crecimiento económico sostenible y al empleo en la Unión Europea y en los países socios.

Según la Comisión Europea, el CETA supondrá para la UE un crecimiento del PIB a largo plazo de entre 0,02% y 0,03%. Esto ha hecho que surjan dudas sobre si el CETA conllevará algún beneficio y mucho menos si conllevará beneficios para muchos. Según un estudio independiente es probable que el CETA incremente la desigualdad y suponga la pérdida de 200.000 empleos en toda la UE, todo ello sin que se hayan implementado políticas de reciclaje para los trabajadores o se haya preparado a las economías para este cambio. En lugar de crear empleo y un crecimiento económico sostenible, es probable que el CETA aumente la precaria situación en la que ya se encuentran muchas personas.

Es más, los arbitrajes de aplicación en materia de inversión del CETA, el Sistema Judicial de Inversiones (ICS), permite que las empresas multinacionales cuestionen y posiblemente obstaculicen a aquellos estados cuya legislación protege tanto el medio ambiente como los estándares sanitarios y laborales. Además, la ciudadanía no podrá formar parte del jurado de arbitraje.

2.      Una política que se base en valores

Además de bienes y servicios, la Unión Europea debe exportar sus valores, en particular, en términos de estándares laborales, sociales y medioambientales. Debe incluirse un capítulo de comercio y desarrollo sostenible, incluyendo los derechos laborales centrales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y las disposiciones sobre responsabilidad social corporativa, en todos los acuerdos comerciales de la Unión Europea. Los eurodiputados y las eurodiputadas seguirán presionando para que se apliquen estas disposiciones.

Los capítulos del CETA sobre desarrollo y empleo sostenible son idealistas, inejecutables y no incluyen compromisos concretos, todo ello hace que sea imposible exigir responsabilidad a las multinacionales o a los Gobiernos. De hecho,  es probable que debido al marco del CETA sobre cooperación en materia legislativa entre Canadá y la UE disminuyan los estándares medioambientales ya que se centra en la liberación del mercado para fomentar su acceso en vez de respetar y defender la protección medioambiental.

Es más, a pesar de que las autoridades canadienses han prometido ratificar los principales convenios laborales de la OIT, el CETA en sí no proporciona ningún mecanismo adicional para la protección de los derechos laborales. Si alguna de las partes incumple los derechos laborales, a lo único que pueden aspirar aquellas personas que se vean afectadas es a recomendaciones no vinculantes. Además, si los estados mejoran los estándares laborales se les puede demandar en un tribunal de arbitraje en materia de inversión. (Ver también principios 9 y 10).

3.      Transparencia y participación de los ciudadanos

Las negociaciones deben desarrollarse de forma abierta y transparente, todo lo que sea posible. No debe haber vuelta atrás en nuestros logros sobre transparencia, por los que tanto hemos luchado, en las negociaciones actuales. El Consejo debe publicar automáticamente todos los mandatos negociadores nuevos y previamente adoptados, y el proceso de elaboración de políticas debe basarse en un diálogo significativo con la sociedad civil, los sindicatos y la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

El CETA se negoció en secreto entre 2009 y 2014. La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) recibió una copia confidencial del acuerdo en septiembre de 2014, solo unas semanas antes de su firma. La UE y Canadá solo publicaron sus mandatos de negociación en diciembre de 2015, más de un año después de que concluyesen las negociaciones. Ambas partes han ignorado en gran medida las recomendaciones hechas por la sociedad civil y los sindicatos de trabajadores, asimismo han rechazado una participación pública real. Algunos comentaristas definen el CETA como uno de los acuerdos comerciales menostransparentes que ha firmado la UE en los últimos años.

Crónica de un ciudadano en el Pleno del Ayuntamiento de Onda

Juan Bautista Esteve Ramos. 

El miércoles pasado, 8 de Julio de 2015, me invitaron a acercarme al pleno del Ayuntamiento de Onda. Motivo: Se iba a presentar una enmienda para que el Ayuntamiento de Onda se posicionara en contra del TTIP y del TISA (Tratados de libre comercio que están en fase de negociación en Bruselas actualmente)

La verdad, es el primer pleno completo al que asisto. Tenia una ligera idea del devenir del proceso plenario, pero verlo en vivo ya daba un poco de miedo. Ver que los que “gobiernan” en el Ayuntamiento se dedican a increparse según sus siglas en vez de gobernar. Llegar al punto de increpar a una concejal embarazada para mi fue ya lo más. 

 

No estoy aquí para centrarme a hablar sobre por qué la cultura no se basa sólo en espectáculos de calle ni sobre la conciliación familiar. Estoy aquí para hablar sobre la susodicha enmienda presentada por Izquierda Unida y Onda si se Puede, y apoyada por Compromís, casualmente los únicos concejales que votaron a favor.

CLAROSCUROS ANTE LA PRESTACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS [PIM]

Javier Méndez- Vigo Hernández. 

“El Estado moderno, tanto de un país totalitario como de un democrático, tiene demasiado poder, y seguramente hacemos bien en tenerle miedo” Anthony Burgess

Antes de comenzar este artículo para dilucidar determinados “claroscuros” hacia una propuesta permítaseme recurrir al Diccionario de la Real Academia para delimitar cierta terminología:

Prestación: Cosa o servicio que alguien recibe o debe recibir de otra persona en virtud de un contrato o de una obligación legal

Subsidio: Prestación pública asistencia de carácter económico y de duración determinada

Derechos fundamentales: Los que por ser inherentes a la dignidad humana y por resultar necesarios para el libre desarrollo de la personalidad, suelen ser reconocidos por las constituciones modernas asignándoles un valor jurídico.

Hay que decir para terminar que los derechos fundamentales tienen su origen en las Revoluciones burguesas, que tienen su fundamento filosófico en el gran axioma ético kantiano: “el ser humano tiene dignidad, no precio” Axioma que se olvida cotidianamente.

Una vez delimitada la terminología hay que decir que esta no es la primera crisis del capitalismo, ni que tampoco será la última. Pero si hay que tener en cuenta que, desde que comenzó el asalto al Estado de Bienestar (crisis del 73), quizás sea la más profunda entre otras cosas porque inciden dos hechos fundamentales desde mi punto de vista: a) la desaparición de los derechos sociales, y b) por la pertenencia al Euro, ya que esto último supone la pérdida de autonomía por parte de los Estados. No tenemos Banco Central y por consiguiente no podemos hacer determinadas políticas como fueron la devaluación de la moneda.

LA CURIOSA “COLABORACIÓN” DE LA BANCA EN LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS EN ESPAÑA.

Por Sandra Soutto. Economista

El pasado martes 3 de febrero se publicó en el BOE una modificación normativa en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la recaudación de la AEAT (1), en la que el gobierno otorga un trato preferencial más a la banca. Ahora bien, para valorar en su justa medida esta nota hemos de tener en cuenta que, los ingresos tributarios durante el 2013 ascendieron a 168.847 millones de euros (2), esta modificación se realiza en consonancia con las conclusiones de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (3), y que regula el ingreso en el Tesoro de las cantidades recaudadas que son ingresadas sólo a través de las entidades de crédito.

Digo “sólo”, porque en la séptima legislatura(2000-2004), con el Sr. Montoro como ministro de Hacienda, arguyendo la socorrida eficacia, se eliminaron las ventanillas de caja que existían en las distintas administraciones y delegaciones de la AEAT, gestionadas por la banca pública, que por aquel entonces era Argentaria (4). En ellas, los contribuyentes podíamos ingresar nuestras deudas con el fisco y en pocas horas veíamos aplicado dichos ingresos a nuestras deudas. De esta manera, habiendo pagado la deuda, si necesitábamos un certificado, levantar los embargos a los que hubiera dado lugar la gestión de su cobro (casas, vehículos, acciones,...), o recuperar la libre disposición de los bienes ofrecidos en garantía para la obtención del aplazamiento-fraccionamiento de dicha deuda (avales, hipotecas, prendas), lo teníamos sin mayor dilación. Entre otras cosas, porque al estar la caja en la misma Delegación o Administración donde se gestionaba el cobro del expediente la comprobación del ingreso entrañaba menos dificultades.

Sin embargo, de acuerdo con los argumentos esgrimidos por el gobierno, la banca pública no resultaba eficiente (recordemos que desde el punto de vista administrativo, la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo, o al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos), por lo que el gobierno eliminó las ventanillas de cajas y redirigió la recaudación de los ingresos a los bancos privados, a los que llama entidades colaboradoras.

Impuestos ¿Para qué?

Por Sandra Soutto.

En la era del secreto bancario, donde la mitad de los ingresos mundiales es controlado por el 10% de la humanidad, cuando la economía sumergida en España se calcula en el 24 % de su PIB (253.000 millones de euros )(1), cuando los españoles tienen más de 144.000 millones de euros en paraísos fiscales (2), la corrupción da mucho de qué hablar, y aumenta el porcentaje de población que sufre pobreza y exclusión social (3), se hace necesaria una reforma del sistema tributario que garantice la justicia económica y social. Pero no nos confundamos, el sistema tributario sólo es el medio que nos permite conseguir el fin, y su objetivo no debería ser la obtención de ingresos. En este contexto es necesario, primero tener muy claro cuáles son los objetivos a alcanzar, y segundo, qué son y para qué sirven los impuestos.

Considerando que el objetivo está claramente definido en la Constitución española, título I (De los derechos y deberes fundamentales), capítulo III (De los principios rectores de la política social y económica), en este post analizaré la definición de los impuestos, y sus funciones. 

 

En el portal de educación de la AEAT (Agencia Estatal de la Administración Tributaria) (4), reza la siguiente definición, cuyo origen es el artículo 2 de la Ley General Tributaria (5):

“Finalmente, los impuestos son los tributos más importantes, pues es a través de ellos como se obtienen la mayoría de los ingresos públicos para costear las necesidades colectivas. Son cantidades que se exigen obligatoriamente por ley sin que exista una contraprestación individualizada específica y que se fundamentan en hechos que demuestran la capacidad económica de los ciudadanos.”

Veamos, en este párrafo dice que:

1º- Los impuestos son tributos, es decir, se trata de prestaciones en dinero que los ciudadanos del Estado están obligados por ley a dar a su gobierno en el momento en el que la ley lo imponga y por el importe que así lo determine, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. Podrán servir como instrumentos de política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución. 

2º- Los impuestos existen porque una norma de rango legal los crea. Es una ley la que obliga a los ciudadanos de un Estado a pagar una determinada cuantía (deuda tributaria) por un hecho concreto (hecho imponible: determina el nacimiento de la obligación), en un momento determinado. Por ejemplo, la obtención de una retribución o ingreso por un servicio prestado durante un año. 

3º- Los impuestos, constituyen prestaciones que deberán realizarse en la moneda designada por el gobierno del Estado en la norma a través de la cual regula los tributos. Normalmente será la moneda oficial del Estado. Esto significa que los pagos en otra moneda, que no sea la que diga la ley, no liberarán a los ciudadanos de sus obligaciones frente al Estado, y, en el caso de entregar en pago una moneda que no sea la oficial, estos no serán aceptados y los órganos de recaudación del Estado podrán exigir la deuda, incluso vía ejecutiva para saldar la misma. Pues, cuando el ciudadano no cumple con su obligación de pagar sus impuestos el Estado puede embargar y ejecutar bienes y derechos de su propiedad hasta cobrar la deuda completa. Por ejemplo, en España al decir la ley que los impuestos se han de pagar en la moneda de curso legal, lo que quiere decir es que sólo valdrán los pagos en euros, ya que la moneda de curso legal en España ahora, es el euro. Por tanto, no valdrá el pago en pesetas, ni en bitcoins, ni en ninguna moneda social, ni tan siquiera en otra moneda oficial de otro estado, como por ejemplo el yen o el dólar. 

4º- Por el pago de los impuestos los ciudadanos no tienen contraprestación directa, ya que el Estado no tiene obligación de dar ni bienes ni servicios a cambio de lo que recibe. Sin embargo la ley deja claro que los impuestos se destinan al sostenimiento de los gastos públicos, eso sí, sin especificar cuáles, al contrario de lo que ocurre con otros tributos como las tasas y las contribuciones especiales. Además dice, que podrán ser utilizados como instrumentos de política económica para la consecución del interés común y bajo los principios regulados en la Constitución española, capítulo III del Título I “De los principios rectores de la política social y económica” (artículos 39 a 52) (6), donde enumera cuales deben de ser los objetivos de la política económica, entre los que destaco el pleno empleo, la formación y readaptación profesional, seguridad e higiene en el trabajo (art. 40), régimen público de seguridad social para todos (art. 41), la salud pública (art. 43), el acceso a la cultura, la ciencia y la investigación científica y técnica, una vivienda digna, y la conservación del medio ambiente. 

5º- Los impuestos se fundamentan en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacerlos bajo los principios de justicia, generalidad, igualdad (de derechos), progresividad (el que más tiene más paga), equidad distributiva de la carga fiscal, y no confiscatoriedad. Dicha capacidad se puede medir mediante el análisis del patrimonio, de las rentas, de las herencias, de las donaciones, e incluso del gasto que realiza cada persona, de ahí que, si los impuestos se configuran bajo los principios antes detallados, podrían constituir un buen indicador de la capacidad contributiva de cada persona. 

Un acuerdo del que se habla muy poco: El TiSA

por Joana Ripoll. Attac Mallorca

El TiSA es un acuerdo multilateral que están negociando en este momento 50 países: Australia, Canadá, Chile, Taiwan, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Corea del Sur, Suiza, Turquía, Estados Unidos y Unión Europea.

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TiSA son las siglas en inglés de Acuerdo sobre Comercio de Servicios(1). El concepto servicios es una categoría muy amplia que incluye telecomunicaciones, educación a distancia, turismo, inversión extranjera directa (sucursal bancaria de un país en otro país, suministro de agua o energía por empresas transnacionales), movimientos de personas (enfermeras, empleadas del hogar, ejecutivos), etc. O sea que, a espaldas de la ciudadanía (ya que las negociaciones son secretas), se está negociando el futuro de los servicios que se pueden ofertar a los ciudadanos, entre ellos los públicos, sin que nosotros podamos intervenir para decidir según nuestros intereses.

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Y aquí cabe la pregunta: ¿es lícito comercializar los servicios, sobre todo los servicios públicos?

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Los servicios públicos tratan de satisfacer las necesidades sociales básicas de una manera asequible, universal y sobre una base no lucrativa. Los servicios públicos suelen ir acompañados de una reglamentación que establece las bases de cómo deben realizarse dichos servicios, atendiendo a criterios de calidad, seguridad, protección del medio ambiente, justicia, etc

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Los acuerdos comerciales, por el contrario, promueven deliberadamente la comercialización y redefinen los servicios en función de su potencial para producir beneficios. A su vez, intervienen o bloquean las reglamentaciones de los Estados para ordenar estos servicios, con el fin de anteponer los intereses de los inversores y proveedores extranjeros de servicios por delante de los intereses de los ciudadanos.

SERVICIOS PÚBLICOS, RENTA BÁSICA Y SU FINANCIACIÓN.

Sandra Soutto.

La Renta Básica es el tema que tiene ocupada a tertulias, media, políticos, pensadores de distintas disciplinas y ciudadanos, en las que parece haberse alcanzado el consenso en cuanto a que es una buena medida para luchar contra la pobreza, la precariedad laboral y el desempleo.

Mientras tanto, y gracias a las políticas económicas aplicadas por los últimos gobiernos de España, nuestro estado del bienestar se diluye entre privatizaciones y externalización de servicios. Vamos perdiendo salud, educación, pensiones, la gestión del agua y diversos servicios de los que hasta ahora podían disfrutar ricos y pobres, cualquiera que lo necesitara. Sí, tal como lo digo, todos sin distinción. Los servicios públicos siempre han sido la mejor herramienta de redistribución del ingreso, y una buena herramienta de distribución de los recursos entre la ciudadanía, siendo su meta proporcionar una satisfacción digna de las necesidades, sin desincentivar el trabajo y sin impedir nadie el acceso a los mismos servicios ofrecidos por el mercado. Y, en general, todos estamos de acuerdo en que los servicios públicos deben ser financiados por el Estado, a través de los impuestos que debe asumir la ciudadanía en función de las capacidades de cada uno.

De pronto, parece que nos hemos cansado de luchar por nuestro estado del bienestar, por nuestros servicios públicos, para abrazar una ilusión, una esperanza o, tal vez, una promesa. ¿Qué nos esta pasando? ¿Nos hemos rendido? ¿Es que la renta básica en dinero nos va a permitir cubrir las necesidades que satisfacen los servicios públicos perdidos o por perder?

Tal vez, recurriendo a la herencia cultural judeocristiana y grecolatina que fundamenta nuestra civilización occidental, encontremos pistas para pensar en el significado de una renta en dinero. Recordemos, que en el paraíso Adán y Eva no trabajaban, pero Dios nunca les dio una renta básica en dinero, sino bienes y servicios ("Hizo Yavé germinar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y apetitosos para comer" Génesis 2,9), y como nunca caían enfermos ni necesitaban educación ni vivienda, ni ropa, no necesitaban dinero.

Hesiodo describe la Edad de Oro en su obra “Los trabajos y los días”, en la que los primeros humanos vivían sin preocupaciones ni trabajo, comían solamente bellotas, frutos silvestres y la miel que destilaban lo árboles, nunca envejecían, bailaban y reían mucho. No necesitaban en la Edad de Oro, pues, ni oro ni dinero.

En ninguno de estos paraísos perdidos los dioses ofrecieron dinero a los humanos para garantizarle una existencia placentera y feliz. Por ello, todas las sociedades han soñado con paraísos como los antes descritos: paraísos sin dinero. Es decir, la búsqueda de la felicidad eterna no incluía el dinero. Entonces, por qué no nos planteamos una renta básica universal en servicios públicos, que nos permita recuperar el estado de bienestar, renacionalizando los servicios privatizados, y garantizando a toda la población la satisfacción de las necesidades básicas, para que puedan tener una vida digna. De esta manera, evitaríamos la mercantilización de los servicios públicos, propósito de las políticas neoliberales. Recordemos algunas de las leyendas de nuestras pancartas exhibidas en recientes movilizaciones: “sanidad publica de todos para todos”; “las pensiones no están en venta”; “yo sí, sanidad universal”; “no somos mercancía en manos de políticos y banqueros”; “la educación es un derecho, no un privilegio”; “la educación no se vende, se defiende”.... Lo teníamos muy claro, no podíamos dejar que nuestros servicios públicos cayeran en manos del mercado, no podíamos permitir que transformaran en mercancía nuestra salud, ni la educación, ni las pensiones, ni el agua. Ni tan solo caer en la trampa neoliberal de afirmar que los servicios seguían siendo públicos y lo que se privatiza es la gestión.

Es el momento de preguntarnos si al dar una renta básica en dinero, ¿no estamos dejando en manos del mercado y al servicio del capital, todo aquello por lo que hemos estado luchando?. ¿Vamos a permitir que los recursos destinados a una renta básica acaben alimentando más burbujas y que siga aumentando la desigualdad y la pobreza?