DIEZ RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCIÓN DE INVERSIONES DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS DE FRANCIA
En Francia
continúa el debate sobre el CETA (acuerdo
económico y comercial global entre Canadá y la UE), después de que el pasado
mes de julio el Consejo Constitucional francés considerara que dicho tratado es compatible
con la Constitución francesa. Ahora con el
informe de la “comisión de expertos” en el CETA que confirma los riesgos que supondría
la aplicación de este tratado para el medioambiente, la agricultura, la alimentación,
la salud y el clima.
En
España el CETA ha sido ratificado por
el Congreso de los diputados el pasado 29 de junio a instancia del Gobierno, el
cual negó la necesidad de análisis de su constitucionalidad, así como la
evaluación de impacto de su aplicación en la economía nacional y en la sociedad,
y espera a ser debatido en el Senado tras el control previo de constitucionalidad solicitado por Unidos Podemos.
El
informe que encargó Emmanuel Macron, actual presidente francés, en cumplimiento
de una promesa electoral deja claro que el tratado entraña “incertidumbre y
riesgos” e incluye algunas críticas como:
- La falta de utilidad de los tribunales de arbitraje (ICS) en las relaciones de la UE con Canadá.
- En materia de armonización normativa, la cooperación reguladora y los tribunales de arbitraje (ICS) podrían ser un obstáculo si los Estados desean fortalecer las normas ambientales y sanitarias, e incluso podrían debilitar las normas actuales.
- Concluye que "los capítulos del acuerdo sobre el medio ambiente tienen el mérito de existir, pero no contienen ningún compromiso vinculante".
- "El gran ausente de este acuerdo es el clima" y que las políticas climáticas pueden ser desafiadas a través del Sistema de protección de inversiones (sistema de arbitraje).
- "Un aumento global de las importaciones europeas de carne de cerdo y carne de vacuno canadienses podrían afectar negativamente a un sector ganadero ya debilitado".
- La falta de garantías para el bienestar animal, sus alimentos y los antibióticos suministrados, el etiquetado de los productos que contengan OMG, así como el tipo y niveles de plaguicidas autorizados. Por lo que requiere “vigilancia especial”. Recuerdan que "Canadá todavía permite 46 sustancias activas prohibidas durante mucho tiempo en otros países" y que "los niveles máximos de residuos de plaguicidas autorizados en los productos alimenticios son mucho menos exigentes en Canadá".
Y sin
perjuicio de que dicho tratado sea o no ratificado, más allá de lo que pueda
decidirse a nivel político nacional y europeo sobre estas cuestiones, y en
particular en el ámbito de la agricultura, la “comisión de expertos” francesa sobre
el CETA recomienda:
