LOS EXPERTOS DE MACRON PONEN REPAROS AL CETA

DIEZ  RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCIÓN DE INVERSIONES DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS DE FRANCIA

En Francia continúa el debate sobre el CETA (acuerdo económico y comercial global entre Canadá y la UE), después de que el pasado mes de julio el Consejo Constitucional francés considerara que dicho tratado es compatible con la Constitución francesa.  Ahora con el informe de la “comisión de expertos” en el CETA que confirma los riesgos que supondría la aplicación de este tratado para el medioambiente, la agricultura, la alimentación, la salud y el clima.

En España el CETA ha sido ratificado por el Congreso de los diputados el pasado 29 de junio a instancia del Gobierno, el cual negó la necesidad de análisis de su constitucionalidad, así como la evaluación de impacto de su aplicación en la economía nacional y en la sociedad, y espera a ser debatido en el Senado tras el control previo de constitucionalidad solicitado por Unidos Podemos.

El informe que encargó Emmanuel Macron, actual presidente francés, en cumplimiento de una promesa electoral deja claro que el tratado entraña “incertidumbre y riesgos” e incluye algunas críticas como:

• La falta de utilidad de los tribunales de arbitraje (ICS) en las relaciones de la UE con Canadá.
• En materia de armonización normativa, la cooperación reguladora y los tribunales de arbitraje (ICS) podrían ser un obstáculo si los Estados desean fortalecer las normas ambientales y sanitarias, e incluso podrían debilitar las normas actuales.
• Concluye que "los capítulos del acuerdo sobre el medio ambiente tienen el mérito de existir, pero no contienen ningún compromiso vinculante".
• "El gran ausente de este acuerdo es el clima" y que las políticas climáticas pueden ser desafiadas a través del Sistema de protección de inversiones (sistema de arbitraje). 
• "Un aumento global de las importaciones europeas de carne de cerdo y carne de vacuno canadienses podrían afectar negativamente a un sector ganadero ya debilitado".
• La falta de garantías para el bienestar animal, sus alimentos y los antibióticos suministrados, el etiquetado de los productos que contengan OMG, así como el tipo y niveles de plaguicidas autorizados. Por lo que requiere “vigilancia especial”. Recuerdan que "Canadá todavía permite 46 sustancias activas prohibidas durante mucho tiempo en otros países" y que "los niveles máximos de residuos de plaguicidas autorizados en los productos alimenticios son mucho menos exigentes en Canadá".

Y sin perjuicio de que dicho tratado sea o no ratificado, más allá de lo que pueda decidirse a nivel político nacional y europeo sobre estas cuestiones, y en particular en el ámbito de la agricultura, la “comisión de expertos” francesa sobre el CETA recomienda:

Una economía local, justa y sostenible debe decir NO al CETA.

DÍA EUROPEO DE ACCIONES DESCENTRALIZADAS CONTRA EL CETA

El tratado económico y comercial entre la Unión Europea y Canadá, (CETA por sus siglas en inglés), se encuentra en la fase final de su proceso de ratificación, ya que el próximo 24 de enero, antes de la ratificación en el Parlamento Europeo, la Comisión de Comercio Internacional (INTA) decidirá sobre el CETA. Por ello, y con la finalidad de incidir sobre dichas votaciones las campañas europeas NO al TTIP, CETA, TiSA, entre ellas No al TTIP-Comarques de Castelló, convocan movilizaciones para este 21 de enero de 2017.

Durante la primera quincena de febrero, el tratado deberá ser ratificado por el pleno del Parlamento Europeo mediante una votación de sí o no a la totalidad del texto, no caben enmiendas. Si se ratifica, el 90% del mismo se podrá aplicar de forma provisional antes de que lo ratifiquen los distintos parlamentos nacionales y regionales. 

Sin embargo, el CETA es cuestionado por amplios sectores de la sociedad civil a ambos lados del Atlántico, al no ofrecer garantías reales sobre los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Algunos de los motivos son:

• El modelo económico basado en energías fósiles y sucias que impone el CETA hará imposible cumplir con los acuerdos adoptados en la lucha contra el cambio climático.
• El CETA no protege los derechos laborales, ni la salud, ni la seguridad ni el desarrollo sostenible, pero es ejecutivo a la hora de proteger al inversor, al que no le reconoce ninguna obligación.
• El CETA no permitirá implementar políticas que reduzcan las desigualdades, ya que limita seriamente la capacidad de los gobiernos estatales, regionales y locales para crear, expandir y regular los servicios públicos, incluso para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas.
• Al alargar la vida de las patentes, el CETA provocaría un aumento del precio de los medicamentos, de las semillas, de productos culturales y de la investigación.
• Con el CETA nuestra privacidad y nuestros datos se convertirán en una mercancía .
• El nivel de competencia que impone el CETA expulsaría del mercado a agricultores, pequeños empresarios y profesionales, transformando nuestra alimentación, los procesos de producción, las compras públicas e impidiendo el desarrollo sostenible.
• El CETA impedirá la aplicación de políticas destinadas a la consecución del pleno empleo y la estabilidad de precios, ya que una mayor liberalización de los mercados financieros hará que las economías sean más vulnerables a las crisis financieras.
• Informes independientes sobre los impactos económicos de la aplicación del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la Unión Europea como en Canadá, y que las ganancias generadas por este modelo de comercio serán sobre todo para los propietarios del capital, con el consiguiente aumento de la desigualdad.
• Con el CETA se legaliza un sistema de justicia paralela exclusivo para que las multinacionales puedan defender sus beneficios demandando a los gobiernos, llamado ICS.
• El CETA consolidará la influencia de los grupos de presión empresariales (lobbies) en la elaboración de las políticas públicas, a través de su participación en los órganos de toma de decisión, lo que perjudicaría la adopción de políticas de interés público.

Por todo esto y mucho más, el sábado 21 de enero de 2017 a las 19h saldremos, desde la plaza María Agustina de Castelló de la Plana, a manifestar nuestro rechazo al CETA, y a reivindicar un modelo basado en la economía local, justa y sostenible.

¡STOP CETA! ¡STOP TiSA! ¡STOP TTIP!

Principio de precaución y la “evidencia científica sólida”

 

Escrito por Sandra Soutto

Frases como: "Más vale prevenir que curar", y "Primum non nocere", que significa lo primero es no hacer daño, ilustran perfectamente lo que significa el principio de precaución, utilizado tanto para la autorización y regulación del consumo de productos, como de sus procesos productivos en la Unión Europea (UE), su finalidad es prevenir cualquier peligro que pueda existir para la salud humana, animal o vegetal, y el medio ambiente, en virtud del artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

De acuerdo con los documentos filtrados por Greenpeace sobre las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP), que se negocia entre EEUU y la Comisión Europea (CE), el principio de precaución se está tratando como una "barrera no arancelaria" que debe ser eliminado. 

Este principio que rige la toma de decisiones ante la existencia de un riesgo, pretende evitar cualquier peligro que pueda existir sobre la salud o el medio ambiente, así como los costes necesarios para implementar políticas que permitan la resolución de los daños causados sobre dichos agentes, y en ningún caso se puede utilizar de forma arbitraria, ya que para su aplicación se deben dar las siguientes condiciones:

1.     Identificación del riesgo y sus consecuencias.
2.     Evaluación de los datos científicos disponibles.
3.     Determinación del grado de incertidumbre.

Además, en la evaluación han de participar todas las partes implicadas, y deben ser revisadas en cuanto se disponga de nueva información científica.  De esta manera, en los casos en los que se adopte el principio de precaución, la carga de la prueba recae en el productor, fabricante o importador, quienes deberán demostrar la ausencia de peligro.

Sin embargo, existen otros criterios para evaluar los riesgos antes de tomar una decisión, como el basado en la evidencia científica sólida. Este es el criterio utilizado en EEUU, donde ante la ausencia de pruebas científicas concluyentes de un riesgo cierto, ya sea porque no se ha estudiado o porque no exista acuerdo entre los científicos, un producto puede ser  autorizado por el organismo regulador, sin que existan estudios que  avalen la ausencia de riesgo.

Poder y política en los tiempos de la crisis

Alejandro Nadal Egea.  Consejo Científico de ATTAC

 

La idea de que el mercado libre surge ‘naturalmente’ (y su corolario que cualquier intervención estatal sobre las relaciones de mercado es ‘artificial’) es falsa y peligrosa. La realidad es que el mercado es una criatura del poder del estado. Los arquitectos de la nueva generación de acuerdos comerciales lo saben bien.

Hoy se están negociando en secreto los dos acuerdos comerciales más grandes de la historia del neoliberalismo: el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP) y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP). Son acuerdos extraños porque después de la gran orgía de liberalización comercial de los años noventa es difícil concebir qué más se puede hacer para “abrir las puertas del libre comercio”. La retórica sobre “desatar las fuerzas del crecimiento económico” se antoja anacrónica en el contexto de una globalización neoliberal que desembocó en el estancamiento y la crisis. Y es que los nuevos acuerdos no tienen casi nada que ver con el “libre comercio” y casi todo con el objetivo de acrecentar y consolidar el poder de las corporaciones gigantes que dominan la economía del planeta.

La separación entre poder y política es hoy más clara que nunca. El poder de las grandes corporaciones es real, mientras que la política se deja para asuntos más o menos secundarios de la vida pública. Los partidos pueden o no debatir temas triviales, pero las grandes corporaciones son las dueñas del poder y lo hacen sentir a través de su control sobre sus espacios de rentabilidad en materia de salud, alimentación o medio ambiente.

Campanya NO TTIP a les comarques de Castelló

 

Des del passat 2 de desembre de 2014 diferents associacions i organitzacions de la societat castellonenca van decidir unir esforços, en una única campanya, per a lluitar contra els tractats internacionals de comerç i inversió, com el TTIP, el CETA o el TiSA, que negocia la UE a esquena de la ciutadania. (1)

Totes juntes pretenen impedir que les multinacionals establertes en el país se salten la legislació nacional, per a demandar  al govern davant  tribunals privats, quan aquest prenga decisions que puguen impedir l'obtenció dels beneficis que esperaven. És a dir, volen impedir que es generalitzen casos com els de el Castor, en el qual el govern ha pagat 1.400 milions d'euros en concepte d'indemnització a ESCAL (empresa majoritàriament participada per ACS). (2), i lluiten per preservar el medi ambient, contra el canvi climàtic, de manera que no es generalitzen tècniques d'extracció d'hidrocarburs com el fracking, ni s'aixequen les moratòries i prohibicions aconseguides .


També reivindiquen el nostre dret a la informació: que no se'ns oculten els assajos clínics, que se'ns permeta triar els aliments que consumim, ja que en aquests tractats s'està negociant eliminar l'etiquetatge obligatori de la presència de transgènics en els productes, així com la supressió de les  denominacions d'origen, perjudicant seriosament la  producció artesanal i local. En altres paraules, amb aquests tractats no sabrem d'on vénen els aliments que consumim ni com estan fets, ni que dir de la carn, ja que s'està negociant aixecar les prohibicions sobre hormones de creixement i fàrmacs per a l'engreix de bestiar com la ractopamina, així com  elevar el nivell tolerable en els aliments de pesticides tòxics, que danyen la salut i el medi ambient. Però també, defensen el principi de precaució (3) que permet impedir la distribució de productes que puguen comportar un perill per a la salut o fins i tot procedir a la seua retirada del mercat, en cas que les dades científiques no demostren l'absència de riscos per a la salut humana, animal o vegetal, o per al medi ambient.

Les associacions que integren la campanya, conscients que actualment a Espanya tenim una taxa de desocupació major que EUA durant la gran depressió (4), també, reivindiquen uns serveis públics de qualitat, ja que un dels principals objectius de les multinacionals, sobretot les del sector sanitari, és fer-se amb la gestió de la sanitat a través d'aquests tractats, així com amb la gestió de l'aigua i de l'educació, o la eliminació dels medicaments genèrics, la qual cosa provocarà una pujada important dels preus dels medicaments, de l'aigua que deixaria de ser un ben comú, i del cost de l'ensenyament. I a més la Campanya reivindica la protecció dels drets laborals, en una lluita sense quarter contra la precarietat, la pobresa i la desigualtat.

Moltes d'aquestes associacions lluiten contra aquest tipus de tractats des de fa alguns anys, com ATTAC (Associació per a la tributació de les transaccions financeres i l'acció ciutadana), l'origen de la qual va estar en la lluita contra l'AMI, un altre acord econòmic internacional negociat en secret en l'OCDE i l'OMC que constituïa una amenaça per a la democràcia (5) i es va intentar imposar a la ciutadania a la fi dels anys noranta. Així com, Ecologistes en Acció, advertint-nos dels perills que comporta per al medi ambient l'augment desmesurat del tràfic comercial que comportaria l'augment de l'emissions de CO2, i l'eliminació de les moratòries i restriccions de tècniques d'extracció d'hidrocarburs com el fracking.

És més, algunes d'elles van presentar durant les Quartes Jornades Anticapitalistes de Castelló,  una xarrada explicant les amenaces que suposa el TTIP per a les nostres vides (12 de novembre de 2014), preludi de l'actual campanya contra aquests tractats internacionals de comerç i inversions, els vídeos de les quals podeu visualitzar en aquesta pàgina.

La unitat sorgida de la lluita contra aquests tractats injustos, ens ha portat a la construcció d'un cavall, similar al de Troia, ja que de la mateixa manera que van penetrar els aqueus a Troia ocults en el ventre del cavall, del ventre dels  Tractats una vegada aprovats i ratificats sorgirà una onada de privatitzacions i de reduccions de drets i garanties dels ciutadans, un tsunami d'una dimensió tal que  les polítiques d'austeritat imposades per la Troika semblaran una simple broma. A través d'aquest magnífic cavall, es pretén que la societat visualitze amb claredat els perills que ens portaran aquests tractats i com amenacen les nostres vides. Però aquesta unitat només compta amb els recursos de les associacions que la integren,  ja que la campanya no disposa de finançament exterior de cap tipus, i aprofitem per a agrair l'ajuda desinteressada de tota les persones que col·laboren en aquesta campanya. Seguim arreplegant signatures contra el TTIP (https://stop-ttip.org/firmar/), impartint xarrades, distribuint material i construint un gran cavall. Si vols participar acosta't aquest divendres 6 de març al carrer Jacinto Benavente, 20 de Castelló de la Plana, o escriu-nos a la adreça de correu electrònic: attaccastello@gmail.com.

Comunicado

Petroli No. Columbretes Netes manifiesta su oposición al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) que negocian secretamente la UE y EEUU de espaldas a la ciudadanía, y con el único objetivo de beneficiar a las Transnacionales.

La plataforma Petroli No Columbretes Netes dice NO a cualquier tratado que ponga en riesgo nuestros derechos y en especial:

• la salud
• la seguridad alimentaria
• los servicios públicos
• los derechos laborales y sindicales
• la privacidad de nuestros datos en Internet

Pero sobretodo, Petroli No Columbretes Netes se opone a cualquier tratado que amenace el medio ambiente con la liberalización del fracking y cualquier actividad extractiva en nuestras tierras y en nuestras costas.

La plataforma Petroli No Columbretes Netes exige la suspensión de inmediato de las negociaciones.

Para más información puedes acceder a:

50 preguntas y respuestas sobre el Tratado de Libre Comercio (TTIP)

Fracking sense límits, o com el tractat transatlàntic és una amenaça per al medi ambient i el clima.

Dividits, sense protecció ni dret a la vaga, o com el tractat transatlàntic és una amenaça per als llocs de treball i els drets socials.

El Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión. Una Carta para la Desregulación, un Ataque al Empleo, el Final de la Democracia, Fundación Rosa Luxemburgo, Bruselas

¡Peligro! Acuerdo Transatlántico

Dossier TTIP, Campaña NO AL TTIP

A VUELTAS CON EL ITF

Sandra Soutto. (ATTAC-PV)
Economista.

Después del trasvase de millones de euros que el estado español hizo a la banca, mediante el rescate bancario, con la coartada de proteger a los ahorradores de la quiebra de los mismos, parece razonable pedir a las entidades bancarias que contribuyan al sostenimiento del erario público mediante un impuesto como el ITF (TTF). Sin embargo su aprobación se esta retrasando debido a la dificultad de llegar a un acuerdo entre los once estados que forman la cooperación reforzada (Bélgica, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Italia, Austria, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia).

Posibilidades y limitaciones de la renta básica

CARLOS JAVIER BUGALLO SALOMÓN
Licenciado en Geografía e Historia
Diplomado en Estudios Avanzados en Economía

Los enfoques ‘recursistas’ de las políticas públicas sostienen que los niveles de bienestar que las personas terminan por alcanzar dependen de las elecciones y características de los individuos, que no interesan al policy maker (gestor público). El interés pertinente de un igualitarista no debería ser  el bienestar, sino los recursos disponibles de las personas para perseguir sus fines.(1)

La propuesta más reciente y popular en este sentido es la de la ‘renta básica’ o ‘ingreso ciudadano’. Con ella se hace normalmente referencia a un pago periódico en metálico realizado por el Estado a cada ciudadano o residente, de manera incondicional y con independencia de otros recursos que perciba. Es decir, sin importar si es rico o pobre, con quien convive o si quiere o no trabajar de forma remunerada en el mercado laboral formal.(2)

Los elementos principales de esta medida son los siguientes. Por una parte, la renta básica se diferencia de los seguros de desempleo o de rentas mínimas de inserción, que son selectivos y condicionadas, es decir, están dirigidos sólo a un grupo determinado de sujetos –quienes carecen de empleo o de un mínimo de recursos- y se otorga a cambio de que los obligados se comprometan a buscar un empleo o a realizar uno que el Estado les encomiende.

Por otra parte, las características de la universalidad e incondicionalidad de la renta básica no están ausentes en otros derechos, como el de la educación básica gratuita, a la salud primaria o al sufragio. Se trataría, entonces, de situar la renta básica como un derecho fundamental, esto es, como un interés inalienable e indisponible para los poderes públicos y privados, dotado por ello de las mayores protecciones jurídicas.(3)

Se ha argumentado, además, que la renta básica no es sólo un mecanismo para asegurar unas dignas condiciones de vida a todos los ciudadanos, sino también, y fundamentalmente, una medida potencialmente emancipadora; es decir, capaz de otorgarles poder de negociación en sus esfuerzos por co-determinar la naturaleza de los procesos productivos y distributivos, favoreciendo un proceso efectivo de democratización de la vida social y económica toda.

¿De qué manera podría ensanchar las perspectivas de libertad efectiva? Básicamente por estas vías:

1. Dotando a la clase trabajadora de más poder de negociación de sus condiciones de trabajo.
2. Favoreciendo la posibilidad de elegir el autoempleo cooperativo.
3. Favoreciendo la posibilidad de que afloren otros trabajos ‘ocultos’ no atendidos por las empresas privadas.
4. Aumenta el consumo popular y amplía con ello la demanda solvente y los mercados internos.
5. Facilita la ocupación en otros trabajos de carácter doméstico o voluntario para terceros.(4)

La propuesta de la renta básica posee, sin embargo, algunas limitaciones que pasamos a exponer.

LA FADSP EXIGE LA RETIRADA DE LOS COPAGOS DESPUES DEL INFORME DEL CONSEJO DE ESTADO

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ante el Informe del Consejo de Estado sobre el RD que va a regular el copago del transporte sanitario no urgente, tiene que señalar:

 

1)    Estamos totalmente de acuerdo en que el copago sobre el transporte sanitario “no cumple ninguno de los dos objetivos para los que fue diseñado: el ahorro y la racionalización”, así como en el hecho de que el Ministerio de Sanidad no ha valorado ni el impacto económico ni sobre la salud de la población  de esta medida.

2)  Desde la FADSP venimos señalando desde la aprobación del RD Ley 16/2012 que el sistema de copagos que se establecía iba a generar desigualdad en el acceso a las prestaciones sanitarias que se vería muy dificultado para las personas mas pobres, mas enfermas, con mas problemas de discapacidad y para las que viven en el área rural, es decir para mas de 6 millones de personas en este país que no podrán acceder a prestaciones asistenciales que les son necesarias para el mantenimiento de su salud.

3)  El Informe del Consejo de Estado se suma a las declaraciones de la Sra Cospedal de que no aplicara el copago de la farmacia hospitalaria en Castilla La Mancha (aunque ella pretenda disimularlo diciendo que “lo asumirá la comunidad autónoma”).

4) Es evidente que aparte de la mayoría social y profesional que rechaza los copagos, este rechazo se está ampliando a responsables de las CCAA y del PP, ampliando las desigualdades en el conjunto del país en cuanto al acceso a la atención sanitaria, lo que debería hacer reflexionar al Ministerio de Sanidad sobre lo incongruente y desacertado de su política.

 

Desde la FADSP entendemos que las únicas opciones que tiene el Ministerio de Sanidad es paralizar la aplicación de los copagos, o la dimisión de sus responsables por  su manifiesta incapacidad para cumplir con las tareas por las que les pagamos los ciudadanos de este país.

 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

10 de enero de 2014

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