¡Hay trabajo!

Sandra Soutto.




Que no haya empleo no significa que no haya trabajo.

No  nos podemos dejar llevar por las alegrías de los leves repuntes de algunos de los indicadores económicos que nos alarmaban al comienzo de la crisis en España (paro, deuda y renta per capita), y en la UE (paro, deuda y renta per capita), pues no sólo no han mejorado sino que han empeorado. Lo cierto es que las políticas económicas aplicadas por los distintos gobiernos en busca del crecimiento y la expansión económica han fracasado. En cambio, han conseguido convertir el trabajo asalariado en un privilegio.

A la vista está, España vuelve a ser el líder de la Unión Europea en paro juvenil con una tasa de 53,8 %, me refiero a los menores de 25 años. Tenemos 842.000 jóvenes sin empleo en España, y de acuerdo con los datos facilitados por la oficina de estadística comunitaria (Eurostat), en términos generales, España se mantiene en el segundo puesto de la Eurozona, detrás de Grecia, con una tasa del 24,5%, frente al 11,5% de la Eurozona o al 10,2% de la UE de los 28.

En este contexto de escasez de trabajo asalariado, nuestra sociedad ha dejado de hablar de trabajo para hablar de empleo, haciendo hincapié en el valor de quien emplea, de quién elige entre un ejército de parados a quién le corresponderá beneficiarse de unos derechos laborales y sociales, y de las garantías que proporciona un trabajo asalariado, en contra del trabajo reproductivo (necesario para mantener la fuerza de trabajo), que hasta ahora ha carecido de retribución y ha sido desempeñado mayoritariamente por mujeres.

La creciente pérdida del trabajo asalariado y la precarización de las condiciones laborales, ha empujado a nuestros parados al autoempleo, a la economía sumergida y a la búsqueda de una oportunidad fuera de las fronteras españolas.

No es posible seguir aplicando políticas de austeridad procíclicas, en búsqueda del crecimiento económico, cuando la realidad impone el desarrollo de políticas de aumento del gasto público que estimulen la demanda interna mediante la creación de empleo.

¡Hay trabajo! Si observamos nuestro entorno veremos que hay mucho por hacer, y se trata de trabajos necesarios para la sociedad en la que vivimos. Es más, yo diría que son trabajos imprescindible para el mantenimiento de la vida en nuestro planeta, y una fuente de riqueza, y en la medida en que éstos no sean rentables para la empresa privada deberá ser el Estado el encargado de satisfacer esas necesidades sociales no cubiertas. Me refiero a trabajos como la limpieza de nuestros bosques (importante para evitar incendios y facilitar la reproducción), la reforestación, el cuidado de dependientes (hasta ahora desempeñado exclusivamente por la población femenina de forma gratuita), la gestión de comedores públicos, el mantenimiento del medio urbano y el desarrollo de las zonas rurales. Trabajos cuyo denominador común es garantizar la vida y la subsistencia, y en los que podrían incluirse las actividades relacionadas con la economía social o tercer sector. Ya va siendo hora de que midamos la productividad en términos vitales, como la salud, la educación y la felicidad.

Ahora bien, la creación de empleo debe estar condicionada:

Primero, por los límites físicos que nos impone el planeta, para poder realizar una asignación democrática y justa de los recursos. Y en este sentido, no podemos olvidar que las actividades productivas limpias son intensivas en mano de obra y favorecen la reactivación de la economía local.

Segundo, por una sociedad responsable del bienestar y de la reproducción social, que impone un reparto de las horas de trabajo remunerado equitativamente entre hombres y mujeres.

Tercero, por la distribución de la riqueza, como única posibilidad de justicia social en contra de la acumulación.

Este trabajo productivo y no rentable para la iniciativa privada debería ser repartido por el Estado entre nuestros parados, a través de los distintas administraciones que lo componen (otra fuente de creación de empleo). A su vez, debería garantizarse un salario y unas condiciones de trabajo dignas a todo aquél que quiera trabajar (trabajo garantizado). Evidentemente, se deberían adoptar medidas transitorias que faciliten la formación y la integración de los desempleados, y sin duda el salario social es una herramienta muy adecuada.

Los niveles de pobreza y desigualdad alcanzados en España exigen que el Estado garantice unos servicios públicos mínimos a toda la ciudadanía, sin importar el nivel de los ingresos de que se disponga ni tampoco el de aquellos con los que convivan (renta básica en servicios: salud, educación, transporte, vivienda social), y a aquellas personas que por su condición de dependientes no pueden realizar ningún trabajo, el Estado les debe garantizar su subsistencia, mediante los subsidios necesarios (renta básica).

Como ya se dijo en otro post de este blog, para garantizar el éxito de estas políticas es necesario que el Estado tenga soberanía monetaria, y España no la tiene; ya que necesita la autorización del Banco Central Europeo para emitir los euros que le permitirán implementar las políticas de creación de empleo antes enumeradas. Recordemos que esto ya ocurrió una vez, cuando el BCE autorizó a Irlanda a imprimir euros en la cuantía del 25% de su PIB, para “la monetarización directa de la deuda bancaria”. Es decir, no fue para beneficiar a la población precisamente, sumida en una gran pobreza a causa de las políticas de austeridad impuestas por la troika. ¿Por qué no hacer lo mismo para crear empleo socialmente necesario?

Pero ésto no es todo, España no puede hacer su propia política fiscal (distribución de los presupuestos del Estado, del gasto público y sistema impositivo) como estime oportuno, ya que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1.997, el Pacto Fiscal Europeo (o Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria), y la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, impusieron límites al déficit presupuestario (3% del PIB) y al volumen de la deuda pública (60% del PIB). Aunque, también debemos recordar que dichos límites han podido ser burlados por Alemania y Francia cuando han querido estimular su empleo.

En esta situación, el Estado español necesita los impuestos para financiar el gasto público: no tiene otra opción. Pero la recaudación de los impuestos, si bien aumentan los recursos disponibles del Estado, reducen la capacidad de compra de la ciudadanía y por tanto, reducen la demanda interna. Por eso, la distribución del gasto es una pieza fundamental en este esquema, ya que mediante la inversión de los recursos públicos en prestaciones y servicios, el Estado asegura una satisfacción mínima de necesidades a toda la población, evitando la discriminación y la arbitrariedad.

Ahora bien, esos impuestos han de ser justos, es decir, cada ciudadano debe contribuir en función de su capacidad (impuestos progresivos), y por tanto el que más tiene debería contribuir más a la financiación del Estado y no al revés, o como pretende el gobierno con la actual reforma fiscal, exigiéndole más a la clase media, ni que buscara su extinción. Entre otras cosas, deberíamos volver a calcular las deducciones sobre la cuota del IRPF, no sobre la base imponible como se hace actualmente, con el efecto de que en  la deducción por descendientes  los hijos de los ricos valen más que los de los pobres. Deberían  eliminarse también, deducciones como la practicada por declaración conjunta, dirigida a potenciar que las mujeres nos quedemos en casa para mantener el patriarcado. Parece oportuno recordar, que los ricos no crean empleo, pues, sólo buscan la acumulación de la riqueza, y su consumo se dirige a productos de lujo, normalmente de importación (me remito al post de este blog titulado LOS RICOS NO CREAN EMPLEO). Pero además, este sistema impositivo ha de ser generalizado para evitar los altos niveles de economía sumergida que imperan en España, cuyos protagonistas no son otros que la población socialmente desprotegida.

Además, la base de la recaudación impositiva debería ser el impuesto sobre la renta (imposición directa) y no sobre el consumo (imposición indirecta, como el IVA), ya que este último no discrimina entre los que más tienen y los que no, impulsando a la economía sumergida, y contribuyendo decididamente a una disminución de la recaudación impositiva.

Por otra parte, la lucha contra el fraude fiscal es una cuestión de justicia social y no recaudatoria, no nos olvidemos que el superávit privado se consigue mediante el déficit público, y que el superávit público se consigue en detrimento del ahorro privado. Es decir, una mayor recaudación impositiva drenaría los recursos disponibles de la economía privada y provocaría una disminución de la demanda interna, por tanto, subir los impuestos es una política económica procíclica, que lejos de  solucionar  los problemas  de desempleo,  los agravaría.

La reactivación económica no sólo requiere de unas políticas económicas anticíclicas, sino también, de una reforma fiscal en profundidad que permita la expansión del estado de bienestar a toda la población por igual, el desarrollo de los servicios públicos, y la eliminación de cualquier tipo de discriminación por cuestión de género, cultura y religión.

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