Ante la reciente avalancha de demandas de corporaciones en tribunales arbitrales contra nuestros países,
¡decimos YA BASTA!
Julio de 2016
Las organizaciones y redes de la sociedad civil que firmamos esta declaración expresamos nuestro rechazo al avance del poder de las empresas transnacionales, que se sustenta en los diferentes tratados de libre comercio e inversiones que existen actualmente en los países de toda América,
y que se verán profundizados con el Tratado Transpacífico (TPP), el
Tratado de Comercio e Inversiones Transatlántico (TTIP), el Tratado
Comercial Canadá – Unión Europea (CETA), además del Acuerdo sobre el
Comercio de Servicios (TISA). Sostenemos que estos tratados sólo
consolidan el poder de las corporaciones en todo el mundo y en
particular en los países adherentes, poniendo en jaque los derechos de
los pueblos, así como la preservación del medio ambiente.
Actualmente, la mayoría de los países de nuestro hemisferio, desde
Canadá hasta Argentina, están recibiendo de manera explosiva
multimillonarias demandas por parte de corporaciones, a raíz de la
puesta en vigor de ciertas regulaciones en favor del interés público o
del medioambiente. Esto muestra el efecto nocivo que tiene el
sistema de protección de las inversiones y el arbitraje internacional
sobre las legislaciones nacionales.
El poder corporativo ha cristalizado en un sistema jurídico
internacional que les reconoce derechos omnipotentes, abusivos y les
garantiza un sistema de impunidad. Esto se plasma en la inclusión de
las cláusulas de solución de controversias inversor-Estado, que da a
los inversores la posibilidad de recurrir al sistema de arbitraje
internacional en lugar de las cortes nacionales. Así, los inversores
demandan a los Estados soberanos por millones de dólares ante
“tribunales” arbitrales secretos y privados (CIADI del Banco Mundial,
ICC, SCC entre otros) que funcionan lejos del alcance de la justicia
local. Como contraparte, los gobiernos y ciudadanos no contamos con
contrapesos jurídicos, ni con instancias internacionales ante las cuales
demandar a las ETN ante la justicia cuando sus actividades violan los
derechos humanos y ambientales, o cuando coartan medidas de políticas
públicas para el interés general.
Los tratados de inversión y libre comercio atentan contra la
posibilidad de los Estados de regular: las reglas de los Tratados de
inversión y de libre comercio no son acordes con los derechos humanos y
la protección del medio ambiente, ni respetan la capacidad soberana de
los países de implementar políticas públicas responsables. Los TBI
contienen cláusulas que limitan la capacidad para que los gobiernos
receptores actúen en favor del fomento económico y el desarrollo
sustentable, protejan el medio ambiente y la salud pública, defiendan a
sus países de crisis financieras y hagan valer la primacía de los
derechos humanos. Esta lógica se ha hecho evidente en casos resonantes
como la demanda que la tabacalera Philip Morris interpuso contra el
Uruguay a partir de una política de protección de la salud, argumentando
que se violaba la propiedad intelectual de su inversión, derecho
incorporado en el tratado de inversión Uruguay-Suiza.
