El impuesto más injusto
Juan Francisco Martín Seco
Entre los acuerdos alcanzados en el marco del Pacto de Toledo se
encontraba el compromiso asumido por todos los firmantes de actualizar
las pensiones anualmente por el índice de precios al consumo. Aun cuando
todas las formaciones políticas presentaron ante la opinión pública
esta medida como muy positiva para los pensionistas y se vanagloriaron
de ella, lo cierto es que resultaba un poco cicatera, porque lo único
que garantizaba es que los jubilados no iban a perder poder adquisitivo,
pero se les negaba cualquier mejora derivada de la participación en la
productividad y en el crecimiento económico, a la que sin duda tienen
derecho en la misma medida que los asalariados y los empresarios. Al fin
y al cabo, la renta se incrementa por los trabajadores y por los
empresarios, sin duda, pero también por los hoy jubilados que en su día
pagaron impuestos con los que se han financiado los gastos en educación,
en infraestructuras, en sanidad, en justicia y en tantas y tantas cosas
que han colaborado a que la productividad vaya creciendo año tras año.
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Pero esta actitud adoptada por los firmantes del Pacto Toledo que hemos calificado de cicatera se torna carroñera y expoliadora cuando se pretende, como en la reforma prevista, que las pensiones ni siquiera mantengan su poder adquisitivo. La medida de no actualizar la prestación por el índice de precios es una confiscación y un atropello equivalente a gravar a los jubilados con un impuesto adicional progresivo sobre su pensión (progresivo no en el sentido de progresividad fiscal sino porque va a aumentar el tipo anualmente). En la hipótesis de que la inflación sea del 2% anual, el impuesto será del 2% el primer año, del 4% el segundo, del 6% el tercero, del 10% a los cinco años y del 20% a los diez años.
Pero esta actitud adoptada por los firmantes del Pacto Toledo que hemos calificado de cicatera se torna carroñera y expoliadora cuando se pretende, como en la reforma prevista, que las pensiones ni siquiera mantengan su poder adquisitivo. La medida de no actualizar la prestación por el índice de precios es una confiscación y un atropello equivalente a gravar a los jubilados con un impuesto adicional progresivo sobre su pensión (progresivo no en el sentido de progresividad fiscal sino porque va a aumentar el tipo anualmente). En la hipótesis de que la inflación sea del 2% anual, el impuesto será del 2% el primer año, del 4% el segundo, del 6% el tercero, del 10% a los cinco años y del 20% a los diez años.
