Para adherirte a este manifiesto: envia un correo a reformafiscalequidad@gmail.com indicando nombre completo y breve reseña de perfil profesional-social.
Las
personas abajo firmantes sentimos la necesidad imperiosa de
pronunciarnos como ciudadanas y profesionales informadas y preocupadas
por la actual orientación de la política social, y en particular por la
reforma fiscal que está preparando el Gobierno. No podemos permanecer
impasibles ante la aparente unanimidad, por acción u omisión, de la
clase política y de la profesión económica en torno a unos principios,
supuestamente inapelables, que responden exclusivamente a intereses
neoliberales y patriarcales. Callar nos hace cómplices. Consideramos que
la situación de emergencia social que vive nuestro país, y las
perspectivas de agravarse sustancialmente con la actual orientación,
exige un pacto de todas las personas preocupadas por la deriva
antisocial que estamos sufriendo. Un pacto para frenar los recortes de
la ya escuálida protección social existente en España y para potenciar
un golpe de timón que nos conduzca a una sociedad equitativa y
sostenible, tanto en nuestro país como a escala mundial.
1.- La
Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español es
ilegal, pues su composición (8 hombres y ninguna mujer) vulnera la Ley
de Igualdad (1).
Acusamos al Gobierno de abuso de poder, amparándose en la impunidad que
le concede ser responsable de hacer cumplir la norma que él mismo
vulnera. No es cierto que no haya expertas, por tanto es injustificable
el incumplimiento de la ley.
2.- Las
recomendaciones de la Comisión de Expertos, y los anuncios del
Gobierno, constituyen un paso más en la vía trazada por el poder hacia
el desmantelamiento de nuestro sistema de impuestos, prestaciones y
servicios públicos. A lo largo del siglo XX se fue perfilando un
consenso social que permitió a algunos países, como España, implantar
sistemas de prestaciones e impuestos progresivos a pesar de las
resistencias por parte de una minoría muy poderosa. Organismos como el
Banco Mundial, el FMI y la Comisión Europea abogan por la privatización y
el recorte de servicios públicos y prestaciones sociales, por la
desregulación indiscriminada de los mercados laborales, por rebajar los
impuestos y las cotizaciones empresariales, y por reducir la
progresividad de los impuestos sobre la renta, incrementado
paralelamente los impuestos indirectos como el IVA.
3.- Este
camino no nos lleva a ningún sitio nuevo sino a la situación que aún se
vive en la mayoría de los países del mundo y que vivíamos en España
antes de la reforma fiscal de 1977 (por la que se creó el IRPF como
impuesto sobre la renta personal progresivo), de la Ley General de
Sanidad de 1986 (por la que se estableció el derecho universal a la
asistencia sanitaria pública), de la Ley General de Seguridad Social de
1966 (con vocación de aseguramiento público a todas las personas
trabajadoras y ante todas las contingencias que originan pérdida del
salario), etc.
Sin
sistemas universales de prestaciones y servicios públicos, imposibles
de mantener sin un sistema impositivo progresivo y generalizado,
tendremos una sociedad en la que una gran parte de la población se
encontrará en la economía sumergida y, por tanto, sin protección social,
sin pensiones, y sin prestaciones por enfermedad y por desempleo. Una
sociedad con un nivel de servicios públicos aún inferior al actual, con
una educación y una atención sanitaria pública deficiente, sin sistemas
públicos de educación infantil y de atención a la dependencia. En
definitiva, una población abandonada a su suerte y sumida en la pobreza,
con bajos niveles de cohesión social y altos índices de violencia. Esta
es la situación en todos los países que no han conseguido implantar
generalizadamente estos sistemas de impuestos progresivos, prestaciones y
servicios públicos de alcance universal, por más que algunos de sus
gobiernos proclamen la era del post-neoliberalismo.
Por
encima de declaraciones o propuestas supuestamente imaginativas, es
necesario analizar las condiciones en las que vive la mayoría de la
población en cada país para observar los efectos de las distintas
políticas fiscales. Es cierto que nuestro sistema debe ampliar su ámbito
de protección para incluir todas las necesidades aún no cubiertas y a
todas las personas que aún siguen excluidas, eliminando los elementos
que responden al imaginario de familia compuesta por un hombre ganapán
alejado del ámbito familiar y una esposa cuidadora alejada del empleo,
sin ingresos y sin derechos. Pero sería muy perjudicial tratar de buscar
sustitutivos o atajos: la única vía para la justicia social y para un
desarrollo económico sostenible es un sistema de bienestar basado en
impuestos progresivos generalizados y servicios públicos universales.
Esta es la única base posible para construir un modelo que haga realidad
el derecho a una vida plena en condiciones de equidad para todas las
personas.
