POR QUÉ ESTAR CONTRA EL TTIP

Javier Méndez- Vigo Hernández.

“El TTIP no debe entenderse como un acuerdo entre dos socios comerciales competidores, sino como un asalto a las sociedades europeas y estadounidense por parte de las corporaciones transnacionales con el objetivo de abrir y desregular mercados de ambos lados del Atlántico” [John Hilary, El Acuerdo Transantlántico sobre comercio e inversión]

 

Nos encontramos en la Eurozona, una Europa capitalista donde la libertad de mercado es un fetiche y donde la propiedad privada se ha convertido en un principio ontológico. Esta Unidad Monetaria, que no es ni pretende serlo (de momento) un Estado, se rige por unos principios económicos que van en contra de las clases populares. Principios que durante los Años Gloriosos (aquellos del pacto keynesiano de postguerra) la socialdemocracia (aquella de los Willy Brandt, Olof Palme) quisieron reformar y poner un “rostro humano” a dicho capitalismo.

Crisis del Estado de Bienestar

Pero a raíz de la crisis del 73 (la crisis del Petróleo) la situación va a cambiar. Ya en aquella época -que en el Estado español coincidió con la salida de una dictadura férrea- se pondría de moda un término, eslogan e incluso fetiche. Mientras que en España se construye un Estado del Bienestar débil y recodos franquistas, tanto el Eurocomunismo como la socialdemocracia europea convencen al Movimiento Obrero de la necesidad de la Austeridad (los Berlinguer/Carrillo; pero también el Canciller socialdemócrata alemán). Defender esto dentro de las filas del Movimiento Obrero no hizo más que abrir las puertas a una nueva ortodoxia, a una nueva ideología económica: el neoliberalismo.

Si tuviéramos que sintetizar algunos principios anotaríamos los siguientes: 1) Desregulación de los mercados, en particular el mercado de trabajo (en el fondo una regulación a favor del empresariado), 2) una rebaja total del salario de los trabajadores, que se realiza transformando las relaciones sociales e introduciendo la flexibilidad laboral, 3) un ataque a los sindicatos como agentes sociales llegando a desprestigiarlos y criminalizarlos.

Al lado de esto no hay que olvidar un hecho clave en el último tercio del siglo XX: la derrota del estalinismo que trajo como consecuencia las guerras (de nuevo) a las puertas de la Unión Europea: tan solo citar las guerras en la Yugoslavia postitista que conllevaron la destrucción de la misma, la desintegración de la URSS; y ya en este siglo la implantación de un Régimen nazi (apoyado por la UE) en Kiev.

La verdad es que con estas situaciones se cimentan ya las base de esta Europa basada en la desregulación y con muy poco respecto para con las decisiones de los pueblos. Sin sindicatos fuertes, con un movimiento obrero totalmente atomizado y con la aparición del precariado o trabajador pobre, era preciso que la Europa Capitalista intentara poner la puntilla tanto al movimiento obrero como a todas sus conquistas sociales.

Y con estas nos encontramos con el TTIP

Crónica de un ciudadano en el Pleno del Ayuntamiento de Onda

Juan Bautista Esteve Ramos. 

El miércoles pasado, 8 de Julio de 2015, me invitaron a acercarme al pleno del Ayuntamiento de Onda. Motivo: Se iba a presentar una enmienda para que el Ayuntamiento de Onda se posicionara en contra del TTIP y del TISA (Tratados de libre comercio que están en fase de negociación en Bruselas actualmente)

La verdad, es el primer pleno completo al que asisto. Tenia una ligera idea del devenir del proceso plenario, pero verlo en vivo ya daba un poco de miedo. Ver que los que “gobiernan” en el Ayuntamiento se dedican a increparse según sus siglas en vez de gobernar. Llegar al punto de increpar a una concejal embarazada para mi fue ya lo más. 

 

No estoy aquí para centrarme a hablar sobre por qué la cultura no se basa sólo en espectáculos de calle ni sobre la conciliación familiar. Estoy aquí para hablar sobre la susodicha enmienda presentada por Izquierda Unida y Onda si se Puede, y apoyada por Compromís, casualmente los únicos concejales que votaron a favor.

Un acuerdo del que se habla muy poco: El TiSA

por Joana Ripoll. Attac Mallorca

El TiSA es un acuerdo multilateral que están negociando en este momento 50 países: Australia, Canadá, Chile, Taiwan, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Corea del Sur, Suiza, Turquía, Estados Unidos y Unión Europea.

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TiSA son las siglas en inglés de Acuerdo sobre Comercio de Servicios(1). El concepto servicios es una categoría muy amplia que incluye telecomunicaciones, educación a distancia, turismo, inversión extranjera directa (sucursal bancaria de un país en otro país, suministro de agua o energía por empresas transnacionales), movimientos de personas (enfermeras, empleadas del hogar, ejecutivos), etc. O sea que, a espaldas de la ciudadanía (ya que las negociaciones son secretas), se está negociando el futuro de los servicios que se pueden ofertar a los ciudadanos, entre ellos los públicos, sin que nosotros podamos intervenir para decidir según nuestros intereses.

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Y aquí cabe la pregunta: ¿es lícito comercializar los servicios, sobre todo los servicios públicos?

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Los servicios públicos tratan de satisfacer las necesidades sociales básicas de una manera asequible, universal y sobre una base no lucrativa. Los servicios públicos suelen ir acompañados de una reglamentación que establece las bases de cómo deben realizarse dichos servicios, atendiendo a criterios de calidad, seguridad, protección del medio ambiente, justicia, etc

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Los acuerdos comerciales, por el contrario, promueven deliberadamente la comercialización y redefinen los servicios en función de su potencial para producir beneficios. A su vez, intervienen o bloquean las reglamentaciones de los Estados para ordenar estos servicios, con el fin de anteponer los intereses de los inversores y proveedores extranjeros de servicios por delante de los intereses de los ciudadanos.

Ante la reforma fiscal que prepara el gobierno: Llamamiento urgente

 

Para adherirte a este manifiesto: envia un correo a reformafiscalequidad@gmail.com indicando nombre completo y breve reseña de perfil profesional-social.

Las personas abajo firmantes sentimos la necesidad imperiosa de pronunciarnos como ciudadanas y profesionales informadas y preocupadas por la actual orientación de la política social, y en particular por la reforma fiscal que está preparando el Gobierno. No podemos permanecer impasibles ante la aparente unanimidad, por acción u omisión, de la clase política y de la profesión económica en torno a unos principios, supuestamente inapelables, que responden exclusivamente a intereses neoliberales y patriarcales. Callar nos hace cómplices. Consideramos que la situación de emergencia social que vive nuestro país, y las perspectivas de agravarse sustancialmente con la actual orientación, exige un pacto de todas las personas preocupadas por la deriva antisocial que estamos sufriendo. Un pacto para frenar los recortes de la ya escuálida protección social existente en España y para potenciar un golpe de timón que nos conduzca a una sociedad equitativa y sostenible, tanto en nuestro país como a escala mundial.

1.- La Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español es ilegal, pues su composición (8 hombres y ninguna mujer) vulnera la Ley de Igualdad (1). Acusamos al Gobierno de abuso de poder, amparándose en la impunidad que le concede ser responsable de hacer cumplir la norma que él mismo vulnera. No es cierto que no haya expertas, por tanto es injustificable el incumplimiento de la ley.

2.- Las recomendaciones de la Comisión de Expertos, y los anuncios del Gobierno, constituyen un paso más en la vía trazada por el poder hacia el desmantelamiento de nuestro sistema de impuestos, prestaciones y servicios públicos. A lo largo del siglo XX se fue perfilando un consenso social que permitió a algunos países, como España, implantar sistemas de prestaciones e impuestos progresivos a pesar de las resistencias por parte de una minoría muy poderosa. Organismos como el Banco Mundial, el FMI y la Comisión Europea abogan por la privatización y el recorte de servicios públicos y prestaciones sociales, por la desregulación indiscriminada de los mercados laborales, por rebajar los impuestos y las cotizaciones empresariales, y por reducir la progresividad de los impuestos sobre la renta, incrementado paralelamente los impuestos indirectos como el IVA. 

3.- Este camino no nos lleva a ningún sitio nuevo sino a la situación que aún se vive en la mayoría de los países del mundo y que vivíamos en España antes de la reforma fiscal de 1977 (por la que se creó el IRPF como impuesto sobre la renta personal progresivo), de la Ley General de Sanidad de 1986 (por la que se estableció el derecho universal a la asistencia sanitaria pública), de la Ley General de Seguridad Social de 1966 (con vocación de aseguramiento público a todas las personas trabajadoras y ante todas las contingencias que originan pérdida del salario), etc.

Sin sistemas universales de prestaciones y servicios públicos, imposibles de mantener sin un sistema impositivo progresivo y generalizado, tendremos una sociedad en la que una gran parte de la población se encontrará en la economía sumergida y, por tanto, sin protección social, sin pensiones, y sin prestaciones por enfermedad y por desempleo. Una sociedad con un nivel de servicios públicos aún inferior al actual, con una educación y una atención sanitaria pública deficiente, sin sistemas públicos de educación infantil y de atención a la dependencia. En definitiva, una población abandonada a su suerte y sumida en la pobreza, con bajos niveles de cohesión social y altos índices de violencia. Esta es la situación en todos los países que no han conseguido implantar generalizadamente estos sistemas de impuestos progresivos, prestaciones y servicios públicos de alcance universal, por más que algunos de sus gobiernos proclamen la era del post-neoliberalismo.

Por encima de declaraciones o propuestas supuestamente imaginativas, es necesario analizar las condiciones en las que vive la mayoría de la población en cada país para observar los efectos de las distintas políticas fiscales. Es cierto que nuestro sistema debe ampliar su ámbito de protección para incluir todas las necesidades aún no cubiertas y a todas las personas que aún siguen excluidas, eliminando los elementos que responden al imaginario de familia compuesta por un hombre ganapán alejado del ámbito familiar y una esposa cuidadora alejada del empleo, sin ingresos y sin derechos. Pero sería muy perjudicial tratar de buscar sustitutivos o atajos: la única vía para la justicia social y para un desarrollo económico sostenible es un sistema de bienestar basado en impuestos progresivos generalizados y servicios públicos universales. Esta es la única base posible para construir un modelo que haga realidad el derecho a una vida plena en condiciones de equidad para todas las personas.