La Subcomisión de Soberanía Monetaria de ATTAC en el Estado Español después de analizar los efectos que podría ocasionar la aplicación de las políticas económicas que Bruselas exige al gobierno español que aplique, elaboró el documento que transcribimos a continuación:
EN VALENCIÀ
SOBERANÍA MONETARIA PARA CONSTRUIR OTRA EUROPA
A
veces, las preguntas son más importantes que las respuestas.
Crisis
y recortes sociales van de la mano en la historia reciente de la
Unión Europea (UE). Las políticas de austeridad han sido la
ÚNICA respuesta en el marco de la Unión Económica y Monetaria
(UEM) establecida en el Tratado de Maastricht.
En
el caso de España, la reforma del artículo 135 de la
Constitución en septiembre de 2011 supuso cerrar el último
broche de un corsé que comprime y asfixia a la mayor parte de la
población, especialmente a la más débil y vulnerable. Desde
entonces, las políticas de recortes, además de ser criminales y
vergonzosas, son legales. La estabilidad presupuestaria está por
encima de cualquier otro objetivo de política.
El
pasado mes de marzo de 2016, la Comisión Europea comunicó a
España que finalizó el año 2015 con un déficit público excesivo,
de casi el 5,2% del PIB, por encima del 4,2% al que se había
comprometido. Acto seguido le “invitaba” a comunicar antes del 30
de junio las medidas que pensaba implementar con carácter inmediato
para reajustar dicho déficit a lo largo del presente año. Además,
la reciente caída en las previsiones de crecimiento económico
para la economía española durante 2016, apuntadas por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el propio Gobierno, implica una menor
recaudación impositiva, y por lo tanto, como el déficit público es
el objetivo prioritario, habrá que establecer nuevos recortes de
gasto como consecuencia de esta nueva “contingencia”. Si se
mantiene el objetivo de déficit público del 2,8% del PIB en 2016,
ello podría suponer recortes de hasta 20.000 millones de euros este
año, a pesar de que el “incumplimiento” del objetivo de déficit
haya favorecido que España mejore algunos indicadores
macroeconómicos como el empleo y el crecimiento durante 2015, si
bien tan débilmente que no han alejado los fantasmas de la deflación
ni de tasas de desempleo superiores al 20%. Dar nuevas vueltas de
tuerca a la llamada consolidación fiscal (control férreo del
déficit público), será abocar a la economía de nuevo a la
recesión o al estancamiento en el mejor de los casos.
El Pacto de Estabilidad de la Unión Europea (déficit público
anual inferior al 3% del PIB, deuda pública acumulada inferior al
60% del PIB) y un Banco Central Europeo (BCE) independiente que no
financia directamente a los Estados, deja en manos de los
mercados de capital especulativos a las administraciones públicas
con necesidades de financiación. Los bancos privados siguen
enganchados a la barra libre de liquidez del BCE, las PYMES y
familias continúan sin acceso fácil al crédito para impulsar la
economía real no especulativa.
La
política fiscal a través del gasto público y la recaudación
impositiva, ha sido el instrumento más poderoso en manos de los
gobiernos para hacer frente a las inestabilidades recurrentes de las
economías capitalistas, manifestadas fundamentalmente en forma de
desempleo o inflación, según se tratara de un ciclo de recesión o
expansión, respectivamente.
Las
haciendas públicas han tenido tradicionalmente un carácter
funcional, impulsando o frenando la actividad económica. Si de
impulsar se trataba, se aumentaba el gasto público y se reducían
los impuestos. En sentido contrario, si había que frenar el ritmo de
crecimiento, se disminuía el gasto público y se aumentaban los
impuestos. Ni los déficits ni los superávits presupuestarios
eran un problema, eran la consecuencia natural de una decisión
discrecional de los gobiernos en aras de la estabilidad.
No
obstante, desde el tratado de Maastricht, en la eurozona se ha
impuesto el concepto de hacienda responsable, término que como el de
austeridad induce a equívoco. El déficit público, que ha
sido tradicionalmente un instrumento de política económica
anticíclica, se ha convertido en un objetivo cuya consecución
(déficit cercano a cero) es prioritaria por encima de cualquier
otro. Los gobiernos tienen las manos atadas en este ámbito, y
casi ocho años después de la crisis económico-financiera de 2008,
la eurozona no acaba de salir de la recesión y el estancamiento, por
más que el BCE haya bajado los tipos de interés a su mínimo
histórico.
El
equilibrio presupuestario que exige el Pacto de Estabilidad se ha
buscado fundamentalmente por la vía de menores gastos (recortes
sociales), desechando la opción de mayores ingresos impositivos de
carácter progresivo así como derivados de la persecución de la
evasión y elusión fiscal. De nuevo se evidencia cómo la carga
de las políticas desarrolladas durante esta crisis está recayendo
sobre los grupos sociales más débiles y vulnerables.
Los
dos principales problemas de España y el mundo son la desigualdad
social y la crisis ecológica. El crecimiento económico a toda costa
ha estado detrás de su agudizamiento durante las últimas décadas.
Por ello es preciso encarar el futuro de España, Europa y el mundo
de acuerdo con principios de cooperación entre los pueblos, así
como de respeto y cuidado de la Naturaleza, construyendo nuevas
sociedades liberadas de un capitalismo salvaje que ha mercantilizado
y precarizado la mayor parte de las necesidades humanas básicas y de
los recursos naturales.
Las
políticas públicas en pos de la justicia social no pueden relegarse
con falsas excusas de falta de recursos para financiarlas. Los
principios de la soberanía monetaria y presupuestaria permiten
superar el mito de la estabilidad del presupuesto público y su
financiación exclusiva a través de la emisión de deuda en los
mercados de capital. Permiten poder volver a hacer políticas
públicas para la gente.
Por
todo lo anterior, la Subcomisión de Soberanía Monetaria de ATTAC
España denuncia el marco definido por la UEM y el Pacto de
Estabilidad de la UE y apuesta por su superación, para que la
política fiscal y presupuestaria pueda desplegarse con toda
intensidad en aras de recuperar la justicia social y ecológica.
Un
nuevo marco institucional basado en la soberanía monetaria
permitiría disponer de financiación para movilizar recursos reales
ociosos disponibles en la propia moneda de la Unión Europa, sin
depender el gasto público de los ingresos impositivos que se puedan
obtener o de la deuda que se pueda colocar en los mercados
financieros, límites éstos que obligan a los actuales Estados
miembros de la eurozona, que son usuarios del euro, pero no emisores
del mismo. Los Estados no tendrían peligro de ser insolventes
como ocurre hoy, y contarían con un Banco Central detrás que
acomodaría su balance al gasto público, saliendo así de la trampa
de la austeridad en que está inmersa la eurozona.
Las
leyes y los tratados sirven si liberan a las personas y facilitan su
vida en armonía con el resto de la sociedad y de la Naturaleza. Los
tratados y pactos vigentes en la UE no respetan la vida. No sirven.
Su superación necesita de educación, concienciación y movilización
de la ciudadanía y los colectivos sociales, y a esa tarea va a
dedicar esta Subcomisión de Soberanía Monetaria
todos sus esfuerzos.
