Una economía local, justa y sostenible debe decir NO al CETA.

DÍA EUROPEO DE ACCIONES DESCENTRALIZADAS CONTRA EL CETA

El tratado económico y comercial entre la Unión Europea y Canadá, (CETA por sus siglas en inglés), se encuentra en la fase final de su proceso de ratificación, ya que el próximo 24 de enero, antes de la ratificación en el Parlamento Europeo, la Comisión de Comercio Internacional (INTA) decidirá sobre el CETA. Por ello, y con la finalidad de incidir sobre dichas votaciones las campañas europeas NO al TTIP, CETA, TiSA, entre ellas No al TTIP-Comarques de Castelló, convocan movilizaciones para este 21 de enero de 2017.

Durante la primera quincena de febrero, el tratado deberá ser ratificado por el pleno del Parlamento Europeo mediante una votación de sí o no a la totalidad del texto, no caben enmiendas. Si se ratifica, el 90% del mismo se podrá aplicar de forma provisional antes de que lo ratifiquen los distintos parlamentos nacionales y regionales. 

Sin embargo, el CETA es cuestionado por amplios sectores de la sociedad civil a ambos lados del Atlántico, al no ofrecer garantías reales sobre los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Algunos de los motivos son:

• El modelo económico basado en energías fósiles y sucias que impone el CETA hará imposible cumplir con los acuerdos adoptados en la lucha contra el cambio climático.
• El CETA no protege los derechos laborales, ni la salud, ni la seguridad ni el desarrollo sostenible, pero es ejecutivo a la hora de proteger al inversor, al que no le reconoce ninguna obligación.
• El CETA no permitirá implementar políticas que reduzcan las desigualdades, ya que limita seriamente la capacidad de los gobiernos estatales, regionales y locales para crear, expandir y regular los servicios públicos, incluso para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas.
• Al alargar la vida de las patentes, el CETA provocaría un aumento del precio de los medicamentos, de las semillas, de productos culturales y de la investigación.
• Con el CETA nuestra privacidad y nuestros datos se convertirán en una mercancía .
• El nivel de competencia que impone el CETA expulsaría del mercado a agricultores, pequeños empresarios y profesionales, transformando nuestra alimentación, los procesos de producción, las compras públicas e impidiendo el desarrollo sostenible.
• El CETA impedirá la aplicación de políticas destinadas a la consecución del pleno empleo y la estabilidad de precios, ya que una mayor liberalización de los mercados financieros hará que las economías sean más vulnerables a las crisis financieras.
• Informes independientes sobre los impactos económicos de la aplicación del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la Unión Europea como en Canadá, y que las ganancias generadas por este modelo de comercio serán sobre todo para los propietarios del capital, con el consiguiente aumento de la desigualdad.
• Con el CETA se legaliza un sistema de justicia paralela exclusivo para que las multinacionales puedan defender sus beneficios demandando a los gobiernos, llamado ICS.
• El CETA consolidará la influencia de los grupos de presión empresariales (lobbies) en la elaboración de las políticas públicas, a través de su participación en los órganos de toma de decisión, lo que perjudicaría la adopción de políticas de interés público.

Por todo esto y mucho más, el sábado 21 de enero de 2017 a las 19h saldremos, desde la plaza María Agustina de Castelló de la Plana, a manifestar nuestro rechazo al CETA, y a reivindicar un modelo basado en la economía local, justa y sostenible.

¡STOP CETA! ¡STOP TiSA! ¡STOP TTIP!

IMPUESTOS Y GASTOS SOCIALES

Cada vez más se oye y lee a ONGs y diferentes organizaciones que exigen un nuevo impuesto cuya recaudación se destine a sufragar el gasto público social. Con ello se pretende reducir la desigualdad y la pobreza mundial. Pero esta acción de condicionar el gasto social a la recaudación de un impuesto concreto (son los llamados impuestos finalistas), no es posible ni existe en el mundo real, ya que el gasto público social lo decide el gobierno de cada Estado al elaborar los presupuestos generales de cada año, cuando aún no conoce la recaudación que obtendrá por cada impuesto en ese año.

Para que nos entendamos, los presupuestos generales del Estado, en adelante PGE, constituyen un instrumento fundamental de política económica, donde se planifica el gasto y se estiman los ingresos. Es decir, sólo son previsiones, donde los ingresos tienen un carácter estimativo y los gastos tienen un carácter limitativo, ya que las cantidades presupuestadas para el gasto solo podrán ser destinadas a los fines determinados durante su elaboración.

En el Estado español las instituciones públicas deben presentar sus propuestas antes del 1 de mayo de cada año, anterior al que se quiere presupuestar, claro , para su elaboración definitiva antes del 1 de octubre, fecha en la que se remite al Congreso de los Diputados y al Senado para su discusión, modificación y aprobación. Si nos centramos en un año, por ejemplo el 2016, es posible echar mano de la hemeroteca, y podemos comprobar que durante su elaboración en el 2015, no se conocían las cantidades recaudadas por impuestos ni del 2016, lo que es evidente, ni tampoco las del 2015.

Entonces, qué sentido tiene condicionar el gasto social a la recaudación de un impuesto del que no conocemos cual será la cantidad que finalmente se pueda obtener. ¿Acaso para ampliar el número de camas de un hospital o adecuar las instalaciones del mismo a las necesidades de la ciudadanía, se tiene que crear un impuesto nuevo?

Asociación Nacional Arca Ibérica impugna el archivo de la petición de “no firmar el tratado conocido como Transatlantic Trade Investment Partnership (TTIP)"

La Asociación Arca Ibérica ha solicitado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la reapertura de la petición de rechazo a las negociaciones de la Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión (ACTI), más conocida por sus siglas en inglés “TTIP”, tras la recepción de la resolución de archivo de su petición por parte de dicho parlamento. 

En la petición, la Asociación Arca Ibérica junto a otras, solicitó a la Comisión Europea el rechazo de dichas negociaciones por constituir éstas, un desafío contra la dignidad de los europeos, y ser contraria a los derechos humanos, bajo pretexto de crear empleo en beneficio exclusivo de las multinacionales; por justificar el atropello y menoscabo de normas europeas legítimamente consolidadas por sus instituciones sobre derechos laborales, de seguridad de los trabajadores, de medio ambiente, de calidad alimentaria y la salud, de transparencia en las gestiones, de defensa de patentes europeas y de un largo etcétera de Directivas, y reglamentos europeos, leyes estatales y autonómicas, para ser beneficiadas de una autoridad absoluta con la que mediante un “Tribunal de Arbitraje” (a favor del beneficio empresarial), los inversores extranjeros podrán demandar a los gobiernos cuyas normas impidan desarrollar sus actividades lucrativas.

La Comisión de Peticiones Europea informó de la sugerencia presentada por el ponente Jarosław WAŁĘSA de 30 de abril 2015, que recogía además de estas alegaciones, otras como las de la propia Defensora del Pueblo Europeo.

La asociación Arca Ibérica también destaca en su comunicado: 

• La carta de 5 de junio de 2014, enviada por el negociador-jefe de la Unión Europea, Ignacio García Becero a su homólogo estadounidense L. Daniel Mullaney, en la que había declarado que “todos los documentos relacionados con las negociaciones se mantendrán fuera del acceso del público por un período de hasta 30 años”.

• El Parlamento Europeo recomendó a la Comisión de Peticiones proseguir con las negociaciones a pesar de los resultados de la votación de la comisión durante los meses de abril y mayo 2015, en las que se obtuvieron 53 votos a favor de admitir la sugerencia de no aprobar el TTIP, contra 15 votos en contra y 3 abstenciones, contradiciendo el sentido democrático de la propia Comisión, más en armonía con el contenido de las Peticiones.

• Entre los votantes a favor de rechazar el TTIP, están la eurodiputada danesa Margrete Auken creadora del “Informe Auken” del año 2009, que puso fin al urbanismo extensivo y desbocado de la Comunidad Valenciana, y la eurodiputada española Marina Albiol.

Por todo ello, ante el Archivo de la Petición, la Asociación Arca Ibérica ha solicitado su reapertura, así como el traslado de la petición de rechazo del TTIP a los diferentes países miembros de la UE.

El Derecho comunitario incorpora la obligación de mantener una política exterior basada en la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como observar los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, con los cuales el TTIP entra en conflicto. Incluso las negociaciones no están siguiendo el procedimiento legalmente establecido, por lo tanto, ni en su elaboración ni en su contenido el acuerdo TTIP es conforme a la ley. Aunque esta legalidad podrá ser alcanzada con su aprobación.

Los documentos de la petición se pueden consultar en: https://drive.google.com/folderview?id=0B5yvo-v5WdmrQVZLQ19pTXBEQ0E&usp=sharing

FIRMA CONTRA EL TTIP Y EL CETA 

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