Escrito por Sandra Soutto
Frases como: "Más
vale prevenir que curar", y "Primum
non nocere", que significa lo primero es no hacer daño, ilustran
perfectamente lo que significa el principio
de precaución, utilizado tanto para la autorización y regulación del consumo de
productos, como de sus procesos productivos en la Unión Europea (UE), su finalidad es prevenir cualquier peligro que pueda existir para la salud humana, animal
o vegetal, y el medio ambiente, en virtud del artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
De acuerdo con los documentos filtrados por Greenpeace sobre las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e
Inversiones (TTIP), que se negocia entre EEUU y la Comisión Europea (CE), el principio
de precaución se está tratando como una "barrera no arancelaria" que
debe ser eliminado.
Este principio que rige la toma de decisiones ante la existencia de un riesgo, pretende evitar cualquier peligro
que pueda existir sobre la salud o el medio ambiente, así como los costes necesarios
para implementar políticas que permitan la resolución de los daños causados
sobre dichos agentes, y en ningún caso se puede utilizar de forma arbitraria, ya
que para su aplicación se deben dar las siguientes condiciones:
- Identificación del riesgo y sus consecuencias.
- Evaluación de los datos científicos disponibles.
- Determinación del grado de incertidumbre.
Además, en la evaluación han de participar todas las
partes implicadas, y deben ser revisadas en cuanto se disponga de nueva
información científica. De esta manera,
en los casos en los que se adopte el principio de precaución, la carga de la prueba
recae en el productor, fabricante o importador, quienes deberán demostrar la
ausencia de peligro.
Sin embargo, existen otros criterios para evaluar los
riesgos antes de tomar una decisión, como el basado en la evidencia científica sólida. Este es el criterio utilizado en EEUU, donde ante la ausencia de pruebas científicas concluyentes de un riesgo cierto, ya sea
porque no se ha estudiado o porque no exista acuerdo entre los científicos, un producto puede ser autorizado por el organismo
regulador, sin que existan
estudios que avalen la ausencia de riesgo.
