Cinco cuestiones que las Pequeñas y Medianas Empresas deben plantearse sobre el TTIP

por  Richard Esner

MORE  (Movement for Responsibility in Trade Agreements)


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Según sus promotores, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) beneficiará a todas las empresas, ¿pero esto es verdad? La Comisión Europea (CE) y los Estados Unidos de América (EEUU) afirman  que el Tratado ayudará especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), no solamente a las multinacionales. ¿Podemos creerles? Una vez aprobado el acuerdo, será imposible volverse atrás. Desde otoño de 2014 la CE reitera sin descanso que las PyMEs se beneficiarán más del TTIP que las grandes empresas,  gracias a la supresión de las formalidades administrativas y los fastidiosos procedimientos burocráticos necesarios para exportar a los EEUU. Pero por extraño que parezca, a las PyMEs prácticamente ni se las mencionó en la primera campaña de promoción del TTIP. Las PyMEs tienen que considerar seriamente el TTIP antes de considerar que defenderá sus intereses.

Actualmente se está negociando el TTIP entre EEUU y la Unión Europea (UE). Las mayores defensoras del TTIP son las grandes multinacionales a ambos lados del Atlántico que componen el TABC (Consejo Empresarial Transatlántico, por sus siglas en inglés) y que trabajan entre bastidores desde hace décadas para conseguirlo . En Bruselas, las  firmas de  cabildeo contratadas para vender el TTIP a los parlamentarios y a los medios de comunicación, alaban sus beneficios  para las 20 millones de PyMEs europeas que representan el 99,8% de las empresas registradas, el 66,5% de los empleados, y el 57% del valor añadido al PIB del continente⁽¹⁾. Sin embargo las PyMEs en su mayoría no disponen de los recursos  para aprovechar el TTIP en los mismos términos que  las grandes empresas. MORE⁽²⁾ considera que las PyMEs  deben estar mejor informadas sobre el TTIP y sus consecuencias para su futuro en Europa. Este breve documento corto enumera las cinco cuestiones que  preocupan a las PyMEs. Se merecen recibir mejores respuestas de la Comisión Europea y de los defensores del TTIP, que las obtenidas hasta ahora. 

Y la montaña parió un ratón: un ITF devaluado y aplazado a 2016

 Campaña por un Impuesto a las Transacciones Financieras: ITF ¡YA! – Paraísos Fiscales ¡No!

www.itfya.org

Tras la declaración conjunta de los ministros de los Estados miembros que participan en una cooperación reforzada en el ámbito del impuesto sobre transacciones financieras, ITF.

Apenas una semana después de una importante victoria jurídica contra los detractores del ITF, al rechazar la Corte de Justicia Europea el recurso presentado por el gobierno británico contra la aplicación del impuesto sobre las transacciones financieras, los ministros de los 11 Estados que se han comprometido a aplicar el ITF nos anuncian una propuesta totalmente diluida y que tampoco entrará en vigor el año próximo.

Tras dos años de demoras y renuncias a un desarrollo efectivo de la Directiva de la CE para la implantación de impuesto sobre las transacciones financieras (ITF), en la reunión celebrada por el ECOFIN el 6 de mayo de 2014, los 11 Estados miembros que participan en la cooperación reforzada han acordado poner en marcha un proceso de implantación progresiva del ITF que deberá iniciar su andadura el 1 de enero de 2016.

Otros expertos y otro documento sobre pensiones

 Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC España

Las comisiones de expertos generan siempre el mismo interrogante. ¿Los expertos son nombrados por ser expertos o son expertos porque son nombrados para la comisión? De cualquier modo, este tipo de comisiones en el momento de constituirse tienen ya redactadas las conclusiones y se crean tan solo para otorgar autoridad técnica a lo que son simples intereses, bien sean políticos o económicos. El Gobierno, sin duda, a la hora de establecer la comisión de expertos para la reforma de las pensiones, tenía decidido ya lo que quería hacer y seleccionó a los componentes de acuerdo con el resultado a obtener. El grupo de “sabios” que ha elaborado la propuesta solicitada por el Gobierno se formó con una composición claramente sesgada y poco independiente. La inmensa mayoría de ellos ha tenido o tiene una evidente vinculación con entidades financieras o con compañías de seguros, principales beneficiarias de un eventual incremento en la suscripción de planes y fondos de pensiones como consecuencia del deterioro del sistema público.

Es por ello por lo que un grupo (veinticuatro) de economistas, profesionales y académicos de distintas procedencias y sensibilidades, quizá no más expertos que los gubernamentales, pero tampoco menos, nos hemos sentido en la obligación de elaborar un documento con el que denunciar los sofismas y falacias sobre el que está asentado el discurso de la inviabilidad del sistema público de pensiones y sobre la reforma que va a emprender el Gobierno.