Los siete fraudes inocentes capitales de la política económica

 por Alejandro Nadal, del Consejo Científico de ATTAC España

Las falsificaciones históricas son un instrumento indispensable para mantener el poder y asegurar la explotación de los oprimidos. Cuando una parte importante de la población piensa que el orden social es resultado de una evolución natural, aún cuando dicho orden social sea a todas luces injusto, el resultado será la resignación y la sumisión a los dictados de los poderes establecidos. Es posible que las falsificaciones históricas sean el mejor aliado de las clases dominantes.

Pero las falsificaciones históricas adoptan muchas formas. Una de ellas se encuentra en la evolución de la teoría económica. Y aquí es donde se inserta el tema central de la obra de Warren Mosler.

Los Siete fraudes inocentes capitales de la política económica que analiza Mosler con gran rigor y no sin sentido del humor constituyen falsificaciones de dimensiones históricas que juegan un papel fundamental a favor de las clases dominantes. Estos fraudes inocentes están basados en sendos errores de teoría macroeconómica. Cubren un territorio muy amplio que va desde una visión equivocada sobre la naturaleza, estructura y dinámica de las finanzas públicas, hasta las distorsiones provocadas por la desatinada visión que se tiene sobre el funcionamiento del sistema bancario y la política monetaria. De la aguda mirada de Mosler no escapa la percepción dominante sobre las causas y la lucha contra la inflación, ni las distorsiones existentes sobre los distintos componentes de la balanza de pagos. Su examen cubre todos los campos de la teoría y la política macroeconómica y contribuye a desmitificar siete de los mitos más destructores que marcan la política fiscal, monetaria, crediticia y cambiaria en la economía contemporánea.

La terminología es muy importante. ¿Por qué se denominan fraudes inocentes? Mosler nos dice que la respuesta se encuentra en el libro de John Kenneth Galbraith La economía del fraude inocente, publicado en 2004. En esa obra, Galbraith aclara que la presunción de inocencia proviene del hecho de que los académicos, tecnócratas y políticos que sostienen estas ideas no conocen su error y, por el contrario, están convencidos de tener la razón y de contar con un análisis certero. Para Galbraith, los que así piensan ni siquiera aceptarían su error porque eso los llevaría ipso facto a incriminarse, cosa que nadie en su sano juicio haría. Por eso califica a estos fraudes de inocentes.

VÍDEO: EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES: UN PROBLEMA POLÍTICO, NO ECONÓMICO

El Sistema Público de Pensiones en España se puede sostener:

1- Aumentando la tasa de actividad, por ejemplo, mediante la incorporación al mercado laboral de las mujeres que, como se ve en el cuadro siguiente, en los últimos años ha ido descendiendo.
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Y aumentando la tasa de ocupación de la mano de obra migrante, y la de los jóvenes, cada vez más preparados, incluso, como dice el profesor Amat Sánchez, excesivamente preparados.
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De esta manera, al aumentar la población activa y la tasa de actividad (de ocupación), aumentarían las rentas del trabajo y por tanto, las cotizaciones a la Seguridad Social.
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2- Creando riqueza y empleo. Es decir, invirtiendo en la economía productiva y en su modernización.
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Otros expertos y otro documento sobre pensiones

 Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC España

Las comisiones de expertos generan siempre el mismo interrogante. ¿Los expertos son nombrados por ser expertos o son expertos porque son nombrados para la comisión? De cualquier modo, este tipo de comisiones en el momento de constituirse tienen ya redactadas las conclusiones y se crean tan solo para otorgar autoridad técnica a lo que son simples intereses, bien sean políticos o económicos. El Gobierno, sin duda, a la hora de establecer la comisión de expertos para la reforma de las pensiones, tenía decidido ya lo que quería hacer y seleccionó a los componentes de acuerdo con el resultado a obtener. El grupo de “sabios” que ha elaborado la propuesta solicitada por el Gobierno se formó con una composición claramente sesgada y poco independiente. La inmensa mayoría de ellos ha tenido o tiene una evidente vinculación con entidades financieras o con compañías de seguros, principales beneficiarias de un eventual incremento en la suscripción de planes y fondos de pensiones como consecuencia del deterioro del sistema público.

Es por ello por lo que un grupo (veinticuatro) de economistas, profesionales y académicos de distintas procedencias y sensibilidades, quizá no más expertos que los gubernamentales, pero tampoco menos, nos hemos sentido en la obligación de elaborar un documento con el que denunciar los sofismas y falacias sobre el que está asentado el discurso de la inviabilidad del sistema público de pensiones y sobre la reforma que va a emprender el Gobierno.