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por David Hervás.
El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones,
conocido por las siglas TTIP[1]
empieza ser conocido por la opinión pública, sobre todo gracias a la campaña ciudadana[2]
que se ha puesto en marcha en su contra y por la difusión de artículos[3]
y declaraciones[4]
de representantes de la izquierda política parlamentaria. Sin embargo, el
estreno ante los medios de comunicaciones de las negociaciones que se remontan
a noviembre de 2011 se produce en el Discurso del Estado de la Unión[5]
pronunciado por Barack Obama del 12 de febrero de 2013. En dicho discurso el
inquilino de la Casa Blanca expresa su intención de impulsar dos acuerdos
regionales de comercio, uno con los países a ambos lados del Pacífico (TPP o Trans-Pacific
Partnership)
y otro con la Unión Europea.
Ante
este anuncio de inmediato se organizan campañas contra ambos acuerdos y ya
el 17 de marzo de 2013 anunciamos en las
páginas de este blog el nacimiento de una campaña[6] contra el TTIP, que
entonces aún era conocido como TAFTA[7].
Porqué el TTIP
no es un simple Tratado de Libre Comercio
El
TTIP no es sólo un tratado arancelario. Si lo fuera sería prácticamente inútil,
ya que las tarifas arancelarias entre la UE y los EE.UU. ya son muy bajas, salvo
en el sector agrícola donde son mayores que la media.
El
TTIP se llama tratado de inversiones porque pretende acordar una regulación
para proteger las inversiones que las empresas extranjeras hacen en un
país. Es decir, para proteger el dinero
que invierten las empresas multinacionales.
Los
objetivos del TTIP son:
1º
Lograr la convergencia regulatoria:
las normas de comercio e inversión de los EE.UU. y Europa han de armonizarse. Dado que se
considera que dichas normas son barreras
no arancelarias, se pretende armonizarlas a la baja, para maximizar los
beneficios de las empresas. Esto es lo que han pedido los negociadores:
-La
Unión Europea ha pedido la derogación de la regulación bancaria, la Ley Dodd-Frank que tanto costó aprobar a la administración Obama y que está
diseñada para evitar los abusos que provocaron las quiebras de los bancos de
inversión de Wall Street que fueron la espoleta de la crisis en 2008. Quien más
presiona es el gobierno del Reino Unido y el de Alemania, actuando de
defensores de la City y de Frankfurt respectivamente. Por el momento EE.UU. se
ha negado, pese a las presiones de Wall Street.[8]
-Los
EE.UU. quieren incluir la normativa laboral. Hay que recordar que el mercado
laboral americano está desregulado, que los EE.UU. no han firmado 6 de los 8
convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Además, en 24 estados
norteamericanos rigen las llamadas leyes right-to-work
que prohíben los convenios colectivos.
-Asimismo,
los norteamericanos quieren la autorización del cultivo y del consumo humano de
organismos genéticamente modificados (transgénicos) y la eliminación de la
obligación de informar de su presencia en las etiquetas de los productos.
-Los
EE.UU. quieren levantar las prohibiciones, moratorias o restricciones sobre la
fracturación hidráulica (fracking).
-Las
empresas norteamericanas quieren la derogación de la normativa REACH[9] sobre uso
de productos químicos tóxicos, y así como el abandono del Principio de
Precaución[10]
europeo que permite
impedir la distribución de productos que puedan entrañar un peligro para la
salud o incluso proceder a su retirada del mercado, en caso de que los datos
científicos no permitan delimitar los riesgos para la salud humana, animal o
vegetal, o para el medio ambiente.
-Las Big Pharma[11],
quieren conseguir de Europa el alargamiento de la duración de las patentes,
limitar o eliminar la potestad de los gobiernos de fijar los precios de los
medicamentos y limitar la transparencia de los ensayos clínicos[12].
-En el sector agrícola, además de la rebaja de los
aranceles, los EE.UU. solicitan la eliminación de las Denominaciones de Origen
Protegidas y las Indicaciones
Geográficas Protegidas[13] porque dicen que impiden a
las empresa americanas producir, por ejemplo, vino de Rioja o queso de
Roquefort[14].
-Determinadas
prácticas muy discutidas de la industria agroalimentaria norteamericana,
inadmisibles en Europa, verán levantada su prohibición, en virtud de la
“convergencia regulatoria”: carne bovina de reses tratadas con hormonas de
crecimiento (cuyo consumo se relaciona con el cáncer en humanos), aves bañadas
en cloro (prohibido en la UE desde 1997), alimentos contaminados con pesticidas.
-Además,
los controles europeos sobre los disruptores endocrinos[15] que
actualmente bloquean el 40% de las exportaciones de alimentos norteamericanos[16] están sobre la mesa de
negociaciones.
2º
Afianzar la liberalización de los
mercados de servicios. Este es un eufemismo que suena muy bien, pero que
empieza a sonar muy mal cuando se entra en detalle de las aspiraciones de los
negociadores:
-Apertura
a las multinacionales[17] de la contratación de las administraciones
públicas.
-Privatización
del suministro de agua potable, que interesa tanto a las multinacionales
europeas como a las norteamericanas.
-Los
norteamericanos han confirmado su intención de negociar la apertura de los
servicios públicos de sanidad y educación, aprovechando la demencia
privatizadora que afecta a los gobiernos europeos.
-No
sólo los americanos quieren sacar tajada, pues la Unión Europea pretende
eliminar las disposiciones Buy American de
ciudades, condados y estados de EE.UU., que favorecen los empleos locales en la
contratación de las administraciones públicas.
3º
La privacidad está amenazada porque se está intentando aprobar el ACTA por la puerta trasera.
El
Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación, conocido como ACTA[18], era un
acuerdo multilateral voluntario destinado a proteger la propiedad intelectual,
combatir la falsificación de bienes, los medicamentos genéricos y la piratería
en Internet. Para ello, este acuerdo aumentaría la vigilancia fronteriza y
obligaría a los Proveedores de Servicios de Internet a vigilar todos los
paquetes de datos que fueran cargados o descargados desde Internet. El usuario
infractor podría ser sancionado con multas, con la pérdida del derecho a la
conexión a la red, o con penas de prisión.
El ACTA fue rechazado por el
Parlamento Europeo el 4 de julio de 2012, por 478 votos en contra y tan solo 39
miserables votos a favor. Sin embargo, se teme que a cambio de dejar entrar a
operadores europeos en mercados como el de internet, dominado por multinacionales norteamericanas, se ponga en
la mesa de negociación la privacidad de internet, siendo claro que por el lado
americano la MPAA (Asociación de la Industria Cinematográfica) y la RIAA
(Asociación de la Industria Discográfica) presionarán
por sus intereses.
Es evidente que negociar el tráfico transatlántico de datos pone
en desventaja a los europeos en cuanto a la privacidad de sus datos, ya que en
EE.UU. no hay ninguna ley que proteja la privacidad de los datos, mientras que
la Directiva Europea de Protección de Datos solo permite transferir datos a un
país tercero si este garantiza su privacidad.
4. Introducir un marco
jurídico para las relaciones entre estado u empresas que socava los principios de la democracia.
Desde el principio el TTIP prevé la inclusión de un Mecanismo para la Resolución de Disputas
entre Inversores Extranjeros y Estados o ISDS[19]
que permitirá a las multinacionales demandar a un Estado soberano ante un
Tribunal de Arbitraje Internacional si considera que una nueva Ley perjudica
sus intereses económicos en el país en cuestión. Estos tribunales, que están al
margen de la justicia europea o internacional e integrados por abogados de
firmas privadas, suelen condenar a los países a pagar sumas desorbitadas por
promulgar leyes, sanitarias sociales o medioambientales que “perjudican” los
“beneficios futuros”[20]
que las empresas esperaban obtener. Sus sentencias son inapelables.
Esto
significa que se pone un precio a la soberanía nacional, precio que hay que
pagar a las empresas multinacionales. Los Estados pueden aprobar las leyes que
quieran, incluso con rango constitucional, pero han de indemnizar a los
inversores extranjeros que sostengan que pueden dejar de ganar dinero por culpa
de esas leyes[21].
Muchas veces empresas nacionales han abierto sucursales en un país firmante de
un Tratado para así poder demandar a su propio gobierno[22].
Por
todo ello, las reclamaciones contra los estados se han convertido en un negocio
para las multinacionales y también para las firmas de abogados especializadas
en este tipo de pleitos[23].
Para
evitar los pleitos, se quiere introducir un mecanismo que también socava los
principios de la democracia: el Consejo
de Cooperación Regulatoria. Dicho consejo efectuaría un control previo de
la legislación que vayan a aprobar los Parlamentos, y estaría formado por un funcionario en nombre del
Comisario de Comercio, otro en nombre del Representante de Comercio de los EE.UU., un
representante empresarial norteamericano y en representante empresarial
europeo. Su misión es hacer converger las legislaciones.
Ante
la inquietud generada, la Comisión Europea anunció en enero de 2014 una
consulta ciudadana sobre el ISDS, pero la experiencia de otras consultas hacía
sospechar que se trataba de una cortina de humo[24]. Los
hechos posteriores demuestran lo acertado de dicha sospecha:
1 El
23 de julio de 2014 se ratificó por el Parlamento Europeo un Reglamento sobre
la responsabilidad financiera relacionada con los tribunales de resolución de
litigios entre inversores y Estados, que entró en vigor el 17 de septiembre de
2014. Esto se ha hecho para evitar que algún estado miembro alegue que no puede
introducirse el ISDS en algún Tratado de los que están negociando porque no se
ha regulado previamente, como desarrollo necesario del Tratado de Lisboa[25].
2 El
10 de septiembre de 2014 la Comisión Europea rechazó la inscripción de una
Iniciativa Ciudadana Europea para le recogida de firmas contra la inclusión del
ISDS y la cooperación regulatoria en el TTIP y otros tratados.
Pero
el CETA se ha de parar, y ha de ser
el Tribunal de Justicia de la UE con un dictamen de incompatibilidad del ICS
con las normas europeas (lo que reabriría las negociaciones del CETA), o
también, con la no ratificación de algunos de los parlamentos regionales y
nacionales europeos del tratado (si soporta todas las presiones a las que se
verá sometido). 
