Sandra Soutto.
Viene siendo habitual oir cosas como estas:
“Si un hogar puede ahorrar
consumiendo menos, el sector público también lo puede hacer.”
Pero ésto, no es más que una falacia,
ya que el Estado no es como un hogar. Puesto que los ingresos que
percibe una familia no dependen del gasto que realice. En cambio,
los ingresos del Estado sí.
Veamos que pasa cuando reducimos el gasto público.
De acuerdo con las experiencias vividas recientemente, los recortes en el gasto público se centraron en
reducir: los salarios, las prestaciones, las ayudas, las
subvenciones,....
¿Y qué efectos ha tenido sobre nuestra economía?
Al disponer de menos ingresos, los hogares y las empresas redujeron su consumo y su inversión respectivamente, cayó la actividad económica y se redujo la recaudación pública (IRPF, Impuesto Sociedades,...). Por ejemplo, recordemos que los recortes en los sueldos de los funcionarios provocaron una disminución de su consumo y las tiendas empezaron a quedarse con productos sin vender. Entonces, las empresas, que ahora, ya no necesitaban producir la misma cantidad de productos, encontraron que sus plantillas estaban sobredimensionadas y empezaron a reducirlas.
Además, en el País Valenciano llovió sobre mojado, ya que los recortes se sumaron a los impagos a proveedores acumulados por la Generalitat Valenciana, haciéndose más patente aquí el círculo vicioso que encadena más recortes con menos consumo e inversión, y estos con más desempleo y menos recaudación fiscal, y esta con nuevos recortes.
Es decir, una reducción del gasto público supone una reducción de
la actividad económica y de la recaudación pública.
También se dice:
“Si un hogar puede ahorrar más
ingresando más, el sector público también.”
Tampoco es completamente cierto, ya que cuando un hogar obtiene mayores ingresos, solo si no incrementa su consumo en igual medida, puede ahorrar. En cambio, desde que España ya no puede emitir su propia moneda, le cuesta mucho obtener ingresos.
En un hogar, cualquier miembro del mismo puede salir a buscar otro trabajo o hacer horas extras, pero un Estado no. Y cuando éste pretende aumentar
sus ingresos incrementando los impuestos lo hace a costa de los ahorros de hogares y empresas, que deberán reducir su consumo para poder pagar sus impuestos. Por tanto, como en el caso anterior, cuando el Ayuntamiento ahorra recortando gastos lo que consigue es reducir la
actividad económica, y con ello la recaudación pública.
En definitiva, los recortes en el gasto público
y el aumento de impuestos no suponen una automática e inevitable reducción del déficit fiscal,
más bien puede que éste aumente, puesto que la reducción del gasto
reduce los trasvases de recursos del sector público a hogares y
empresas, y si además, se aumentan los impuestos, la actividad económica caerá al caer el consumo y la inversión.
No debe olvidarse el efecto de los presupuestos restrictivos sobre las expectativas, ya que un presupuesto restrictivo tiene el mismo efecto que tendría el publicar en el Boletín Oficial del Estado el reconocimiento de que estamos en crisis promulgando la austeridad. La precaución ante la crisis empujará a los hogares a no consumir, buscando ahorrar para solventar necesidades
futuras. Las empresas no invertirán al no tener claro que vayan a obtener
beneficios. Algunas, incluso tendrán serias dificultades de
solvencia al no poder vender sus productos, despedirán a sus
trabajadores y no podrán pagar sus impuestos. De esta manera, entre
los impagos provocados por la disminución de la actividad económica
y los impuestos que no se devengarán por el cierre de empresas, más el aumento de las prestaciones por desempleo, provocado por el
crecimiento del desempleo,
aumentará el déficit fiscal.
Es decir, es la escasez de demanda
la que ocasiona las altas tasas de desempleo, amparadas en un déficit público pequeño, respecto de los deseos de ahorro de familias
y empresas.
Por consiguiente, si la pérdida del poder adquisitivo de los
ciudadanos afecta directamente a la actividad económica, ya que las
empresas no podrán mantener su nivel de producción al no encontrar demandantes suficientes de sus productos, el problema no es que el gasto público sea excesivo, sino que su
distribución no es la adecuada,
pues se ha de dirigir a la generación de actividad económica, a
crear empleo y garantizar las necesidades de la ciudadanía,
buscando la justicia social (disminuyendo la desigualdad, y
erradicando la pobreza y la precariedad laboral).
Entones, ¿qué buscan las políticas económicas dirigidas a reducir el gasto público?
Si al recortar el gasto público obtengo más paro, más pobreza y más desigualdad, una reducción del gasto público sólo busca imponer un
determinado modelo social, dónde los más ricos son cada vez más ricos y los más pobres son cada vez más pobres. Y si queremos revertir estas políticas, el déficit fiscal es una necesidad económica.
¿Qué deben hacer nuestros Ayuntamientos?
Lo prioritario es :
Recuperar los servicios externalizados (como las
notificaciones, la recaudación, la gestión del agua, el transporte...), con la finalidad de garantizar
a la ciudadanía unos servicios dignos.
Incorporar nuevos modelos de gestión a
los servicios ofertados por el Ayuntamiento que garanticen la
justicia social (disminución de la pobreza y la desigualdad)
Crear empleo público y garantizado en
la prestación de servicios socialmente útiles y respetuosos con el
medio ambiente. Hay que tener en cuenta que las
actividades que generan más empleo son intensivas en trabajo humano (energía
endosomática), y normalmente no son producidas por
el mercado al no ser rentables económicamente para el sector privado. Además, el
producto final de este trabajo puede ser un bien público.
Con los programas de empleo garantizado
nuestro Ayuntamiento podrá ofrecer empleo a cualquier persona que
quiera y pueda trabajar, sin importar su experiencia, su
cualificación, su edad, su sexo, su renta, su religión, su
origen...Es decir, nadie mejor que nuestro Ayuntamiento para saber
que trabajos son los más necesarios en nuestra comunidad (servicios
sociales, atención a dependientes, sanitarios, educativos, limpieza y rehabilitación de
fachadas, transportes...), por lo que de él dependería asignar a
cada desempleado un puesto de trabajo adecuado a sus habilidades. Tengamos en cuenta que estos trabajos son de baja cualificación, pero en el caso de que alguno de los demandantes de empleo precisara formación, también se la podría proporcionar la autoridad municipal, facilitando a cada trabajador el adecuado desarrollo de las tareas asignadas. En
definitiva se trata de programas de empleo activo.
En cuanto a la cuantía de los salarios, estos deberán
permitir unas condiciones de vida digna, y deberían ser uniformes para evitar la competencia, e impedir que disminuyan. El salario así configurado podría constituir el salario mínimo interprofesional.
Con el trabajo garantizado, se reducirían
las personas desempleadas en la localidad y las distintas
prestaciones que pudieran percibir por su condición de parados. Pero además, estas personas ahora empleadas colaborarían directamente en
la reactivación de la economía a través del consumo, y aumentaría
la recaudación pública. Este tipo de programas no tiene grandes costes (ver Eduardo Garzón Espinosa, "Coste y financiación del Empleo Garantizado"), pero en todo caso, debería ser el Estado quien lo financie a
través de las correspondientes transferencias que nuestros municipios deben percibir del Estado y de las correspondientes autonomías.
¿Y los ingresos?
Sin olvidar que nuestros municipios deben percibir del Estado las correspondientes transferencias presupestarias, lo que debería ser la fuente principal de sus ingresos, analizaré algunas cuestiones tributarias necesarias para luchar contra la injusticia fiscal y social.
En cuanto a los ingresos hemos de
recordar que una tributación justa se consigue cuando cada ciudadano
contribuye según su capacidad económica en los gastos de su
comunidad. Por lo que cualquier reforma tributaria que se acometa
deberá de hacerse bajo el principio de progresividad, de manera que
el que más tenga más aporte, y por ende sobre impuestos directos
(IBI, Vehículos,...que entre otros signos de riqueza, deberían tener en cuenta los niveles de ingresos de los hogares y las potencias de los vehículos respectivamente). Dejando la imposición indirecta (Imp. sobre
la construcción) y las tasas, para incentivar o no
determinadas conductas, como puede ser: incentivar la rehabilitación de viviendas para mejorar su eficiencia energética, mediante deducciones y exenciones, o también, penalizar las agresiones al medio ambiente y a cualquier actividad especulativa susceptible de crear burbujas financieras (como la sufrida en el sector de la construcción).
En este sentido es urgente gestionar las
viviendas vacías que existen en el municipio, a fin de que las
entidades financieras y sociedades, que poseen la mayor parte
de estas viviendas, las movilicen a través de los fondos sociales de vivienda, o similares, para promover la vivienda social en alquiler, y a su vez, que nos permita disponer de un censo de viviendas vacías .
Una posibilidad sería la prevista por la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, aprobada por el PP en 2002, para los
casos de las viviendas desocupadas, que aunque presenta algunos
inconvenientes (como la definición de lo qué es exactamente una
vivienda vacía, cuestión esta muy fácil de resolver si tenemos en cuenta lo ya legislado en otras autonomías, o simplemente contraponiéndolo al de vivienda habitual regulado en el impuesto sobre la renta de las persosnas físicas), permite aplicar un recargo de hasta el 50% en el
IBI, como ha regulado la Junta de Andalucía (Decreto-Ley 6/2013, de
9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función
Social de la Vivienda).
Dicha gestión, también se podría
impulsar a través de la tasa de basuras, como se ha implementado en
Vitoria (Ordenanza Fiscal municipal reguladora de la Tasa de Basuras, que aplica una tarifa mayor a los inmuebles con uso de
"vivienda" en los que no figure ninguna persona empadronada
a 1 de enero, fecha de devengo de la tasa).
Una pieza clave para la reactivación de la economía es la financiación, por eso es necesario impulsar una banca pública que
cumpla funciones análogas a las que desempeño el Banco de Crédito
Local entre 1925 y 1991 a través de la concesión de créditos a
tipos de interés estables y baratos a las entidades locales. Tampoco debemos olvidar que a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial), se puede obtener crédito a más bajo coste que emitiendo deuda, oportunidad que se debería aprovechar mientras nos lo permita la autoridad monetaria europea.
Pero todo esto no servirá de nada si no evitamos que la Unión Europea nos imponga los tratados de libre comercio e inversiones que esta negociando en secreto, y a espaldas de la ciudadanía, ya que afectan directamente a la capacidad de las entidades locales de gestionar sus servicios públicos y atacan las políticas municipales que establecen la preferencia para contratar con empresas y trabajadores locales. CETA, TTIP y TISA, son las siglas con las que se conocen algunos de estos tratados, que constituyen un atentado a la democracia y a los derechos de la ciudadanía (laborales, medioambientales, sanitarios, privacidad...), por eso es necesario impulsar una moción contra cada uno de ellos y declarar la oposición a la aplicación del TTIP, del CETA y del TISA en todos los municipios de España.
